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Un juzgado de Pontevedra, primero de Galicia en anular una multa por saltarse el confinamiento tras la sentencia del TC

Un padre de Tui (Pontevedra) que bajó al parque infantil con su hija pequeña verá reintegrados los 300 euros que pagó de sanción reducida

PONTEVEDRA, 22 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha dictado la primera sentencia de Galicia en la que se revoca una multa por saltarse el confinamiento tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró nulas las restricciones de circulación del primer estado de alarma.

El magistrado ha estimado el recurso interpuesto contra la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por un vecino de Tui sancionado con 601 euros por salir a un parque infantil con su hija. La administración, por tanto, deberá devolverle 300,5 euros, que fue la cantidad que abonó al acogerse al descuento por pronto pago.

En su resolución, contra la que no cabe interponer recurso, el juez recuerda que la prohibición de circulación establecida en el Real Decreto por el que se impuso el estado de alarma "acaba de ser declarada nula por el Tribunal Constitucional". Además, subraya que en la sentencia se señala "con carácter expreso" que esa declaración de nulidad afecta, retroactivamente, a las sanciones administrativas impuestas por incumplir el confinamiento.

En este caso concreto, el recurrente, que se encontraba en un parque infantil del paseo de Tui (Pontevedra) a las 18,40 horas del 31 de marzo de 2020, acompañado por su hija, fue multado "única y exclusivamente por haber incumplido, sin causa justificada, la prohibición de circulación". El demandante explicó en el juicio que se vio obligado a bajar al parque porque la menor "entró en estado de ansiedad tras varios días de encierro".

EL ESTADO ALEGÓ DESCONOCER LA SENTENCIA DEL TC

El Estado, según la sentencia, solicitó "la suspensión del proceso por desconocer el contenido detallado de la sentencia del Tribunal Constitucional, a la espera de que se publique en el BOE". El magistrado, sin embargo, entiende que no es necesaria esa espera "por la sencilla razón de que en el recurso de inconstitucionalidad ha sido parte el Poder Ejecutivo, representado y defendido por el abogado del Estado, quien ha recibido ya la notificación del contenido íntegro de la sentencia, que se ha publicado completa hace ya unos días en la web oficial".

Además del fallo del Tribunal Constitucional, el juez advierte de que, en este caso, concurre otra causa adicional de anulación de la multa, "por infringir los principios de legalidad y tipicidad", pues el recurrente y su hija regresaron a su domicilio cuando se lo requirieron los agentes de la Guardia Civil y no desobedecieron a la autoridad.

Así, recuerda que todos los juzgados contencioso-administrativos de la provincia de Pontevedra han emitido "multitud de sentencias sobre casos análogos" en las que anularon las sanciones al no haber desobedecido los multados una orden directa dictada por un agente de la autoridad, sino los mandatos de una disposición de carácter general.

Al respecto, el magistrado censura la "manifiesta temeridad" que supone dictar la sanción cuando ya los juzgados de lo contencioso-administrativo de Pontevedra habían alcanzado "unánimemente esta misma conclusión en reiteradas sentencias notificadas a la Subdelegación del Gobierno". Así, impone a la Administración del Estado el pago de las costas del litigio, aunque limita su importe máximo, por honorarios de letrado, a 100 euros más IVA.

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