La búsqueda de pozos ilegales se intensificó en toda España meses antes de la tragedia de Julen

El caso de la desaparición del pequeño Julen en un pozo en un monte de Totalán (Málaga) puso de actualidad el problema de la existencia de sustracciones de agua subterráneas sin licitación, que suponen un peligro por dejar agujeros en el campo sin señalizar.

Pero este fenómeno viene de lejos. En Andalucía, por ejemplo, algunos expertos consultados por Confidencial Digital explican que la sequía entre los años 1991 y 1995 “provocó un auge de estas perforaciones” ilegales.

La tragedia de Julen ha provocado una investigación sobre las condiciones en las que se abrió el pozo donde cayó el niño, y por qué motivo no estaba tapado para evitar el peligro de caídas.

Más denuncias ante la Guardia Civil

ECD ha podido saber que, tras la desaparición y muerte de este niño de dos años en Totalán, las denuncias de ciudadanos al detectar pozos abiertos en el campo han aumentado considerablemente.

De hecho, agentes de la Guardia Civil implicados en la tarea de comprobar esas denuncias para garantizar que se sellen los pozos apuntan que actualmente hay una “especie de psicosis para buscar y sellar” las bocas de esas perforaciones irregular y que suponen un peligro.

Orden del Ministerio de Transición Ecológica

Pero, más allá de las denuncias posteriores a la muerte de Julen, el Gobierno de España ya tomó medidas meses antes de este suceso para poner coto a los pozos ilegales, según ha confirmado Confidencial Digital.

El pasado 1 de agosto, como consecuencia del cambio de Gobierno del PP de Mariano Rajoy al PSOE de Pedro Sánchez, fueron nombrados nuevos presidentes de las confederaciones hidrográficas.

En el mismo verano, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya se encargó de hacerle saber al nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que tenía que “aumentar la inspección y el control sobre los usos ilegales del agua”.

Semanas después, el 12 de septiembre, en una reunión de responsables del Ministerio de Transición Ecológica con los presidentes de todas las confederaciones hidrográficas a estos últimos se les trasladó de manera oficial la necesidad de hacer frente al problema de los pozos perforados sin autorización.

En este sentido, el ministerio indicó que contarían con la colaboración de la Guardia Civil para cerrar estos pozos ilegales. En su mayoría se trata de extracciones de agua sin licencia para el riego de cultivos y supone un problema serio tanto para el medio ambiente como para las personas.

No hay datos de cuántos pozos ilegales pueden existir en nuestro país, sólo se conocen los expedientes incoados. En los últimos dos años, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha registrado un total de 943 expedientes por derivación de aguas subterráneas sin concesión, pero “dentro de cada uno de estos expedientes pueden estar aglutinados un gran número pozos”, aclaran a ECD desde la propia confederación.

Los datos de 2017 y 2018, pendientes

La seguridad en torno a los pozos para evitar tragedias como la de Julen no es competencia de las CH, sino que está dividida entre entes autonómicos y municipales. Ante esto, Ecologistas en Acción reclamó el pasado día 4 de febrero al ministerio una normativa estatal que acabara con las sustracciones irregulares de agua.

El Ministerio de Transición Ecológica asegura no tener constancia de ello, aunque sí confirma al Confidencial Digital que está trabajando conjuntamente con las confederaciones hidrográficas para ofrecer datos a nivel nacional sobre los expedientes incoados en los años 2017 y 2018, a lo que se le añade el diseño del Tercer Ciclo de la Planificación Hidrológica que incluirá medidas para enterrar el problema de los pozos ilegales en España.