“En el debate sobre la eutanasia hay que evitar que se dé pie a una cultura de la muerte”

Federico de Montalvo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas y preside desde hace seis meses el Comité de Bioética de España, el órgano asesor del Gobierno en temas candentes como la eutanasia, la maternidad subrogada, los frentes antivacunas y las decenas de puertas éticas que abren las nuevas tecnologías

La bioética tiene mucho de cubo de Rubik, de cuadrar variantes distintas hasta que las caras del puzzle canten “bingo”. Foto: Álvaro García Fuentes
La bioética tiene mucho de cubo de Rubik, de cuadrar variantes distintas hasta que las caras del puzzle canten “bingo”. Foto: Álvaro García Fuentes

Hace doce años la Ley de Biomedicina puso sobre el mapa al Comité de Bioética de España: un grupo de expertos que aporta dosis de Aristóteles y corrige los guiones de la ciencia ficción o de la política deshumanizante. La mesa de sus miembros está que arde: eutanasia, gestación subrogada, los viajes genéticos de Julio Verne, la matraca de los antivacunas, las lides de la reproducción asistida… Federico de Montalvo es el capitán de este ‘Consejo de Estado de la Salud Pública’ que vela por la redención de la ética en un universo que tiende al Hominova de jugar con los seres humanos, a ver qué pasa. Discrepa de “un sistema público eutanásico”. Disiente de los que defienden las mujeres-vasija. Tan progresista como la buena ciencia. Tan conservador como la ética humana que no se desvirtúa con los siglos. Mira al futuro sin estancarse en los espejismos del oportunismo. Lo que un Gobierno ve a cuatro años, como mucho, ‘Los Doce de la Bioética’ lo proyectan al patrimonio de la humanidad.

Cuando Federico de Montalvo empezó a estudiar Derecho, un cáncer le torció hacia la bioética. Tenía 19 años. Vio luces negras al final del túnel. No es médico, pero sufrió en sus carnes cómo huele el napalm del requiescat in pace. Superó esa batalla y empezó a deambular con criterio por el Comité de Ética de Investigación Clínica del Hospital de La Princesa, y por el de la Comunidad de Madrid, hasta desembarcar en 2013 en el Comité de Bioética de España.

En el despacho E243 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas, entre Chamberí y Argüelles, Madrid, asienta su experiencia este doctor en Constitucional que mete en quirófano las leyes, las opiniones, las ideologías, las religiones, la ética, la estética, la oportunidad, los contextos, la jurisprudencia, las tendencias, la sociología, la psicología y el arte de los consensos, para dar a luz informes claros sobre agujeros negros.

Sobre la mesa: papeles, libros, una bandera de España, una bandera de Europa, más papeles, más libros, expedientes, y un cubo de Rubik con los diferentes colores de la bioética dispuestos a cantar pleno después de mirar, girar, cuadrar, dialogar, tener paciencia, saber trigonometría y cerrar el círculo sin perderse en las olas relativistas que nunca resuelven nada.

Hemos venido a este rincón de ICADE porque la campaña de las elecciones generales ha vuelto a poner sobre el tapete el muerto de la eutanasia. Y por lo de la maternidad subrogada: quédese embarazada por encargo y recogeremos el paquete dentro de nueve meses… Hemos venido, también, hasta el fondo de este pasillo de conocimiento por el esperpento antivacunas, y porque la bioética en esta España ciborg y esta Europa anglosajona más bien utilitarista, empieza a ser un tema de interés personal, nacional y mundial. Nosotros nacimos sin saber. Nosotros decidimos con argumentos.

Este es el contexto del hombre que habla y del discurso que bulle. Bioética con cafeína para todos los públicos.

Lleva seis años formando parte del Comité de Bioética de España. Y desde el pasado Día de los Inocentes es su presidente. ¿Es un órgano asesor decorativo para el Ministerio de Sanidad o se tienen en cuenta sus recomendaciones?

Cuando llegué hace seis años no era habitual que ni el Ministerio de Sanidad ni el Gobierno nos consultara. Estaba ahí, había funcionado bien, pero la relación apenas había existido. Nuestro primer reto fue tratar de convencer al Gobierno anterior, al del Partido Popular, de la conveniencia de contar con nosotros. Era la etapa de Ana Mato. Preparamos una nota en la que justificábamos que, legalmente, las leyes o normas que se aprobaran con contenido bioético podían ser nulas si no pasaban por previamente por nuestras manos. Nosotros no somos el Consejo de Estado, pero también somos un órgano consultivo creado por ley. A partir de ahí se nos envió el anteproyecto de Real Decreto de ensayos clínicos, a continuación, el de despenalización del aborto, un tema sobre implementación de la convención para la protección de la discapacidad, y se nos hizo una consulta sobre un medicamento en la prevención del VIH, entre otros.

