La Delegación del Gobierno en Madrid obliga a la Policía desde hace un año a devolver los puñales, navajas y bastones decomisados en las calles
Desde hace algo más de un año el departamento que dirige Soledad Mestre archiva, sin sanción, las denuncias de los agentes por “posesión” de armas: les ordena que las devuelvan a sus dueños, a pesar de que un reglamento prohíbe la tenencia de hasta dieciséis tipos de armas, entre puñales, navajas y bastones.
Un caso real. Una patrulla da el alto a un individuo en una calle cualquiera de Madrid por apropiación indebida de un vehículo. Le registran y descubren, según se recoge en el acta de intervención a la que ha tenido acceso El Confidencial Digital, un arma blanca con hoja de sierra de siete centímetros de longitud oculta en una funda en el interior de su pantalón. Momentos después, un menor es ‘interceptado’ en la calle con una navaja de color amarillo. El niño es un viejo conocido de la policía y acumula un interesante historial ‘delictivo’.
Hasta cincuenta actas como esta –en algunos casos más- suelen instruirse cada mes en una comisaría cualquiera. Lo usual en estos procedimientos es que la administración competente, la Delegación del Gobierno, imponga al individuo que porta el arma una multa o sanción que podría oscilar entre los 300 y 400 euros según se recoge en el Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
Sin embargo, desde hace un año y medio, esto no está ocurriendo. Lo “normal” es que el gabinete que dirige Soledad Mestre archive las denuncias de intervención de armas que se tramitan. En uno de estos documentos, al que ha tenido acceso ECD y que puede visualizar más abajo, se puede leer lo siguiente:
-- “Se dispone su archivo, porque no constan las circunstancias que permitan considerar inadecuadas la tenencia del arma intervenida debiendo procederse a la devolución de las armas a los interesados”.
El acta está firmada por la anterior subdelegada de Gobierno, Pilar Gallego, que dejó el cargo hace unos meses para ir en el ‘número 2’ de las listas de Miguel Sebastián a la alcaldía de Madrid en las anteriores elecciones municipales y autonómicas 2007.
La orden, además de contraria a lo dispuesto en las normas emanadas de Interior, no deja de tener efectos significativos en cuanto que, en la mayoría de los casos, los dueños de esos objetos son delincuentes con domicilio desconocido y alta movilidad, a los que resulta muy difícil –por no decir imposible- volver a localizar incluso para notificarles la celebración de un juicio.
La situación provoca gran perplejidad entre los agentes de policía cuando coinciden órdenes contradictorias. Por ejemplo, al mismo tiempo que la administración ordena devolver las armas a la calle, la Jefatura Superior de Policía de Madrid emanó una circular interna hace unos meses dirigida a las Brigadas de Seguridad Ciudadana –especialmente a la Unidad Motorizada, ‘Alazanes’, y a la Sección Especial de Reacción y Apoyo, más conocidos como ‘Centauros’, en la que se les conminaba a “sacar armas” de la calle. Se trataba de una medida de prevención ante el aumento de las reyertas con resultados de heridos y muertos en los que se emplean armas blancas.
En el último año y medio, el problema se ha puesto sobre la mesa en las reuniones trimestrales de los sindicatos con los responsables de Unidad Operativa de Coordinación Territorial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Hasta ahora la respuesta ha sido siempre la misma, aclara Alfredo Perdiguero, secretario provincial de la Unión Federal de la Policía: el asunto “está en manos de la Delegación del Gobierno”. La institución, por su parte, niega, oficialmente, que exista dicha situación.
ECD ha podido confirmar que, a la vista de la falta de unidad de criterio, los “desbordados” agentes se están negando a devolver las armas que ya se acumulan en diversas dependencias de las propias comisarías. “Mejor aquí que en la calle”, aseguran.
