La reconstrucción de la sanidad tras el coronavirus (I): El sistema sanitario en el quirófano de 20 líderes del sector

Una Ley General de Sanidad de hace 34 años y dos semanas. Una Ley de Salud Pública aprobada en 2011 y activada a medias. Una atención primaria (AP) crónicamente Cenicienta. Una crisis económica que lleva doce años aparentando el cinturón a un sistema sanitario envidiado en la teoría y achacoso en la práctica. Un Ministerio de Sanidad sin peso político. Una crisis de liderazgo sanitario en una orquesta desafinada con 17 sistemas autonómicos de salud, más el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ceuta y Melilla). Una financiación con ineficiencias. Unos profesionales sanitarios maltratados a los que se confía más peso del que prescribe Hipócrates. Una ciencia sin recursos y con techo. Una sociedad envejecida entre patologías crónicas. Un debate cíclico sobre las carencias para acabar poniendo tiritas. Un Sistema Nacional de Salud (SNS) con respirador.

Estos son algunos de los antecedentes con los que la sanidad española se puso a combatir el coronavirus que ha hecho añicos el mantra político que desescalará de los discursos esta pandemia: “Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo”. Porque el virus evidencia en las radiografías una esquizofrenia tratada con procrastinación: existe un SNS teórico -palabras, declaraciones, planes integrales, organismos paralelos, infraestructuras de papel, recomendaciones, estrategias nacionales…- y un SNS real, que está en las raspas. Aunque tiene músculo de sobra para renacer de las cenizas de esta crisis epidemiológica si los políticos y la sociedad entera quieren. ¿Puede ser el coronavirus el reset que estaba pidiendo a gritos una sanidad en paliativos crónicos? Evidentemente.

Confidencial Digital ha escuchado el análisis y las propuestas de 20 líderes de la sanidad española para poner la anamnesis y las recetas en bandeja a quienes se centran en lo urgente, pero no pueden descuidar el escenario que viene, y también a quienes se sentarán a pensar en la reconstrucción del país antes de que el cortoplacismo agrave las llagas de uno de los pilares de nuestro Estado de bienestar. Si la sanidad española no resurge después de este tsunami y todo sigue como estaba cuando el virus desaparezca del primer plano político y social, se perderá la ocasión de abandonar el Talgo para seguir el trayecto en AVE. Lo recuerda Vicente Ortún: “Como apuntaba Camus en la novela que muchos hemos leído o releído estas semanas, la peste tiene alguna acción benéfica: ¡Que abre los ojos, que hace pensar!”.

Un G-20 multidisciplinar y transversal

Entre una treintena de expertos consultados, veinte han tenido tiempo y ganas de colaborar en esta propuesta constructiva de reconstruir el SNS. Son:

1. Lamata, Fernando. Médico especialista en Psiquiatría, experto en Salud Pública. Director de la Escuela Nacional de Salud (1989-1992), consejero de Salud y Asuntos Sociales en Castilla-La Mancha entre 2000 y 2004, y entre 2008 y 2011, y secretario general del Ministerio de Sanidad entre 2004 y 2005, entre otras muchas responsabilidades políticas sanitarias autonómicas y nacionales.

2. Martín Zurro, Amando. Especialista en Medicina de Familia, profesor de la Universidad de Barcelona (1987-2001) y de la Autónoma de Barcelona (2002-2007). Codirector del Plan de Innovación de la Atención Primaria y Salud Comunitaria de Cataluña desde 2007. Editor de la revista Atención Primaria.

3. Repullo, José Ramón. Profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

4. Mayol, Julio. Profesor de Cirugía acreditado como catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Director médico del Hospital Clínico de san Carlos (Madrid).

5. Matesanz, Rafael. Nefrólogo. Fundador de la Organización Nacional de Trasplantes.

6. Romero, Serafín. Médico de Familia y presidente de la Organización Médica Colegial.

7. Máñez, Miguel Ángel. Economista, especialista en gestión sanitaria. Unidad de Desarrollo Profesional y Gestión del Conocimiento del Servicio Madrileño de Salud.

