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La Comisión Islámica de España, paralizada tras el bloqueo de sus cuentas por la Audiencia Nacional

El órgano oficial de representación de los musulmanes atraviesa la peor crisis de su historia tras la detención del presidente y la inmovilización de sus activos

Mezquita.
photo_camera Mezquita.

La Comisión Islámica de España (CIE) atraviesa la etapa más crítica en sus cuarenta años de historia, tras la detención y puesta en libertad con cargos del presidente, Ayman Adlbi, y el bloqueo judicial de sus fondos bancarios.

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El órgano oficial de representación de los musulmanes españoles ante la Administración del Estado no puede hacer frente, ni a las nóminas del personal administrativo contratado, ni a las asignaciones y dietas de los delegados en las comunidades autónomas, ni al alquiler de la sede madrileña. Sus cuentas han sido inmovilizadas como parte de la Operación Wamor, condujo a la Policía Nacional a la detención del presidente de este organismo el pasado 24 de marzo.

Adlbi, médico de profesión, está investigado por presuntos envíos de efectivo a Al Qaeda a través de una ONG siria de atención a niños sin recursos.

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Organización criminal y terrorista

A muchos de los investigados en esta operación policial, abierta en 2019, con varios detenidos en prisión preventiva, se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Además de presidente de la CIE desde julio de 2020, Ayman Adlbi lo es también de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), la federación que más asociaciones religiosas de musulmanes ha conseguido aunar en todo el territorio nacional.

El tesorero de esta federación mayoritaria, miembro también del Consejo Permanente de la CIE, Mohamed Hatem, es otro de los detenidos en el mismo operativo. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no ha apreciado en él las “razones humanitarias” que halló para la puesta en libertad de Adlbi, y continúa, por tanto, en prisión a la espera de juicio.

Peticiones de dimisión

Ante la actual situación, muchas asociaciones de musulmanes ajenas a UCIDE piden la dimisión de Ayman Adlbi. La joven Federación Ibn Masarra, por ejemplo, entiende que “no puede ejercer el papel de interlocutor entre los musulmanes y la Administración quien está investigado por tan graves delitos, a pesar de que sea presumiblemente inocente”.

Otros piden un cambio en el modelo de representación de la CIE o un equipo gestor provisional “que no perjudique la imagen de todos los musulmanes españoles”, como apunta la Federación de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), la segunda en número de mezquitas asociadas.

Kaleem Mirza, miembro de la Junta Directiva de la CIE y presidente de la tercera entidad española en número de asociaciones islámicas federadas, la FEME, manifiesta a Confidencial Digital que Ayman debe apartarse hasta que una sentencia aclare el asunto. “Creemos que ha de nombrarse una comisión gestora provisional, y confiamos en que la CIE sea en el futuro más democrática, plural y transparente”, puntualiza.

Acuerdos Estado-Islam

La CIE fue constituida para el desarrollo de los acuerdos de Cooperación del Estado con el Islam. Se financia, básicamente, a través de la fundación Pluralismo y Convivencia, entidad de carácter público estatal dependiente del Ministerio de Justicia. Del ministerio recibió en 2019 cerca de 350.000 euros “para el fortalecimiento y desarrollo institucional, para la dinamización y coordinación de sus comunidades y para la mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos”. Sin embargo, como denuncia un portal islámico español, el 90% del presupuesto total de la CIE se destina a sufragar las nóminas de sus órganos de gestión.

El islam es, junto a la judía y la evangélica, una de las tres confesiones religiosas “de notorio arraigo” que se benefician de los fondos de Pluralismo y Convivencia. Las asociaciones islámicas, como todas las demás confesiones religiosas, los sindicatos y las entidades sin fines lucrativo, se benefician de la exención fiscal del pago del Impuesto de Sociedades, del Impuestos de Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Responsables de numerosas mezquitas entienden que la CIE es un órgano necesario para velar por los derechos de los musulmanes y los Acuerdos de Cooperación, aunque, “para representar a la comunidad islámica, que lleva aquí desde el siglo VIII, debería contar en su seno con más españoles, con más mujeres y con más jóvenes”, dice Yusuf Said, de Algeciras, uno de los entrevistados. “Hay ciudadanos españoles musulmanes con muy buena formación y con ganas de servir a la comunidad”, añade.

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