Ultima_hora

El Supremo condena a tres personas por rajar una bandera de España en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2016

La cogieron de una carpa de Sociedad Civil Catalana y después de rajarla la dejaron tirada en el suelo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a tres personas a penas de multa de entre 1.920 y 2.160 euros por un delito de ultraje a la bandera ya que en abril de 2016, en la plaza Cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona y ante la presencia de numerosas personas, cogieron una bandera de España de la carpa de la asociación Sociedad Civil Catalana, la rajaron en dos trozos y los dejaron en el suelo.

El alto tribunal destaca en su sentencia, recogida por Europa Press, que los acusados no pueden alegar actuar amparados por la libertad de expresión porque precisamente estaban negando esa libertad a otros, y advierte de que "intolerancia violenta" y "derecho a la crítica" no son la misma cosa".

El Supremo estima así un recurso de la Fiscalía, a la que se adhirió Sociedad Civil Catalana, contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que absolvió a los acusados. El TS repone así la sentencia inicial del Juzgado de lo Penal número 2 de Sabadell, que apreció la comisión del delito de ultraje a la bandera, y confirma las penas que impuso.

UN ACTO CON PUBLICIDAD

El alto tribunal comienza afirmando que el hecho de "rasgar en dos la bandera de España" dejándola tirada en el suelo en una universidad, en un acto con publicidad, encierra el elemento normativo que exige el artículo 543 del Código Penal, que dice textualmente: "Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses".

Añade que la acción violenta enjuiciada, "lejos de significar una manifestación que fluye del derecho a la libertad de expresión (derecho a la crítica), atenta, por el contrario, frontalmente contra el símbolo que enarbola una asociación que concurre pacíficamente a tal encuentro cívico, en una plaza universitaria, donde los valores democráticos tienen, como símbolo de convivencia, el valor añadido que le proporciona tal institución".

Los magistrados destacan que no puede ser tomada como referencia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de marzo de 2018 que analizó un caso sobre la quema de fotos del rey en un acto independentista en Girona. El TS indica que los hechos no guardan analogía, el delito aplicado fue distinto (allí fue el de ofensas e injurias al Rey), y el contexto también, ya que uno era un acto en recinto universitario.

 

Además, recuerda el tribunal que en el caso de la Autónoma se trata de una ofensa a un símbolo nacional, como es la bandera de España, lo que sería igual si se tratase de las banderas de las comunidades autónomas, ya que -destaca la sentencia-- el Código Penal no distingue ni en la descripción típica, ni en la asignación del reproche penal, por lo que es tan punible una acción como la otra.

"Lo que hacen los acusados es cometer un acto contra la libertad de expresión, contra la libertad ideológica, y quien así se conduce no puede alegar lo que está negando, precisamente la libertad de los demás para ondear la bandera que es símbolo de España, y, en consecuencia, signo representativo de todos los españoles", argumenta la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar.

El Supremo, que se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, incide en que los acusados atentaron contra símbolos "que ostentan quienes pacíficamente concurren a la fiesta cívica representativa de la democracia, arrebatándoles el emblema, para, a continuación, delante de una muchedumbre, romperlo y tirarlo al suelo.

EL LUGAR ELEGIDO: ESCENARIO DE CONCORDIA

Por ese motivo, creen que la acción que llevaron a cabo los acusados no estaba amparada por la libertad de expresión ya que ésta tiene un límite expreso "en el respeto a la libertad de expresión del contrario". Recuerdan que el TEDH niega el amparo cuando se trata de un discurso el odio, un término que abarca "todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia".

Considera el tribunal que la singularidad del caso reside en el lugar donde se producen los hechos, y en el contexto en donde se enmarca, como acto público, "precisamente alejado de cualquier signo de intolerancia, sino precisamente en un escenario de concordia entre las diversas ideologías que allí confluían".

"Nos encontramos en el marco de la celebración de la democracia, en donde concurren distintas asociaciones cívicas y partidos políticos, en un ambiente festivo que no puede tildarse sino de un acto claramente pluralista y, además, pacífico. En dicho contexto es donde los acusados, mediante un patente acto coactivo, arrebatan la bandera española que se encontraba en una asociación cívica, para, de forma pública, ante la concurrencia de numerosas personas", hacerse con tal emblema y rajarlo en dos.

VOTO PARTICULAR DISCREPANTE

La sentencia ha contado con el voto discrepante del magistrado Javier Hernández porque considera que la conducta no encaja en el delito de ultraje a la bandera, aunque también rechaza que estuvieran amparados por la libertad de expresión.

Así, concluye que el espacio de tipicidad de este delito debería limitarse a acciones de ultraje que recaigan sobre símbolos que desempeñan una clara y normativa función representativa en los términos precisados en la Ley que regula el uso de la bandera, "pues es la función en esos contextos públicos y oficiales la que otorga, sin interferencias, el valor de la representatividad colectiva".

Este magistrado explica que los hechos no se pueden recalificar y que el recurso debe acotarse al delito tipificado por el juez de lo Penal como de ultraje a la bandera aunque considera acertado que la Audiencia Provincial de manera explícita apuntara otros ilícitos penales que no se pueden analizar en el recurso de casación.

El voto añade no obstante que, con su conducta "cercana al más desnudo matonismo ideológico, propio de movimientos totalitarios", los acusados limitaron gravemente el derecho a la libertad ideológica y de expresión de aquellos que pacíficamente exhibían la bandera que resultó finalmente rajada.

Al hilo, analiza el delito de ultraje a la bandera y la jurisprudencia constitucional y concluye en la necesidad de una interpretación muy estricta que neutralice todo riesgo de castigo a la no adhesión.

El voto explica que no cualquier conducta expresiva de rechazo a los símbolos de España o de sus Comunidades Autónomas pueden merecer sanción penal, porque no todas ni mucho menos, reúnen la mínima tasa de idoneidad para lesionar el bien jurídico protegido por el artículo 543 CP.

Raphael, apoteósico en Starlite

Comentarios
Somos ECD
¿Buscas un medio de información libre, que no se casa con nadie?