8. Zapatero, Antonio. Médico, especialista en Medicina Interna. Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID de la Comunidad de Madrid. Director del Hospital de IFEMA. Presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme).

9. González Armengol, Juan. Médico especialista en Medicina Interna y urgenciólogo. jefe de la Unidad de Urgencias del Hospital Clínico de San Carlos. Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).

10. Martínez Olmos, José. Médico especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva. Director General de Farmacia del Ministerio de Sanidad (2004-2005) y secretario general del Ministerio de Sanidad (2005-2011). Ex diputado y ex senador del PSOE. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

11. García Olmo, Damián. Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid).

12. Padilla, Javier. Médico de Familia. Coautor del extinto blog Médico Crítico. Coordinador del libro Salubrismo o barbarie y autor del reciente ensayo ¿A quién vamos a dejar morir?

13. Ortún, Vicente. Doctor en Economía con estudios de doctorado en Salud Pública en la Universidad Johns Hopkins. Profesor emérito y ex decano de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Fundador y miembro del Centro de Investigación en Economía y Salud. Ex presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ex presidente de la Asociación de Economía de la Salud, y miembro de mérito de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria.

14. Casado, Salvador. Especialista en Medicina de Familia y en divulgación constructiva de la Atención Primaria. 

15. Sánchez Perales, Fernando. Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Torrejón. Presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha.

16. Abarca Cidón, Juan. Especialista en Medicina de Familia. Presidente de HM Hospitales. Secretario general de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) de 2010 a 2015. Miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad entre 2012 y 2019.

17. Santillán, Azucena. Enfermera. Directora del Máster en Enfermería Basada en Evidencias e Investigación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Técnica en asesoramiento científico del Parlamento.

18. March, Joan Carles. Ex director de la Escuela de Salud Pública de Andalucía (2005-2017). Codirector de la Escuela de Pacientes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Investigador y profesor de la EASP.

19. Segura Benedicto, Andreu. Especialista en Salud Pública. Vocal del Consejo Asesor de Salud Pública, Bioética y Estrategia Nacional de la Atención Primaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Ex presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.

20. Montoliu, Lluis. Investigador del Departamento de Biología Molecular y Celular del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Método y análisis de la gestión de la COVID-19

La mayoría de los expertos citados (16) han participado en un cuestionario elaborado por Confidencial Digital en el que se solicitaba un análisis de la gestión política del coronavirus y propuestas en diferentes áreas con el afán de aunar su talento y su experiencia para quienes diseñen la reconstrucción. Otros han enviado sus textos sin limitaciones de preguntas, pero con el mismo enfoque, y otros han sido consultados en las cuestiones más específicas de sus especialidades profesionales.

Iremos desglosando todas las respuestas en dos reportajes simultáneos destacando las aportaciones de cada uno de los expertos consultados.

De los 20 participantes, 14 evalúan la gestión del Gobierno frente a la COVID con un 4,7 de media. Deficiente. Siete de ellos aprueban al Ejecutivo (dos de ellos con un sobresaliente), y los otros siete, le suspenden (uno con un 0, y otro, con un 1). Aunque, como destacan Martín Zurro y Segura Benedicto, “juzgar la gestión sanitaria de la pandemia a partir de una simple cifra no proporciona una idea clara sobre los aciertos y errores cometidos”. Ambos consideran que “es demasiado pronto para valorar la gestión de la pandemia, a pesar de que algunas decisiones nos parecen discutibles y creemos que lo más adecuado ahora es contribuir a salir de esta situación, lo que no quita para que las autoridades sanitarias deban rendir cuentas en su momento”. 

Los dos apuntan, sin embargo, que “la perspectiva con la que se ha abordado la pandemia ha sido excesivamente hospitalocéntrica. Es posible que una visión más equilibrada entre atención primaria, salud pública y hospitalaria hubiera posibilitado medidas más específicas sobre las personas infectadas, contactos y grupos de alto riesgo -como, por ejemplo, las residencias de ancianos- y menos indiscriminadas como el confinamiento draconiano que padecemos, con sus graves consecuencias sociales y económicas. Pero, desgraciadamente, es casi seguro que no podremos llegar a saberlo con certeza”.