Con el Gobierno del PP pasamos de ser ignorados, a estar presentes. En esta última etapa, desde la primera reunión que tuvimos en diciembre, hemos recibido la petición de dos informes por parte del actual Gobierno.

A pesar de que este comité lo nombró el Gobierno de Rajoy, ¿las relaciones con el de la anterior legislatura y el que rige en funciones son buenas?

 

Con el actual Ministerio de Sanidad ha quedado muy claro que cuentan con nosotros. En estos dos o tres meses hemos tenido bastante trabajo, porque nos han pedido varios temas complicados.

Las sucesivas elecciones no han paralizado, veo, ni el trabajo del Ministerio, ni el del Comité que preside.

No. En estos último cinco meses hemos vivido el tiempo de mayor trabajo desde que formo parte de este órgano.

Ciudadanos ha metido en el debate social la maternidad subrogada. Tengo entendido que ustedes prepararon un informe sobre la cuestión y que el Ministerio de Sanidad lo ha leído con buenos ojos. ¿Por dónde disparan?

Lo más interesante del informe es que el parecer es unánime, y somos doce personas, aunque hay un voto particular concurrente. Esta sintonía no es habitual. En el del aborto hubo cinco votos particulares, dos de ellos en contra y tres concurrentes. Sobre la gestación subrogada, dentro del Comité hubo dos opiniones desde el principio: una mayoritaria en contra, y otra con sus dudas legales, pero con la seguridad de que no era el momento de implantar su regulación, porque no se dan las condiciones adecuadas. Gracias a la labor de la anterior presidenta de este órgano se consiguió aunar opiniones y tener un informe al unísono.

Con un Gobierno tan sensible a las causas LGTBI, y dando por hecho que la maternidad subrogada ha tenido un amplio eco a favor entre sus diferentes colectivos, ¿hay posibilidad de que Pedro Sánchez renuncie a los principios éticos si nota la presión social?

Desde el punto de vista político se ha producido un proceso peculiar en torno a esta cuestión. El movimiento feminista y el movimiento LGTBI, que normalmente han ido siempre de la mano, se han distanciado enormemente en su visión sobre la maternidad subrogada. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. En la UNESCO estamos preparando una declaración sobre gestación subrogada que saldrá en julio y que aprobaremos en Tailandia, un país interesante, porque tiene sus vínculos con todo esto. La pugna entre feministas y las personas que luchan por la igualdad de derechos de los homosexuales es evidente. ¿Cómo se va a resolver? Hoy por hoy, teniendo en cuenta el contexto social español, la opinión mayoritaria está claramente en contra de la gestación subrogada.

 ¿La cosificación de la mujer está de nuevo sobre la palestra, a pesar de la ola feminista, con esta propuesta?

Sí. Es una paradoja que solo se ha dado con este tema. Lo más importante en este debate es tener claro que, desde un plano meramente secular, la autocosificación de una persona hay que respetarla siempre que sea libre. La persona que libremente decide cosificarse, está en su derecho. En la sociedad hay gente que, libremente, comete prácticas de riesgo o se convierte en un objeto de espectáculo, y nadie se lo prohíbe. La cuestión es que existen elementos para dudar de que las mujeres sean libres con la maternidad subrogada. Pueden existir algunos casos muy puntuales en los que la mujer que pone su cuerpo al servicio de una gestación de terceros sea libre, ¿pero eso debe llevarnos a regular una práctica que, con carácter general, está aprovechándose de la vulnerabilidad de la mujer? Esa es mi duda.

Durante la campaña electoral de las pasadas generales saltó a la arena mediática el caso de Ángel Hernández y su colaboración directa en la muerte de su esposa. La eutanasia cogió vuelo. Después, en esta última campaña, apenas ha salido el tema. ¿La eutanasia es un tema ideológico o una necesidad de salud pública?

