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El policía que empezó a investigar el 'caso Villarejo' reivindica la cadena de custodia de las principales pruebas

Sostiene que "ha habido un control judicial más exhaustivo" de los archivos hallados que en "muchos" otros casos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El inspector de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, que inició las pesquisas policiales sobre 'Tándem', la macrocausa donde se indaga en los proyectos que José Manuel Villarejo habría hecho a título privado mientras era comisario, ha reivindicado este jueves la validez de la cadena de custodia de los primeros registros en las casas y oficinas de Villarejo y sus empresas, donde se hallaron los materiales que constituyen el eje probatorio de la macrocausa.

Los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas han dedicado su interrogatorio a Fraga, que ha comparecido como testigo en una nueva sesión del juciio celebrado en la Audiencia Nacional (AN) por tres piezas separadas de 'Tándem' ('Iron, 'Land', y 'Pintor'), en establecer la legalidad de la sucesión de hechos que llevó a los registros realizados en noviembre de 2017.

El propio Serrano, al ser interpelado varias veces por la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que le ha instado a centrarse en los hechos juzgados, ha explicado que es importante dibujar el "cuadro indiciario" que llevó a estas inspecciones porque numerosas defensas, incluida la de Villarejo, han pedido que los archivos hallados sean declarados nulos, lo que dejaría a estas piezas y el conjunto de 'Tándem' sin buena parte de su sustrato probatorio.

El ahora comisario jubilado alega que los registros fueron fruto de una "investigación prospectiva" efectuada por Asuntos Internos y CNI como venganza por las supuestas irregularidades que él había denunciado, aseverando que en ese momento no había indicios suficientes para peinar sus inmuebles ni para buscar más allá del proyecto 'King' --el primero de 'Tándem'--.

Fraga, en cambio, ha asegurado que comenzó a investigar a Villarejo por este asunto en mayo de 2017, porque su entonces jefe, Francisco Javier Migueláñez, le indica que la Fiscalía Anticorrupción ha emprendido unas pesquisas a raíz de una "denuncia anónima" sobre supuestas ilegalidades cometidas por el que fuera comisario jefe del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, y de Villarejo.

Según Fraga, que se ha adentrado en una minuciosa cronología de lo que se hizo --siempre en "coordinación" con el Ministerio Público--, "la denuncia hablaba de 'King' pero también de otros encargos similares" y, a partir de ella e indagaciones posteriores acabaron descubriendo una "estructura societaria", CENYT, que formaría parte de una "operativa de blanqueo de dinero" con ramificaciones internacionales.

Ya "totalmente esclarecido" el origen de la denuncia y vinculados "objetivamente" Villarejo, su mujer, su hijo mayor y su socio Rafael Redondo a esta red empresarial, y ésta con los movimientos de dinero, Anticorrupción presentó una querella en la AN donde solicitó la detención de los principales investigados y los registros.

 

De acuerdo con el inspector, el juez autorizó las inspecciones en las casas de Villarejo y Redondo y en las sedes de CENYT en Torre Picasso y Boadilla del Monte, descartando inicialmente otro chalet en Boadilla del Monte a nombre del comisario porque creían que podía estar alquilado, y la detención de los sospechosos. El testigo ha querido resaltar que se limitaron a registrar el "núcleo duro" de las "decenas" de inmuebles que tenía titulados CENYT: "Mucho menos de la mitad".

"HUMANA Y TÉCNICAMENTE" IMPOSIBLE

Fraga ha contado que los registros se intentaron hacer de forma simultánea en todos los inmuebles, incluida una segunda vivienda de Villarejo y su familia en Málaga, y que él estuvo presente en el de su residencia habitual, en la Finca Montecillo de Boadilla del Monte, donde encontraron una ingente cantidad de documentos en soporte papel y digital.