Martín Zurro y Segura creen que “la perspectiva con la que se ha abordado la pandemia ha sido excesivamente hospitalocéntrica. Es posible que una visión más equilibrada entre atención primaria, salud pública y hospitalaria hubiera posibilitado medidas más específicas”

No son los únicos que ponen sobre la mesa un enfoque contra el coronavirus excesivamente centrado en hospitales que no ha sabido sacarle partido a la preparación de los profesionales de atención primaria, como detallaremos más adelante.

Reflexionando sobre lo que muchos de ellos han vivido en primera línea -entre la sociedad y las decisiones políticas, entre la agresividad del virus y la incertidumbre mundial- destacan, en general, que esta crisis ha puesto de manifiesto que “la sanidad pública es importante para todos”, como destaca Fernando Lamata. La mayoría considera que la universalidad del Sistema Nacional de Salud “ha quedado más patente” durante estos días de hiperventilación nacional, aunque 5 de los expertos creen que “ha quedado en entredicho”, lo cual abre una ligera grieta en una de las características esenciales de la sanidad española según sus leyes constitucionales.

Todos, sin excepción, destacan en su historia clínica de esta pandemia que urge desarrollar mecanismos de coordinación entre el Gobierno -Ministerio de Sanidad- y las comunidades autónomas, incluso con otros países, porque “las enfermedades no conocen fronteras”, según resalta García Olmo. Para ello, coinciden en que el Ministerio de Sanidad debe ser fuerte, “una cartera de peso” real, matiza González Armengol. Como reseña Sánchez Perales, “la gestión de la Sanidad puede estar transferida, pero las políticas de salud deben ser de ámbito nacional”.  Está claro que la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de 2003, necesita un impulso.

Sánchez Perales: “La gestión de la Sanidad puede estar transferida, pero las políticas de salud deben ser de ámbito nacional”.  Está claro que la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de 2003, necesita un impulso.

Leyes criogenizadas y ‘pedaleo’ sin cadena sobre la AP

En los antecedentes del binomio coronavirus-respuesta sanitaria española, esencialmente todos los líderes de la sanidad que ponen su experiencia a disposición de este análisis constructivo destacan que tenemos leyes y estrategias muy pensadas, pero congeladas desde hace tiempo, como La Ley General de Sanidad, de 1986 que, según Máñez “necesita una revisión muy profunda” desde hace demasiado tiempo. Lo apuntan también Martín Zurro y Segura, que entienden que esta criogenización de la norma que regula el marco sanitario español demuestra una “incapacidad política clara para corregir algunos de los problemas no resueltos por esta ley y la falta de voluntad innovadora para adaptar el sistema a los cambios sociales de todo tipo acaecidos desde los años 80”.

De todas formas, ante las características de esta crisis sanitaria y social, donde casi todos ponen más énfasis es en denunciar la parálisis de la Ley de Salud Pública, en vigor desde 2011, pero desfondada casi desde el principio. Vicente Ortún subraya que “la prolongada suspensión de su desarrollo normativo muestra ahora los perjuicios del cómodo o interesado no hacer”. Para Matesanz, lo primero que deberíamos hacer para reforzar la salud pública es, precisamente, desarrollar esta ley, “que quedó en suspenso en muchas de sus disposiciones por la anterior crisis” económica.

Para Rafael Matesanz, lo primero que deberíamos hacer para reforzar la salud pública es desarrollar esta ley de 2001, “que quedó en suspenso en muchas de sus disposiciones por la anterior crisis” económica

Donde la procrastinación política y social se manifiesta, quizás, con más ímpetu estos días es en todo lo que hace referencia al primer nivel asistencial de la sanidad española. El 11 de enero de 1984 se aprobó el Real Decreto 137/1984 sobre estructuras básicas de salud: el epicentro normativo con el que se regulaban los equipos de atención primaria (AP). 36 años después, la AP sigue muy viva, pero con muchas deficiencias que acaban por sepultar los progresos sanitarios y sociales que han liderado, hasta el momento, la gran mayoría de sus profesionales.