Son las dos cosas, pero el debate sobre la eutanasia está demasiado envuelto en ideología. Se presenta más como una conquista ideológica que como una solución a un difícil problema social y sanitario. Basta preguntar a la sociedad a qué partido vota para conocer su opinión sobre la eutanasia, cosa que no ocurre fuera de España. En Portugal, por ejemplo, es el partido comunista el que rompe la posible mayoría para legalizar la eutanasia o el suicidio asistido. Para ellos es una expresión muy liberal que no resuelve el verdadero problema -esencialmente social- que hay detrás de esa muerte deseada.

¿Cuál debe ser el camino de España ante la eutanasia?

El problema que tenemos con la eutanasia y el suicidio asistido es conseguir una solución legal que no implique una política pública de eutanasia, evitando esa pendiente resbaladiza que podría dar pie a que se cree una cultura de la muerte. Estamos ante una sociedad española envejecida, que muere solitariamente: cómo responder a ese foco de atención debe ser nuestra prioridad. A mí, personalmente, un sistema público eutanásico no me parece la solución más adecuada.

¿Y si una persona, en un contexto privado, decide voluntariamente ejecutar su muerte, o ser ayudada a morir, debe acabar en la cárcel? ¿Nos hacemos cargo -como Estado y como sociedad- de la historia clínica, ética y social que significa decir “sí, muero”?

Una persona que acaba con la vida de otra por amor, ¿merece una condena penal, cuando está acreditado que lo ha hecho por amor? La compasión me dice que no. ¿Cómo resolvemos esa situación? El Código Penal, en cierto modo, lo dirime. La pena que recibe este tipo de eutanasia tiene un atenuante muy privilegiado. De hecho, casi nadie, en un caso concreto, ingresaría en prisión, porque la condena sería inferior a los dos años. Lo habitual sería que los jueces pidan el indulto y el sujeto solo sería condenado si repitiera ese acto. El problema es que para aplicar ese atenuante se tiene que celebrar un juicio. Se trata de buscar una solución que, sin crear un sistema público eutanásico, atienda a los casos concretos y singulares. Evitar someter a alguien a un proceso penal cuando se trata de una eutanasia por verdadero amor, pero mantener el mensaje jurídico de que la vida se protege.

¿Quién querría ver a Ángel Hernández en un banquillo siendo acusado durante unos días? Yo creo que nadie. Pero, a la vez, nos incomoda que no haya sanción. Equilibrar el punto medio de esos dos ámbitos -la compasión y la puesta en marcha de una política pública a favor de la muerte- es lo más difícil de la eutanasia.Federico Montalvo_2

¿Los casos de eutanasia en España son suficientes como para plantear una ley? ¿Sería ético abrir esa espita? ¿Sería suficiente con crear un comité o un tribunal que decida casa caso?

No existe demanda pública, eso es evidente. Las dos maneras de abordar la eutanasia son o aprobar una ley, o reformar el Código Penal de manera que se evite que el caso concreto no sea tratado con compasión. Yo soy más favorable de afrontar este asunto en el Código Penal, lo cual también tiene sus riesgos, pero evita que se abra la veda. Quizás un tribunal de jueces que resuelva rápidamente comunica a la sociedad la prohibición de la eutanasia, y al mismo tiempo evita que una persona sufra los meses de instrucción y un juicio público.

Si Pedro Sánchez cuenta con Pablo Iglesias para su Gobierno, ¿es previsible que el debate sobre la ley de eutanasia sea prioritario, o lo abrirá el presidente electo sí o sí durante esta nueva legislatura?

La eutanasia es un tema que aparece y desaparece, y ya no sé si en esta ocasión ha vuelto para quedarse. En la sociedad se ha instaurado la idea de que la eutanasia es una solución. Esa opinión es muy discutible, porque me parece que elude el análisis y las consecuencias sobre cómo se muere hoy en España. Me preocupa mucho estudiar la eutanasia en un contexto como el actual de población envejecida, con enfermedad crónica y que muere sola, porque puede ser una solución muy rápida, muy beneficiosa, porque es un ahorro, pero social y éticamente es un drama. Cualquier persona defensora del estado social debería considerar ese contexto que rodea a las personas que desean morir, porque estamos en ese dilema entre ganar un derecho o tapar con un velo una realidad que debe abordarse de todas maneras.

En el caso de que el Gobierno saque adelante una ley de eutanasia con la que discrepe el Comité, ¿habrá alguna reacción contundente por parte de los expertos?

