Economía de guerra en las Federaciones deportivas. Los recortes obligan a compartir sedes, reducir personal, rebajar la seguridad…
Las Federaciones deportivas españolas se han visto obligadas a tomar medidas drásticas tras un recorte medio del 34 por ciento en sus presupuestos. Reducciones de personal, rebaja de la seguridad o incluso compartir sedes entre Federaciones son algunas de las decisiones que han tenido que llevar a cabo.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, la situación económica ha obligado a muchas de las 66 federaciones deportivas existentes en España a recortar en gran medida su presupuesto.
El Estado ha invertido este último año un 34 por ciento menos en el Deporte, cuentan a ECD, lo que ha llevado a que muchas federaciones tengan que recortar su plantilla de trabajadores, reducir los gastos comunes, buscar contratos de seguridad o limpieza de menor valor o, incluso, llegar a compartir sede con otras federaciones.
Es el caso de la Federación de Bádminton y la de Tenis de Mesa, que han reformado un edificio en la calle Ferraz de Madrid para compartirlo mutuamente, abandonando sus oficinas en la avenida Filipinas y la calle del Payaso Fofó, respectivamente.
Una situación que contrasta con la de la Federación de Fútbol, que suma ya tres años consecutivos renunciando a la subvención pública gracias a la financiación privada que recibe a través de patrocinios, televisiones y partidos amistosos. El dinero que le correspondía ha ido a parar a las otras 65 federaciones, aunque no ha sido suficiente.
El Consejo Superior de Deportes pidió al Gobierno un esfuerzo ante esta problemática. Una petición que el ejecutivo de Mariano Rajoy atendió, dotando al organismo de Miguel Cardenal con cinco millones de euros más.
Desde el CSD explican a este confidencial que han querido “predicar con el ejemplo” y han sido los primeros en reducir el consumo, destinando 1.063.736 euros menos en gastos corrientes, 73.509 euros menos en dietas o 291.805 euros menos en gastos de transporte. Además, se han suprimido 70 puestos de empleados públicos, ahorrando 1.283.209 euros.
Así, el presidente del Consejo, Miguel Cardenal, ha reducido su salario un 13,5 por ciento, los altos cargos cobran un diez por ciento menos y el resto de empleados, un cinco por ciento menos.