Las condiciones laborales, la falta de financiación y las escasas expectativas de desarrollo profesional de sus profesionales, entre otras cosas, han hecho que con 36 años y una supuesta madurez, la atención primaria siga siendo una adolescente con enorme potencialidad, pero con un importante déficit de crecimiento, a pesar de los años de quejas casi constantes, la pasividad administrativa -palabras muy elocuentes, medidas más efímeras que una tirita- es una evidente irresponsabilidad que ahora nos ha salpicado a todos con más fuerza. Entre otras cosas, porque como dice Sánchez Perales, sus profesionales “deben ser los líderes de la salud de la población y el mejor ámbito para coordinar toda la atención sociosanitaria”, pero necesitan los medios y las medidas de una política sanitaria que habla de que la AP es el eje sanitario, y después lo centraliza todo en torno a los hospitales.

La AP sigue siendo una adolescente a sus casi 40 años. Tiene una enorme potencialidad, pero padece un importante déficit de crecimiento. La pasividad administrativa es una evidente irresponsabilidad que ahora nos ha salpicado con más fuerza

Seguramente, de esta crisis se subraye el enfoque comunitario de la especialidad de la Medicina de Familia y la atención domiciliaria, y quizás se consagren las posibilidades de la telemedicina, protagonista de la descongestión de los centros de salud y las urgencias hospitalarias en los días más tórridos de la conquista sin alma de la COVID-19. Como destaca Ortún, “el papel de la AP ha sido muy dispar entre comunidades. En algunas ha quedado virtualmente eclipsado por los responsables de salud pública y vigilancia epidemiológica, pero en otras ha mostrado su plasticidad cambiando radicalmente su forma de trabajar. Ha aprendido en 24 horas a hacer telemedicina por teléfono, ha seguido a los contactos de los casos confirmados, ha pautado pruebas y ha atendido a los ancianos de las residencias que constituyen el grupo de población identificable más vulnerable a la enfermedad. En pocos días ha adaptado su práctica diaria a los nuevos requerimientos desde sus propias bases conceptuales. Lo que se consideraba impensable cuando lo escribía un arbitrista, se ha materializado como despliegue natural de las funciones intrínsecas de la AP en una situación insólita”.

La marginación política de la AP tiene mucho que ver con uno de los principales problemas del SNS cuando se saca de los cánones de iridio de las palabras bonitas y se baja al terreno ordinario del día a día, el que palpan sus profesionales: la escasa financiación. Según Antonio Zapatero, para potenciar el primer nivel asistencial “hay que presupuestarlo como se merece, porque hasta ahora no llega al 16% de todo el presupuesto sanitario, y es la puerta de entrada al sistema sanitario”.

La AP es el futuro, pero la Administración se empeña en que la veamos en tonos sepias. Como muestra, una impresión: ¿Cuántas veces hemos oído durante esta pandemia la palabra “ambulatorio”? Desde 1984 se habla de centros de salud y en la calle -y algunos medios de comunicación- ese lenguaje no ha calado tres décadas y media después.

Sanidad y servicios sociales, una alianza lógica sin reflejo político

La pandemia del coronavirus nos ha llegado justo en la legislatura en la que el presidente del Gobierno ha decidido romper un matrimonio consolidado en la política española: la unidad en la gestión de la sanidad y los servicios sociales. En este caso, lo han pagado particularmente las residencias de personas mayores, actualmente en manos del mando único, en la persona del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Casi todos los expertos consultados comparten la necesidad de crear un Sistema Nacional Sociosanitario en el que la sanidad y los servicios sociales compartan políticas activas que supongan avances para una sociedad española que envejece en progresión aritmética.

