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Justicia pone en marcha el Sistema de Dictado Jurídico para transcribir textos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha este lunes el despliegue a nivel nacional del Sistema de Dictado Jurídico, una herramienta tecnológica que permitirá a los trabajadores de la Administración judicial transcribir de manera rápida y precisa textos jurídicos a través del reconocimiento de la voz.

Según ha comunicado el Ministerio que dirige Pilar Llop en una nota de prensa, esta tecnología ha superado una fase de prueba que finalizó en el mes de abril y se enmarca dentro del proceso de transformación digital de la Administración de Justicia.

La herramienta permite transcribir 160 palabras por minuto con una alta precisión y reconoce los términos jurídicos. Posibilita pasar a texto de forma automática notas de voz desde cualquier dispositivo y en distintas aplicaciones, así como formatear, hacer búsquedas, navegar por internet y rellenar formularios.

Con este sistema se prevé ayudar al ahorro de tiempo, a aumentar la productividad, facilitar la búsqueda de documentación en las bases de datos y eliminar, en lo posible, los errores ortográficos.

El Sistema de Dictado Jurídico, que funciona con el 'software' de reconocimiento de voz y traducción DigaLaw X, estará disponible para todos los profesionales y, en especial, para magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.

CASI 3.000 LICENCIAS

Justicia explica que este sistema usa "tecnologías punteras de Inteligencia Artificial y redes neuronales profundas" que están "siempre en desarrollo y en autoaprendizaje continuo, con lo que mejora las prestaciones de forma progresiva, sin que sea necesario algún entrenamiento o adaptación a la voz del usuario".

El Ministerio se ha hecho con 2.960 licencias que serán repartidas en varias fases con las administraciones y Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia.

 

Con la primera fase, que ha comenzado este lunes, se distribuirán a 862 usuarios en Murcia, Ceuta, Melilla y Baleares. La segunda, desde el 13 de junio, implicará a Extremadura y Castilla-La Mancha, con 828. La tercera, el 20 de junio, se extenderá a Castilla y León, con 791. Por último, y a partir del 27 de junio, en la fase cuarta se proporcionarán 524 licencias al Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y órganos de Gobierno.

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