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SCC y Cs piden a Bruselas firmeza con España para cumplir la sentencia del castellano "como hace con Polonia o Hungría"

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

Sociedad Civil Catalana y Ciudadanos han reclamado al comisario de Justicia, Didier Reynders, que obligue al Gobierno de España a cumplir la sentencia que exige un 25% de castellano en la educación pública catalana y sea firme ante el cumplimiento del Estado de Derecho en Cataluña "como hace con Polonia o Hungría".

Tras una reunión de 45 minutos con el comisario de Justicia de la UE, el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha reclamado a Bruselas "estar atenta" sobre el cumplimento de las sentencia judicial relativa a la educación en castellano y "obligar" al Ejecutivo español asegurar su cumplimiento.

Sánchez Costa ha señalado que Bruselas "debe posicionarse con firmeza como hace con Polonia y Hungría cuando el imperio de la ley es discutido" y ha defendido que la sentencia sobre el castellano en la educación catalana va en línea con la "igualdad de oportunidades" y "lo que quieren la mayoría de catalanes".

Según Sánchez Costa, Reynders se ha interesado por el caso y ha pedido más información sobre la situación en Cataluña. Según SCC, Bruselas tiene un papel que jugar a la hora de garantizar que se cumple la ley y las sentencias judiciales.

Por parte de Ciudadanos, el eurodiputado José Ramón Bauza ha reclamado a Bruselas "intervenir" para garantizar el derecho a estudiar en español en Cataluña, tras afirmar que la Generalitat, "con la supervisión del Gobierno de España", le niega un "derecho constitucional" a los alumnos.

"No vamos a pedir que esto se mantenga, hemos pedido a Reynders que intervenga y no sea pasivo", ha subrayado Bauzá y ha insistido en que el "verdadero drama" en España es que los padres "no pueden elegir la educación de sus hijos y son los políticos los que quieren decidir el futuro de sus hijos".

Igualmente, SCC y Cs han expuesto el caso del acoso a un niño de 5 años en Canet de Mar por haber solicitado al centro clases en español y han exigido medidas ante la situación de discriminación lingüística que a su juicio se está produciendo en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

 

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