Casi todos los expertos consultados comparten la necesidad de crear un Sistema Nacional Sociosanitario en el que la sanidad y los servicios sociales compartan políticas activas para una sociedad española que envejece en progresión aritmética

A estas alturas de lo vivido, casi todos consideran que “no tiene sentido que la sanidad y los servicios sociales sigan sin estar coordinados”. Lo destacan, por ejemplo, Martínez Olmos: “Buena parte de lo que ha pasado en el ámbito de las residencias de mayores, tanto en España como en la mayor parte de los países europeos, apunta a la necesidad de una gestión conjunta”; o Padilla: “Se ha demostrado que no podemos avanzar separados, porque entonces los servicios sociales seguirán siendo la pata coja del sistema. La creación de un Sistema Nacional Sociosanitario se presenta más necesaria que nunca”. Abarca Cidón habla, incluso, de “un sistema de protección social” con un enfoque más amplio “que siga a los ciudadanos desde que nacen hasta que mueran”.

Martín Zurro y Segura exponen que “la evolución social y demográfica de las sociedades desarrolladas con el incremento en la esperanza de vida, los cambios en las dinámicas de los núcleos familiares, la emergencia de las patologías crónicas y, con ellas, de las situaciones de dependencia, hacen imprescindible contemplar abordajes coordinados o integrados de la problemática sanitaria y social generada. Ello no quiere decir que todos los aspectos estratégicos, de financiación y organizativos tengan que pivotar exclusivamente alrededor del sistema sanitario ya que, además de la sanidad y los servicios sociales es preciso contemplar otros sectores que intervienen en este campo”

Con la memoria histórica de una experiencia conjunta, destacan que “no es conveniente olvidar que, por ejemplo, tras la caída de la dictadura, el gobierno de la Generalitat de Cataluña agrupaba en un mismo departamento las responsabilidades sociales y sanitarias, que se disociaron en 1980 tras las primeras elecciones autonómicas. Es lo mismo que ocurriría en el Gobierno español después de las elecciones de 1982. Se trataría de recuperar una integración administrativa no inédita que, probablemente, se deshizo por motivos electoralistas y, tal vez, clientelares”.

Lamata destaca que los efectos de la pandemia sobre las residencias de mayores “hacen preciso replantear este sector a fondo. Es preciso un esfuerzo para crear una red de servicios que se coordine estrechamente con los servicios de salud”. Otra norma que habrá que mirar con lupa para ver si se cumple o si incluye muchas bombas de humo de buenas intenciones que no sirven es la Ley de Dependencia, de 2006, porque su propósito de promocionar la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia no puede ser una partida económica en la cuenta de personas mayores con limitaciones físicas o psíquicas, sino muchas prestaciones más, como hemos visto en 3D en todas y cada una de las residencias de la tercera edad en un país sin nacimientos y con demasiados ancianos aparcados en centros asistenciales sin recursos.

Un sistema gigante a hombros de los profesionales sanitarios

Dice Salvador Casado que “la prioridad” para levantar el SNS es “conseguir que los profesionales sanitarios vuelvan a confiar en un sistema que les ha vuelto a traicionar”. Son palabras sin mascarillas que reflejan una corriente común entre muchos profesionales sanitarios que se han visto abandonados por las administraciones nacional y autonómicas, a pesar de la sobrecarga laboral, del estrés de la situación, de las peculiaridades de una enfermedad que les ha confinado en el trato con sus familias, y del ejemplo de entrega con el que han respondido al reto sin medidas de protección dignas, ni siquiera dos meses después de los primeros casos de contagio.

Salvador Casado: “La prioridad para levantar el SNS es conseguir que los profesionales sanitarios vuelvan a confiar en un sistema que les ha vuelto a traicionar”

Mientras Banksy y una gran muchedumbre en la opinión pública habla de héroes y se conforma con aplaudir a los sanitarios desde los balcones, lo cierto es que una mayoría de sanitarios españoles se sienten maltratados por el poder político desde hace muchos años. El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, resume esa impresión generalizada e injusta en esta idea: “Nos daríamos por satisfechos si se consideraran las reivindicaciones que nos han hecho salir a la calle estos dos últimos años y que nos hubieran llevado también a hacerlo este año, sin lugar a dudas. No estoy demandando una gratificación fija, a la cual no me opongo. Lo que demandamos es reconocimiento y dignidad”. Con demasiados sanitarios muertos, muchos contagiados, y casi todos desbordados. Con unos poderes políticos que han tenido que escuchar al Tribunal Supremo la obligación de “adoptar todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario”, la prioridad de afrontar las deficiencias de los recursos humanos de la sanidad española es una obligación primaria y moral.

