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PSOE y Podemos plantean quitar al Consejo Fiscal la facultad de nombrar al jefe de Protección de Datos de la Fiscalía

Proponen que la designación quede en manos del fiscal general elegido por el Gobierno

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Unidas Podemos han propuesto modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el fiscal responsable de la Unidad de Protección de Datos deje de ser nombrado por mayoría absoluta en el Consejo Fiscal.

Así consta en una enmienda conjunta registrada en el Congreso al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que, junto al proyecto de ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital, constituye la base legislativa del plan Justicia 2030, defendido por el Ministerio dirigido por Pilar Llop.

En concreto, ambas formaciones han propuesto suprimir la letra l) del apartado cuatro del artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que revocaría la facultad del Consejo Fiscal de nombrar por mayoría absoluta a la persona titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, tanto el PSOE como Unidas Podemos han planteado que el jefe de dicha unidad asuma la condición de Delegado de Protección de Datos para el tratamiento de "datos con fines no jurisdiccionales, una vez sea designado como tal por el/la Fiscal General del Estado".

Según el texto propuesto, la unidad "ejercerá con plena independencia y neutralidad" y verá acortado su nombre, pues en la ley actual consta como Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos.

La iniciativa de ambos partidos de que el nombramiento pase a ser una competencia del fiscal general es una propuesta que el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, reflejó en la Memoria 2021 de la Fiscalía, en la que aseguraba que la persona para este puesto no debería ser nombrada por el Consejo Fiscal, sino por el Gobierno.

FISCAL DE PRIMERA

 

El PSOE y Unidas Podemos han precisado en su enmienda que el elegido para dirigir la unidad, en el caso de no tener la categoría primera de la carrera (fiscal de Sala), "se deberá contar con más de 20 años de servicio en la carrera y pertenecer a la categoría segunda, en cuyo caso adquirirá a todos los efectos, mientras desempeñe este cargo, la condición de aquella categoría".

Los dos partidos apuntan que el responsable de la Unidad de Protección de Datos será nombrado para un mandato de "cinco años renovable" por otro periodo de "idéntica duración", tiempo durante el cual hará en exclusiva las "funciones derivadas" de tal cargo.

Respecto a la posibilidad de ser cesado, las formaciones han planteado que "únicamente" podrá serlo por "el transcurso del plazo de nombramiento y por renuncia aceptada por el o la Fiscal General del Estado, o removido, de apreciarse incapacidad o incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones, por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado".

Si es cesado o relevado también perderá la condición de Delegado de Protección de Datos. Si fuere fiscal de Sala, quedará adscrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las fiscalías a las que pertenezca por tener la primera categoría, mientras que si es de la segunda, "se incorporará en calidad de adscrito, a su elección, a la Fiscalía en la que estuviere destinado antes" de la Unidad de Protección de Datos, "o a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma o Provincial de Madrid, o a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma o Provincial de origen, hasta ocupar plaza en propiedad".

COINCIDE CON LOS DESEOS DEL FISCAL GENERAL

En la Memoria Anual, García Ortiz ya apuntaba que resultaba "injustificada la limitación temporal de cinco años no renovables impuesta por la reforma", porque la renovación del mandato --al menos por un nuevo periodo-- es un "factor fundamental de estabilidad que da al cargo mayores garantías de independencia".

En este sentido, el fiscal general sostenía que, como plantea esta enmienda, el responsable de la unidad debería pertenecer a la categoría primera "con el fin de dotar de mayor autoridad e independencia al cargo" y, en caso de no ser así, gozar a todos los efectos y durante su mandato de la consideración de fiscal de Sala.

Asimismo, García Ortiz exponía su petición de llevar a cabo una reforma "urgente" de la ley de protección de datos para fines de investigaciones penales, y devolver así competencias a los fiscales.

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