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La oposición de Vigo exige responsabilidades tras la sentencia del 'enchufe' de la cuñada de la primera teniente alcalde

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El Supremo ratificó la condena de más de 5 años de prisión para un alto funcionario del consistorio olívico

VIGO, 3 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Vigo han reclamado al gobierno local de Abel Caballero "explicaciones" y la "asunción de responsabilidades políticas", después que el Tribunal Supremo haya ratificado la condena a un alto funcionario por promover el 'enchufe' de una cuñada de Carmela Silva en una subcontrata municipal, cobrando un salario por unos servicios que no prestó.

Ni la propia Carmela Silva ni el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha suspendido su rueda de prensa de este viernes por problemas de voz, se han pronunciado acerca de la resolución judicial.

La concejal del grupo municipal del PP, Teresa Egerique, ha afirmado que, cuando un funcionario está condenado por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, "es que detrás hay una mano coautora política".

Egerique ha recordado que ese funcionario "tiene que ir a prisión" por una condena "muy grave", por lo que la presidenta de la Diputación y primera teniente de alcalde, Carmela Silva "deberá dar explicaciones ante los vigueses".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha señalado que la sentencia sobre ese 'enchufe' es consecuencia de las prácticas llevadas a cabo por el gobierno local y que Marea de Vigo denunció (y ganó) ante los tribunales.

Según ha incidido, muchas de las jefaturas de servicio de concejalías que tienen en sus manos contrataciones, se establecían por designación directa de los concejales, lo que quiere decir que la toma de decisiones de esos funcionarios estaba "condicionada" por cargos políticos.

OFICINA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

 

El concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha exigido "asunción de responsabilidades políticas" y, "como mínimo" alguna "explicación" del gobierno municipal, porque los vigueses "tienen derecho a saber qué pasó para que un alto funcionario pudiera acometer esas prácticas corruptas", pagando un salario a una persona ligada familiarmente con un miembro del gobierno mediante contratos menores "por no prestar ni un minuto de servicio".

Pérez Igrexas ha propuesto que el Ayuntamiento olívico cree una Oficina Municipal Anticorrupción, con medios suficientes para hacer un "control exhaustivo" de la gestión municipal, ya que hay "un abuso estructural" de los contratos menores, y para evitar que éstos se usen para "esquivar los controles" y sean "barra libre abierta a la corrupción".

GRUPO PROVINCIAL DEL PP

También el grupo provincial del PP en la Diputación de Pontevedra ha exigido a la presidenta del organismo "que asuma su responsabilidad política" después de la sentencia, ya que "no es casualidad que la persona 'enchufada' sea su cuñada".

Según Jorge Cubela, Carmela Silva "ya no puede permanecer más tiempo callada" y ha afirmado que lo sucedido "pone en cuestión su gestión también al frente de la Diputación de Pontevedra".

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