Los profesionales sanitarios se han enfrentado al coronavirus de cara y sin ningún tipo de escudo: muchos son personal eventual, habitualmente trabajando en un marco de inestabilidad laboral, con sueldos mejorables, con talento de sobra, pero oprimidos por una estructura lenta, incapaz de acelerar el paso al ritmo de la innovación, la tecnología y el compromiso profesional. Lo expresa Javier Padilla en una exploración vivida desde dentro: ¿Cómo conseguir el reconocimiento real de los profesionales sanitarios que se han dejado la piel y la salud en esta crisis a partir de ahora?: “Disminuyendo la tasa de temporalidad, ofreciendo la posibilidad de estabilizar las plazas sin tener que esperar periodos de 5 años entre ofertas públicas de empleo; mejorando las condiciones laborales -ratios, reducción o eliminación de los turnos de 24 horas, políticas de conciliación-, mejora salarial, sobre todo en las categorías profesionales con menor salario y mayor tasa de precariedad, con formación financiada y con capacidad de control de su trabajo, especialmente en AP”.

Muy gráfico y concluyente este apunte de Rafael Matesanz, fundador de la ONT: “Los sanitarios españoles realizan un trabajo del más alto nivel de la Europa' target='_blank'>Europa Occidental, pero con salarios de Europa' target='_blank'>Europa Oriental. Esto es lo primero que habría que solucionar, a la vez que se les ofrece mayor capacidad de autogestión y autoorganización, con menos interferencias políticas”.

Rafael Matesanz: “Los sanitarios españoles realizan un trabajo del más alto nivel de la Europa Occidental, pero con salarios de Europa Oriental. Esto es lo primero que habría que solucionar”

Enfermería y Urgencias

Otro debate calcificado en estos años es el papel de Enfermería en la sanidad española. Salvo algún paso mínimamente invasivo por parte de las autoridades competentes, el coronavirus nos ha enseñado la grandeza y la necesidad de esta profesión, aunque muchos de las enfermeras y enfermeros de España llevan años en la última fila de la clase. A veces por falta de confianza propia, pero la mayoría, porque la gestión de la sanidad a corto plazo pivota en hospitales y médicos. Joan Carles March lo tiene claro: “Las enfermeras son clave y su papel debe ser clave para el cambio del SNS”.

Azucena Santillán, voz de Enfermería en este G-20 y única referencia femenina -aunque hemos intentado que fueran más, no hemos conseguido la participación de referentes como Ana Pastor, María Teresa Moreno o Mónica García-, cree que “urge una reordenación de las profesiones sanitarias en donde se aproveche todo el potencial de las enfermeras y de las enfermeras especialistas, en particular. Esta reordenación debe hacerse utilizando como marco de referencia las necesidades reales de la población, y para esto es imprescindible un diagnóstico de situación, porque igual lo que hace falta es aumentar las plazas de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales”.

Azucena Santillán: “Urge una reordenación de las profesiones sanitarias en donde se aproveche todo el potencial de las enfermeras y de las enfermeras especialistas, en particular”

Santillán pone el dedo en otra llaga legal: en noviembre de 2003 el Gobierno aprobó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Esta norma fue un punto de inflexión, de manera singular, para toda la Enfermería. 16 años largos después, la ley cojea, entre otras cosas porque no se adapta al Espacio Europeo de Educación Superior y porque establece un horizonte laboral todavía muy conservador con respecto a lo que ya sucede en otros países de Europa y lo que se cuece en nuestra propia sociedad.