No. Sería legítimo. Nosotros, en su momento, tendríamos que escribir una opinión sobre el proyecto de ley, pero nuestros informes no son vinculantes. La legitimidad del Parlamento es plena en estas materias. Sería el Tribunal Constitucional el que debería comprobar si esa ley encaja o no con el artículo 15 de la Constitución. Nosotros, más que ofrecer soluciones, proponemos elementos para el debate. En un informe sobre un posible proyecto de ley de eutanasia o suicidio asistido más que decir “sí” o “no”, sería más interesante aportar argumentos y datos para que la sociedad reflexione sobre si estamos cogiendo un atajo para algo que deberíamos abordar de frente.

El Consejo de Europa ha pedido a los países miembros una opinión sobre un tema delicado: ¿Los hijos nacidos por reproducción asistida tienen derecho a saber quiénes son sus progenitores? ¿Qué piensa el Comité?

Estamos trabajando ese informe y se publicará en breve, pero no puedo adelantar nada.

Si en sus conclusiones se pone por delante el derecho a la identidad del nacido por reproducción asistida al de la intimidad de los progenitores, los negocios de las clínicas privadas, previsiblemente, se pondrán en pie de guerra…

Lo primero que deben saber esas clínicas es que en Europa ha habido un cambio. Más allá de casos concretos de abusos que se han escondido bajo el manto del anonimato en el ámbito de la reproducción asistida-médicos que han usado su propio esperma, donantes que se han utilizado en exceso…-, hay que tener en cuenta que el principio de interés superior del menor ha cobrado fuerza en nuestro Derecho. Ahora tiene tanta fuerza que, al enfrentar el derecho a la intimidad del donante frente al de la identidad del menor, la brecha es clara. Es difícil de sostener. En España, desde 2015, el menor adoptado tiene derecho a conocer su origen. La adopción y la reproducción asistida son dos fenómenos diferentes, pero que el adoptado tenga un derecho que se le niega al segundo, como poco habría que discutirlo.

Después de muchos años en este ámbito de la bioética, ¿ve demasiados intereses económicos o ideológicos detrás de los grandes temas éticos de nuestra salud?

No. Es verdad que en algún caso hay intereses ajenos, pero nunca nos hemos sentido presionados para no decir lo que pensamos. Somos un país muy respetuoso.

¿La industria farmacéutica española es ejemplar en sus responsabilidades éticas?

La industria farmacéutica ha hecho y hace mucho bien por las personas y por su salud. Hay empresas privadas que logran más bienestar que algunas públicas. Lo único que le achacaría es que todavía son poco transparentes en sus costes. Tenemos un problema en cuanto a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) con los medicamentos biológicos, porque pagar unas cantidades enormes por un producto, si está justificado, habrá que hacerlo, pero si no hay transparencia en los costes, siempre permanece la duda sobre los elevados precios que asume el SNS. La industria no es un negocio fácil, pero a veces se percibe que los medicamentos cuestan una determinada cantidad durante un tiempo y no sabemos realmente cuándo se amortiza esa patente, teniendo en cuenta que el gasto de la industria no es solo el de ese medicamento, sino el de los miles de proyectos que compagina… La transparencia es positiva, sobre todo en este marco en el que los problemas de sostenibilidad del SNS afectarán, sobre todo, a la industria. Y eso es malo para todos.

Los temas polémicos de la bioética están al pie de la consulta de los médicos de España. Algunos no saben bien cómo gestionar lo que unas veces consideran opinable, otras, ideológico; y otras, un lío para resolver con calma, pero no tienen tiempo. Por lo general, el médico cobra mal, se forma como puede, investiga poco, y tiene una sobrecarga asistencial. ¿El Comité de Bioética de España aborda la precariedad laboral de los profesionales sanitarios, o eso queda en manos de sindicatos y corporaciones profesionales? Al final, entiendo, ejercer la Medicina con ética puede ser pedir peras a un olmo quemado…

Hemos empezado a trabajar sobre profesionalismo médico, los retos del SNS para ser sostenible, la situación de los profesionales sanitarios, la realidad de la continuidad asistencial… El tema de la sobrecarga laboral nos preocupa, también en el ámbito de la justicia, porque hemos creado un estado social que tiene un coste y que estamos intentado sacar adelante con el sacrificio de muchas personas. Claramente es un problema ético, porque una buena asistencia exige tiempo, y humanizar la sanidad no es solo tratar bien a los pacientes, sino, sobre todo, dedicarles el tiempo suficiente para que los actos médicos no sean puramente mecánicos, sobre todo en Atención Primaria, donde el nivel de saturación de sus profesionales es muy serio.

