Ochenta abogados de oficio del 11-M esperan que Justicia apruebe mediadas retributivas excepcionales, como en el juicio de la colza

La gran mayoría de los hasta ahora 116 encausados no podían permitirse un abogado y han optado por un letrado de oficio para su defensa. Muchos de estos abogados han tenido que dedicarse exclusivamente a la causa del 11-M, ya que el sumario consta de más de 80.000 folios, 200 pruebas de ADN, 50 inspecciones oculares, 50 pruebas de documentos, 50 pruebas de huellas, 50.000 registros telefónicos, 8 ordenadores analizados y 3.393 pruebas sobre heridos o lesionados.   Además, una parte de los detenidos no hablan el castellano y, por tanto, necesitan un intérprete para comunicarse con sus abogados. Otra dificultad: los encausados están repartidos por diversas prisiones españolas lo que, entre otras cosas, hace muy compleja la labor de los abogados defensores.   Así las cosas, desde el Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española han pedido al ministerio de Justicia que se arbitren medidas retributivas excepcionales para poder ofrecer a estos letrados un salario acorde con la ingente labor que han desempeñado, y en algunos de los casos deberán seguir realizando.   Hay antecedentes históricos en este mismo sentido: en el juicio de la colza, el ministerio de Justicia aprobó que no se aplicaran las tarifas retributivas oficiales contempladas para los letrados del turno de oficio y se arbitraron, de manera excepcional, incrementos de los sueldos por los servicios realizados.