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Xiol (TC) advierte que la sentencia deja al estado "inerme" ante emergencias superiores a 60 días

Se da a conocer el último voto particular a la resolución que invalida varios preceptos del estado de alarma de marzo de 2020

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol, perteneciente al sector progresista de este órgano, señala en su voto discrepante con la sentencia que declaró inconstitucionales varios artículos del decreto de estado de alarma de marzo de 2020 que la postura mayoritaria de este órgano, al señalar que hubiera sido preciso declarar estado de excepción, "supone dejar al Gobierno inerme ante situaciones de emergencia que tuvieran una duración superior a 60 días, que es el tiempo máximo en el que puede aplicarse este instrumento jurídico.

En un voto de 36 páginas, el único que restaba por conocer y que no fue aportado el pasado lunes cuando se notificó oficialmente la sentencia, Xiol señala que aplicar las reglas del estado de excepción -entre ellas su límite temporal- a la gestión de las crisis, en las que no se encuentra afectada la convivencia pacífica de la sociedad, "constituye un grave error conceptual" que lleva a una interpretación que distorsiona la configuración de los diferentes estados previstos en la Constitución.

El presupuesto que habilita a declarar estos estados es distinto en cada caso y también son diferentes las medidas que al amparo de ellos pueden establecerse por lo que entender, como mantiene la decisión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, "que lo que determina la declaración de uno u otro estado es la intensidad de las medidas limitativas de derechos fundamentales que hayan de adoptarse para solventar la situación de emergencia supone desvirtuar el sentido constitucional de estos estados y conduce a situaciones paradójicas", añade.

A juicio del Gobierno, ello no solo priva al Gobierno de potestadesnecesarias para poder resolver crisis que no tengan su origen en una alteración grave de la seguridad pública, sino que además "supone una merma importante de las garantías constitucionales", insiste.

Recuerda que en marzo de 2020 el riesgo de contagio era extremo, los hospitales estaban colapsados y se adoptaron las medidas "que, en aquel momento, se consideraron las más idóneas para evitar la propagaciónde la enfermedad".

Junto a ello reconoce que existía una situación de incertidumbre jurídica, y que "la situación creada no tenía precedentes en nuestra historia constitucional y no había certeza sobre cual debía ser elcauce jurídico que debía seguirse para imponer estas medidas.

Buena prueba de ello, añade, es el intenso debate que se ha suscitado entre los juristas sobre si el estado de alarma era el adecuado paraestablecerlas o era preciso acordar el estado de excepción.

EFECTOS DE LA SENTENCIA

A juicio de este magistrado, el tribunal hubiera debido precisar con más claridad y mayor corrección el alcance del fallo y las razones que justifican la limitación de efectos de la sentencia

Ante la situación de incertidumbre, señala sin embargo que puede considerase constitucionalmente justificado que la nulidad noafecte a los actos o situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma declarada inconstitucional. "Lo contrario podría provocar que las autoridades sanitarias en situaciones de incertidumbre noadopten las medidas que consideren más adecuadas por las consecuencias que podría tener el error en la elección de la vía jurídica correcta".

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