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Repsol y Endesa se muestran a favor del tope al gas para reducir la factura de la luz y rechazan el impuesto

Niegan, junto con Iberdrola, Cepsa, Engie y Acciona Energía, que estén obteniendo beneficios extraordinarios por la crisis energética

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el de Endesa, José Bogas, se han mostrado a favor de una de las medidas que ya se ha tomado en España y que se valora adoptar también a nivel europeo, el tope al gas, de forma temporal y como respuesta a una situación excepcional, al tiempo que han rechazado el impuesto a las compañías energéticas con el que Gobierno recaudará el 1,2% de la cifra de negocio de estas empresas, unos 2.000 millones de euros.

Para el directivo de la petrolera, este medida es "razonable" en un mercado regulado y en un momento en el que el precio del gas sube y el resto de fuentes de energía tienen buenas rentabilidades, con el objetivo de que los consumidores puedan pagar precios más bajos.

Por su parte, Bogas ha calificado esta medida de "acertada", durante su intervención en el VII Foro de Energía de 'El Economista', si bien ha puesto pegas respecto a cómo se reparte o en la definición de 'cliente beneficiado', pero en cualquier caso ha celebrado que los precios en el mercado mayorista hayan caído en casi un 50%, porcentaje que en la práctica cae al 10% o 15% por la compensación a las centrales que generan electricidad con gas y que se carga a los beneficiados.

Bogas ha asegurado que España "ha estado muy activa en tratar de dar soluciones a los problemas de los precios energéticos", aunque no los haya podido solucionar debido a los problemas estructurales a largo plazo.

El consejero delegado de Endesa se ha mostrado convencido de que la actual crisis energética comenzó antes de la invasión de Ucrania, por la actuación de Rusia el año previo a su intervención armada, cuando iba reduciendo el envío de gas a Europa y preparando así el terreno.

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

En cuanto al impuesto aprobado por el Gobierno para gravar los supuestos beneficios extraordinarios de las energéticas en los ejercicios 2022 y 2023, Josu Jon Imaz se ha referido al mismo como el impuesto "de las tres mentiras" --en referencia a una frase popular sobre el municipio riojano Aldeanueva del Ebro--.

En primer lugar ha señalado que no es un impuesto, sino una prestación patrimonial, llamada así para evitar que sea un gravamen ilegal al tener doble imposición. También ha señalado que no es sobre beneficios, sino sobre las ventas. Y la tercera "mentira" sería que no es sobre un elemento extraordinario.

En este punto, ha aludido a que el negocio de Repsol es cíclico y que "a veces se gana y a veces se pierde". Así, ha argumentado que entre 2019 y 2020 la empresa perdió 7.100 millones de euros por causas coyunturales y que, actualmente, si se tienen en cuenta los últimos años, la compañía seguiría perdiendo dinero de forma acumulada.

De su lado, Bogas ha negado que en la actividad eléctrica haya beneficios extraordinarios y ha apuntado que "no tiene ningún sentido" que se graven los ingresos. "Me parece bien que si hay beneficios extraordinarios se haga una contribución, pero si no los hay, que además sea gravamen a ingresos, no es la solución. La solución es acelerar la transición ecológica, con renovables, electrificando la economía y reforzando la red de distribución", ha añadido Bogas.

 

Por su parte, la consejera delegada de Engie España, Loreto Ordóñez, también ha defendido que su compañía no obtiene 'beneficios caídos del cielo' debido a la coyuntura energética actual, dado que la energía de sus proyectos "se vende antes" y, por tanto, "no aprovecha la volatilidad de los mercados". "Lo podemos demostrar en las cuentas", ha subrayado.

En la misma línea se han manifestado el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, o el presidente de BP en España, Andrés Guevara.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Respecto a la actual situación de los precios energéticos, Imaz ha retirado que se debe a una transición energética que "se está haciendo mal y por motivos ideológicos", como la prohibición en España y resto de Europa de producir gas cuando la demanda está aumentando, lo que eleva los precios.

A su vez, este encarecimiento del gas hace que países como Alemania tengan que quemar carbón como alternativa, lo que contamina más y acaba elevando también las emisiones. Asimismo, se recurre a la importación de gas, con el consiguiente efecto perjudicial que el transporte tiene también en el aumento de las emisiones.

En cambio, tanto el consejero delegado de Acciona Energía, como su homóloga en Engie abogan por impulsar los proyectos de energías renovables en España, pero han lamentado que la regulación ralentice la puesta en marcha de los proyectos.

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