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El juez de Titella escucha este lunes a tres investigados y un testigo relacionado con el socio de José Luis Moreno

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la operación Titella, Ismael Moreno, tomará declaración este lunes a tres investigados por la supuesta estafa bancaria y a un testigo relacionado con Alejandro Roemmers, el empresario argentino presuntamente estafado por el productor televisivo José Luis Moreno.

En una diligencia del pasado 19 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 fijaba para este lunes a partir de las 09.30 horas la declaración como testigo de Francis Joseph Fay, a quien los investigadores sitúan como el encargado de velar por los intereses de Roemmers en España.

En concreto, Joseph Fay sería el encargado de realizar un seguimiento de los cerca de 35 millones de euros que el productor, socio de Moreno, aportó para la producción de la serie 'Glow & Darkness', sobre la vida de San Francisco de Asís.

A partir de las 10.00 horas el magistrado escuchará, ya como investigado, a Enrique Beltrán, a quien la Policía identifica como "un notario a sueldo de la trama que se ocuparía de los trámites necesarios para la constitución y adquisición de mercantiles y el nombramiento y cese de administradores".

SOBRE CHEQUES Y PAGARÉS

A Beltrán seguirá la comparecencia también como investigada de María Belén Ortega González, la directora de la sucursal número 1131 de ABANCA. Del análisis de numerosos correos electrónicos los investigadores contabilizaron "al menos 247 cheques y pagarés que habían sido compensados mediante su ingreso en diferentes cuentas abiertas" en esa sucursal.

En concreto, esos documentos pertenecerían a "diferentes sociedades" de la trama y el montante total se habría elevado hasta los 8.857.607,35 euros. Las empresas, según se desprende de un oficio policial, eran las utilizadas por Antonio Aguilera, considerado como uno de los cabecillas de la trama.

Tras su declaración está previsto que el magistrado escuche a Raúl Pontvianne, que habría participado en la operativa de la estafa a bancos junto con el propio Aguilera y otro de los investigados en la trama.

En concreto, mediante el "abono creciente de remesas de pagarés al portador con cargo a cuentas" de varias empresas "en otras entidades, y la disposición inmediata de esos fondos, antes de cumplirse el plazo de devolución interbancario, con el objeto de obtener una financiación irregular y, por otra parte, cubrir las compensaciones" de cheques y pagarés.

MORENO, LA TARJETA DE VISITA

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

 

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

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