La sanidad es una de las patas del Estado del Bienestar, y muchos ciudadanos ponen sus esperanzas en la calidad de sus prestaciones y, sobre todo, de sus profesionales. Como las competencias en la materia están trasferidas a las comunidades autónomas, no sé si hay algún organismo capaz de velar para que el SNS no se quiebre por falta de recursos. No sé si el Ministerio de Sanidad llega o no. No sé si al ser un ministerio-trampolín bastante coyuntural para los últimos gobiernos, nadie acaba de coger por los cuernos ese nubarrón permanente que se cierne sobre el cielo sanitario español.

La descentralización de las competencias me parece que ha sido positiva, otra cosa es la labor de control y seguimiento que requiere nuestro SNS. La Unión Europea no tiene competencias en muchas materias, pero coordina y controla bien. Esa sería la labor del Ministerio de Sanidad. De todas formas, si la salud es el bien más importante para los individuos, debe ser una cuestión transversal que afecta a todas las políticas. No tiene sentido hacer memorias de impacto de las leyes valorando el impacto de género, el impacto medioambiental, el impacto económico, y el impacto en infancia, y que no valoremos el impacto de las leyes en la salud de la población. La salud no es el Ministerio de Sanidad. Su importancia justifica que sea un bien que custodien todos los ministerios, porque todas las decisiones tienen un impacto en nuestra salud que a veces solo se analizan a posteri, y eso, de algún modo, lo dice la Ley General de Sanidad, que es de 1986… Federico Montalvo

¿Este modelo sanitario es viable?

Tenemos un modelo muy volcado a lo asistencial y poco a lo preventivo. Nos está salvando la Atención Primaria y unos hábitos más o menos saludables. Pero tenemos niños obesos. Debemos empezar a plantearnos qué hace cada persona por su salud, y no solo lo que hace un hospital. Las políticas transversales de salud implican formación y educación.

Big Data. Confidencialidad. Las nuevas tecnologías abren ya nuevas brechas éticas sanitarias. ¿Hacia dónde vamos realmente?

Se nos plantea un cambio total de paradigma. Hasta ahora gestionábamos los datos de salud de manera muy protegida garantizando, por encima de todo, la confidencialidad y la intimidad de las personas. Con el Biga Data nos damos cuenta de que mis datos pueden servir para salvar la vida de los demás, que no son solo cuestiones que me afectan a mí. Si los uso para avanzar en la lucha contra las enfermedades, pueden ser muy útiles. Quizás, a través de un nuevo modo de gobernanza, debemos promover sistemas para que los datos de salud se conviertan en patrimonio de la humanidad. Se trataría de una nueva perspectiva que trate los datos como un bien común por encima de su actual carácter exclusivamente individual, que serían utilizados, lógicamente, con las garantías oportunas. Es el cambio del llamado paradigma de Helsinki -muy restrictivo para la investigación, porque pivotaba solo sobre el consentimiento informado- a uno en el que pierde fuerza el consentimiento y la ganan los sistemas de seudonimización. Las nuevas tecnologías son capaces de aprovechar los datos para el bien de la sociedad y garantizar, a la vez, que nadie sin legitimidad tenga acceso a ellos.

¿Serían datos gratis al servicio de las instituciones públicas y de las privadas?

Ahora ambas realidades van de la mano... Lo privado genera más inquietud, pero es verdad que los grandes consorcios europeos de investigación son público-privados. Lo que deberemos garantizar es que un investigador o una institución público-privada tenga acceso a los datos y a la persona, pero sin que un tercero ajeno sepa nada del sujeto. La única manera de investigar bien en muchos de los proyectos científicos en marcha es reidentificando a la persona emisora para verificar los resultados. Hay tecnologías de sobra para avanzar en ese terreno sin perder ningún derecho.

¿Qué retos tiene usted sobre la mesa con el sello de “urgente”?

La tecnología CRISPR/Cas9 -una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula- plantea muchas incógnitas, porque esas tijeras biotecnológicas de momento no se usan por motivos de seguridad, pero en el momento en el que el sistema sea seguro, ¿las usaremos solo para curar, o también para mejorar? Teniendo en cuenta que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es bastante amplia, veremos. La alteración de los genes de un individuo como mejoramiento es un tema urgente de debate. Además, en la UNESCO estamos pensando en todo el mundo de la reproducción humana y sus consecuencias en los nuevos modelos de familias, conceptos de paternidad, la gestación subrogada…, porque hay cambios que no solo alteran la salud, sino que están modificando la sociedad y sus instituciones.

