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La jueza desestima la demanda de dos abogados contra el fiscal Anticorrupción José Grinda por vulneración de su honor

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha desestimado la demanda presentada contra el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada José Grinda al que los abogados Ernesto Díaz-Bastién y Ángela Díaz-Bastién acusaban de una grave vulneración de su honor y prestigio profesional.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha desestimado la demanda presentada contra el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada José Grinda al que los abogados Ernesto Díaz-Bastién y Ángela Díaz-Bastién acusaban de una grave vulneración de su honor y prestigio profesional.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Myriam Feijoo explica que la demanda es consecuencia de unas declaraciones que el fiscal realizó el 10 de abril de 2018 durante su exposición del informe oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el marco de la causa conocida como 'Operación Troika'.

Esa operación, considerada en su momento como el mayor golpe a la mafia rusa en España, llevó al banquillo a 17 personas, que fueron absueltas tras el juicio al considerarse que no quedó acreditado que prestaran su cooperación o asistencia profesional desde España a las organizaciones de la mafia rusa Tambovskaya y Malishevskaya.

Durante su exposición, el fiscal manifestó que Ilya Traber, conocido como 'El Anticuario' --otro de los cabecillas de esta organización criminal--, no había podido desplazarse pero sí que había recibido durante el fin de semana a un letrado español y a su hija para hablar sobre su persona. Y comentó que esto lo había conocido porque alguien del juicio lo había dicho en los pasillos de la Audiencia Nacional en ruso, suponiendo que Grinda no lo entendería.

Grinda apuntó entonces que habría que ver en qué acababa esa visita y señaló que esperaba que no terminara en amenazas sobre su familia y sobre él mismo. "Ninguna amenaza nos va a impedir hacer nuestro trabajo, ni amenazas contra mi honor, ni amenazas contra mi integridad física", añadió el representante del Ministerio Público.

NO IDENTIFICA A LOS ABOGADOS EN SU INFORME

Sobre la base de esas manifestaciones, los dos abogados, padre e hija, alegaron que se producía "una grave vulneración de su honor y prestigio profesional" por cuanto que el fiscal en su informe los vinculó con supuestas amenazas sufridas contra su integridad física y contra su familia. Y explicaban que esas declaraciones fueron realizadas ante importantes medios de comunicación del país, sabiendo que éstos se harían eco de sus palabras, y logrando por tanto que millones de personas pudieran vincularles con su participación en actos delictivos.

Pero la jueza en su sentencia indica que "basta la mera audición de la grabación o la lectura de la trascripción" de la vista oral de 2018 para comprobar que en el informe "no se cita ni identifica personalmente a ninguno de los letrados demandantes ni se hace mención a dato alguno que permita identificarlos a título particular".

 

"De hecho, ni los demandantes ni su cliente --el señor Traber-- eran parte en el citado procedimiento", dice la jueza, para acto seguido añadir que "fueron los medios de comunicación y no el demandado los que identifican y relacionan a los actores con las manifestaciones vertidas por el demandado" y son esos mismos medios los que mantienen las noticias publicadas en internet y no consta que se haya dirigido acción civil alguna contra los mismos.

"VALORACIÓN ABSTRACTA, GENÉRICA Y SUBJETIVA" DE UNA EXPRESIÓN

Al hilo, ahonda en que las interpretaciones y artículos desarrollados por la prensa en base a lo manifestado por Grinda "son ajenas al mismo y no puede trasladársele una responsabilidad por los artículos publicados por los medios en el ejercicio de sus derechos de opinión e información".

Además, la magistrada considera que, tal y como destacó en su informe el Ministerio Fiscal, no puede admitirse como base de una demanda contra el honor "una valoración genérica, abstracta y subjetiva de alguna palabra o expresión, al margen de su contexto".

E insiste en que en las expresiones pronunciadas en el informe oral a las que se refiere la demanda, no se llega a concretar ningún hecho o expresión, ni se especifica tampoco acción alguna constitutiva de una vulneración del derecho al honor o del prestigio profesional de los abogados, por lo que la demanda debe ser desestimada.

La jueza impone el pago de las costas causadas a la parte demandante, y señala que contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante el juzgado en el plazo de veinte días, para su posterior decisión por la Audiencia Provincial de Madrid.

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