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Marlaska afirma que no habrá "ninguna relajación" en las penas por corrupción en la posible reforma de la malversación

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves que no habrá "ninguna relajación" de las penas en la lucha contra la corrupción en la posible reforma del delito de malversación dentro del cambio del Código Penal con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere suprimir el delito de sedición.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros europeos de Interior, Marlaska ha pedido "esperar a que cualquier posibilidad de enmienda se presente" antes de que concluya el plazo para ello este viernes, pero ha querido dejar "muy claro" que el Gobierno no contempla "ninguna relajación" en la lucha contra la corrupción.

La firmeza contra los casos de corrupción, ha sostenido el ministro, es una de las "señas de identidad" del Gobierno de Sánchez y del PSOE, por lo que no contempla otro escenario que el de la "máxima dureza y máxima respuesta" contra cualquier conducta "susceptible de ser calificada de corrupción".

"Vamos a ver primero cuáles son las enmiendas", ha insistido, antes de reiterar que no debe quedar "ninguna duda" respecto a la "firmeza" y a que "en modo alguno se va a relajar la respuesta penal" a este tipo de delitos.

"No se está rebajando ni se van a rebajar las penas por delitos graves", ha recalcado Marlaska, quien al ser preguntado por el golpe de Estado frustrado en Alemania esta semana ha apuntado que la lucha contra la "radicalización violenta", en especial la de la extrema derecha, es un asunto que preocupa y sobre el que se trabaja en el marco de la UE.

También en Bruselas se encuentra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien preguntada por la misma reforma ha dicho "con rotundidad" que Unidas Podemos no presentará enmiendas que tengan que ver con la malversación, en línea con lo que ya adelantó la víspera respecto a que el grupo sí presentará enmiendas a la reforma del delito de sedición para garantizar que el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados no afecte a la protesta social.

 
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