Los antivacunas han encontrado eco en las redes sociales. ¿Un médico antivacunas debe ser sancionado? ¿A unos padres antivacunas se les debe retirar la patria potestad? ¿Por qué se tarda tanto tiempo entre que se ve el problema y se toman medidas en temas de salud pública con evidencia científica de sobra?

Uno de los principales problemas de la Medicina es tener éxito. Por paradójico que suene, el éxito de la Medicina puede ser el inicio de su fracaso. El éxito de las vacunas hace que la gente piense que no son necesarias. Es el momento de reforzar la información y la educación para hacer ver a la sociedad que las enfermedades no desaparecen. La cronificación del VIH ha provocado que hayamos pasado de 1.000 casos hace diez años, a los más de 3.000 actuales. Es insólito, pero el VIH ya no está en boca de la gente, y no se percibe como un riesgo, aunque exista y esté ahí. En los países del Este de Europa sorprende mucho el debate antivacunas, porque ellos han tenido epidemias hasta hace muy poco.

¿Debe sancionarse a los padres que se acogen a esas corrientes sin fundamento científico?

La ley prevé que en el caso de que un padre no quiera vacunar a su hijo o le ponga en situación se riesgo, se limite la patria potestad, y después se le devuelva. Que un padre decida poner en riesgo a su hijo porque considera que las vacunas no son necesarias me parece muy frívolo. Las vacunas del calendario vacunal han demostrado su eficacia y creo que un padre no puede poner en riesgo a su hijo, ni en el ámbito de la salud, ni en ningún otro.

De todas formas, creo que hay que ser ingeniosos con el debate sobre las vacunas. En la vida oscilamos habitualmente entre negros y blancos, y existen situaciones intermedias como, por ejemplo, los incentivos. Si la educación y la formación en salud pública fallan, porque la sociedad no percibe el riesgo de las epidemias, y la obligatoriedad puede encontrarse con reacciones a la contra, busquemos fórmulas incentivando la vacunación con ayudas a los padres o con deducciones fiscales… Esas fórmulas, algunas de ellas premiadas con el Nobel de Economía, nos pueden servir para repensar las cosas.

¿Es madura una sociedad que solo responde a los incentivos, sin valorar el SNS que tenemos?

La sociedad, a veces, es un poco ligera…

¿Dejar fuera de la sanidad pública a un médico antivacunas sería un mensaje nítido para que la sociedad entienda que no hablamos de temas opinables?

Igual eso generaría una mayor alerta… El miedo a adoptar medidas más contundentes, que estarían justificadas en casos concretos, está motivado porque podría tener un efecto rebote en la calle. El Derecho no debe resolver los problemas a bastonazos. Incluso, a veces, si resuelve la mitad de los problemas, al menos resuelve algo siendo prudente. Expulsar de colegios profesionales a médicos contrarios a las vacunas o privar de patria potestad a padres puede ser imprudente. Desde luego, es un tema preocupante, sobre todo desde que supimos que en Italia la tasa de vacunación descendió casi un 20% y es un país muy parecido al nuestro… Pienso que estamos ante una batalla social más que científica o sanitaria.

¿Qué relación hay y no debe existir entre bioética e ideología?

La bioética puede estar influida por la ideología de las personas, por su visión propia del mundo. Nadie prescinde de su ideología en Derecho o en bioética. Otra cuestión es ser partidistas... El problema es cuando la ideología personal cobra tanto protagonismo que nubla la vista e impide razonar. 

¿Y entre bioética y religión?

En el campo de la bioética trabajan personas creyentes y no creyentes. Lo importante es que ambos sean capaces de traducir sus valores a la realidad social, porque comparten sustratos éticos que mejoran nuestra sociedad y fomentan los consensos. Los valores de la autonomía, de la libertad y de la dignidad, por ejemplo, son valores seculares con un origen religioso que nos unen a todos.

Hablando de lo divino: ¿tiene miedo a que nos creamos demasiado dioses como para jugar con nuestra naturaleza sin más límites que las posibilidades?