De los papeles, conforme ha narrado, se hizo una revisión visual para filtrar lo que tuviera interés para lo investigado. "Se intervino menos del 1% del soporte papel que había" en esa casa, ha recalcado, apostillando que seguía siendo "bastante".

Los archivos digitales les generaron mayores problemas. Había tanta información que era "imposible" hacer ese cribado, por lo que se limitaron a visionar los archivos que los investigados les dijeron que eran personales, para comprobar que lo eran, y recabar los demás.

Serrano ha incidido para saber qué decía exactamente el mandato judicial, a lo cual Fraga ha contestado que les autorizaba la revisión visual "seguro". Y, aunque no recuerda si les daba luz verde para volcar la información digital y, en su caso, llevarse los efectos informáticos, ha enfatizado que no había más alternativa que incautarlos.

"En digital no teníamos otra opción, era o llevárselo o dejarlo, no había término medio, ni humana ni técnicamente", ha dicho. Así, ha desarrollado que, en previsión de que encontraran archivos digitales, días antes habían pedido a la brigada informática que les dieran dispositivos de volcado, pero no eran suficientes para albergar todo lo hallado y que, de todas formas, la descarga 'in situ' habría llevado como poco varios días.

DOS CAJAS FUERTES Y UNA LLAVE

Otro eslabón de la cadena de custodia sobre el que ha profundizado Serrano ha sido el viaje de lo incautado hasta la AN. Fraga ha manifestado "la práctica habitual" es que sean los propios policías quienes se queden lo descubierto porque los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) "generalmente" no van preparados para trasladarlos en ese momento al juzgado.

Este habría sido el caso. Fraga ha apuntado que él se quedó con lo intervenido en la casa de Montecillo y que en las horas siguientes del 4 de noviembre, a cuya madrugada se extendieron los registros, los agentes a su cargo le fueron dando lo demás.

Todo quedó guardado en la sede de Asuntos Internos, con "vigilancia física 24 horas". Concretamente, en un armario del que solo él tenía llave y donde había dos cajas fuertes en las que se depositó el material. El día 5, cuando fueron a la AN a poner a los detenidos a disposición judicial, hablaron con el LAJ sobre el proceso a seguir para entregar lo incautado y les indicó que lo harían conforme a una agenda que se prolongó hasta finales de noviembre.

Como estaba "preocupado", porque ya empezaban a aflorar noticias en prensa, enganchó la llave a su llavero y se la llevaba a casa. Solo él abría las cajas fuertes, algunas veces en presencia de otros compañeros, para "contarlas" e ir indicando a la AN qué quedaba por remitir. Excepto una vez que cedió la llave a un compañero, porque él tuvo que ausentarse dos días, si bien ha subrayado que "está todo documentado". "La custodia nunca se perdió", ha zanjado.

"UN CONTROL EXHAUSTIVO"

En su opinión, los efectos decomisados "tuvieron un tratamiento más exhaustivo del que estaba acostumbrado a ver en otros juzgados". En esta línea, ha señalado que una vez entregados los originales a la AN nunca más los volvieron a tener, trabajaron solo con copias cuyo análisis también estuvo acotado porque la defensa de Villarejo advirtió de que su contenido podía afectar a la ley de secretos oficiales.

Serrano le ha preguntado directamente por la "carpeta Taja", uno de los archivos encontrados. Ahí, de acuerdo con Fraga, había un documento que recogía las funciones policiales que Villarejo había tenido en la Policía en 2013 y 2014, las cuales reflejaban captación de "fuentes humanas" y pagos con fondos reservados, así como "las identidades supuestas" que le había proporcionado al comisario la Secretaría de Estado de Seguridad.

También, ha expuesto Fraga, encontraron evidencias de una sociedad que se creó con esas "identidades operativas" para cuestiones propias de la función policial de Villarejo, pero que no formaba parte de CENYT, el enjambre empresarial que el comisario sostiene que usaba como tapadera de sus trabajos de agente de Inteligencia para Policía y CNI.

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