Vivimos un doble embrutecimiento: un embrutecimiento hacia abajo, tratando de equiparar a los seres humanos con los animales, como si fuéramos una especie más que ha evolucionado causalmente, y obviando la especificidad de los hombres y mujeres, como propugnan los movimientos animalistas; y un embrutecimiento hacia arriba, que consiste en equipararnos a las máquinas hasta llegar a decir que somos perfectamente prescindibles y sustituibles, porque somos una máquina más. Son dos corrientes que nacen de orígenes distintos y que tienen objetivos diferentes, pero que acaban lanzando el mismo mensaje: lo humano no es especial.

Más allá de ser atendidos convenientemente por el Gobierno para que la bioética esté presente en sus leyes y el propósito de conseguir que el impacto en salud se tenga en cuenta de oficio con carácter transversal, ¿qué más retos tiene la bioética española en su madurez?

Una vez que la bioética española se ha consolidado con grandes autores, tenemos dos retos prioritarios: que llegue cada vez más a Iberoamérica, y no porque necesiten ninguna tutela, sino para compartir ideas con ellos, como ha sucedido con el Derecho, en general; y crear un discurso bioético mediterráneo, porque el discurso utilitario del norte de Europa no es el nuestro. En la bioética mediterránea hay elementos culturales y antropológicos que pueden aportar más que una bioética utilitarista. Con Portugal, Italia, Grecia, Francia, e incluso Turquía, podría ser enriquecedora trabajar una bioética ajena a la anglosajona, también teniendo en cuenta que cuando se habla de esta ciencia se cita mucho a Aristóteles. A nosotros no nos importa solo la igualdad, sino también la equidad. Con una bioética utilitarista las enfermedades huérfanas, por ejemplo, estarían ya sentenciadas al ostracismo.

REBOBINANDO

Agustín Zamarrón es médico y es el diputado más longevo del nuevo Parlamento español en esta XIII legislatura. Lo han visto ustedes en medios, televisiones y memes. Barba blanca XXL. Ha sido el maestro de orquesta de la Mesa de Edad en la sesión constitutiva del Congreso. El de “dejen expedito el pasillo izquierdo, porque tenemos que ir con la sacra urna a ver a Pablo Echenique”. El de “Hemos creado una cola más grande que la del pan en la época de la carestía”.

A sus 73 años el doctor Zamarrón inaugura nueva etapa en su vida como diputado socialista por Burgos. Antes y después de conquistar la tribuna y la opinión pública, este amable caballero es médico.

Justo después de que este histórico socialista de Mirando del Ebro fuera elegido diputado, Zamarrón cerró su etapa como miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial: el corazón bioético de los profesionales españoles de la Medicina.

Cuando el veterano subió a la palestra, como buen especialista en Medicina Interna, después de una anamnesis, de palpar el paño y mirar, se hizo con el Congreso. Igual ya hay camisetas de Zamarrón Presidente. Otro ZP, pero con historia clínica.

La cuestión es que este señor, que se hizo médico por ser socialista, y se hizo socialista por ver con sus ojos y oír con sus oídos la realidad de la pobreza, ha estado en el cogollo bioético de los médicos de España y es, también, una buena manera de explicar esta conversación.

Poniendo el foco en la fachada, a Zamarrón le han asemejado a Gandalf, el mago enviado a la Tierra Media durante la Tercera Edad del Sol para ayudar a sus habitantes en la lucha contra el “señor oscuro” Sauron. Le han comparado también con Valle Inclán, y sus esperpentos, sus Luces de bohemia y El ruedo ibérico.

De alguna manera, con las pinzas metafóricas del contexto, esencial en leyes y en periodismo, la bioética es un Gandalf con la magia del sentido común, el conocimiento, y el amor a la sana praxis, y un Valle Inclán que pone en negro sobre blanco el esperpento para nuestra especie que supone sentar al utilitarismo a los mandos de la dignidad humana.

Lo que de Zamarrón no han dicho lo memes, aunque se enrole en su barba, en sus miradas-del-Ebro y sea evidente, es la transparencia de una conciencia libre puesta al servicio de la sociedad. Como médico. Como político. Esa honestidad clara, ajena a los intereses personales -ombligo, dinero, cargos, focos- por el bien de la humanidad, es también bioética. Esa parte de la bioética que damos por hecho, y, sin embargo, debemos agradecer. Porque mientras dormimos en mil cosas, hay personas que velan para que no nos muten el ADN por decreto ley.Federico Montalvo

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