El coronavirus ha puesto en primera línea otra laguna severa de nuestra sanidad: la inexistencia de la especialidad médica de Urgencias y Emergencias en la formación de posgrado. Solo España, Austria, Chipre y Portugal siguen sin formar a sus sanitarios en el área principal donde se planta cara a una pandemia.

La creación de Urgencias lleva más de diez años sobre el tapete político. En abril de 2009, el ex ministro de Sanidad Bernat Soria anunció su creación, e incluso avanzó que se ofertarían plazas de formación médica en la especialidad en el curso 2011-2012. Ese mismo día dejó el ministerio. Trinidad Jiménez asumió entonces la cartera y durante su mandato dio a entender en muchas ocasiones que ese compromiso ministerial seguiría adelante. Pero nada.  Con Leire Pajín al frente, el Ministerio de Sanidad volvió a anunciar la creación de la especialidad de Urgencias en noviembre de 2011. Un mes después de aquellas palabras cesó en el cargo.

Con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa se enfrió el compromiso político adquirido con los profesionales de Urgencias. Desde 2011 hasta 2016 toman los mandos de la sanidad española Ana Mato, Alfonso Alonso y Dolors Montserrat y no hay avances, a pesar de que Europa había solicitado al Gobierno de España un paso adelante. Es verdad que en el abordaje político de la puesta en marcha de Urgencias media también el conflicto generado por los propios médicos, porque los especialistas de Medicina Interna y de Medicina de Familia, en muchos casos, han puesto zancadillas a esta especialidad, aunque después sean los urgenciólogos los que más tratan en consulta estas crisis sanitarias.

Cuando Pedro Sánchez tomó las riendas del Ejecutivo, la ministra Carmen Montón no tuvo mucho margen para mover ficha en los tres meses que duró su breve mandato ministerial. Su sustituta, María Luisa Carcedo, mostró su respaldo, pero ralentizó su creación. Salvador Illa llegó al ministerio en plena negociación Gobierno-Cataluña y unas semanas antes de la explosión del coronavirus. Aún no ha tenido tiempo de emplearse a fondo en muchas de sus competencias. Hasta ahora. Es verdad que, en 2018, la Comisión de Sanidad del Senado instó a su creación, pero eso ya es legislatura pasada y otro ejemplo de procrastinación, porque este balón también sigue botando en sede política desde hace una década.

Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, al frente de esta pandemia desde las urgencias del Clínico de san Carlos, resalta: “En lo que respecta a Urgencias, hemos hecho nuestro trabajo. Nos hemos infectado y algunos de los nuestros han muerto. Aparte de otras consecuencias, que las habrá, exigimos que el ministerio que cumpla la legislación y apruebe la especialidad. Que dejen de prevaricar en esa casa. Ya se ha hecho mucho. No necesitábamos esta tragedia para demostrarlo otra vez”.

Armengol: “Los profesionales de Urgencias hemos hecho nuestro trabajo. Nos hemos infectado y algunos de los nuestros han muerto. Aparte de otras consecuencias, que las habrá, exigimos que el ministerio que cumpla la legislación y apruebe la especialidad. Que dejen de prevaricar en esa casa”

Presente continuo, versus prevención, salud pública y ciencia

El debate político sanitario lleva muchos años hablando de prevención, y, sin embargo, casi todas las voces con cargo admiten que todo esto les ha pillado por sorpresa, a pesar de lo que veíamos en China y, sobre todo, lo que empezamos a contemplar en Italia. Es lo que pasa cuando estamos siempre ante el microscopio oxidando el telescopio en el baúl de la procrastinación. De todas formas, más allá de la pandemia, la prevención es una asignatura pendiente de la Administración. Muchos profesionales previenen mejor en materia de salud en sus consultas que los propios organismos oficiales, lentos, estancados en el presente continuo, reacios a la evaluación y a la evolución, y habitualmente en marcha con las luces cortas.

Como recuerdan Martín Zurro y Segura, durante los primeros meses de 2019 el Ministerio de Sanidad puso en marcha una iniciativa para la elaboración de un Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. En este texto se incluyen propuestas para el refuerzo de la orientación comunitaria y de la promoción y prevención de la salud desde el primer nivel asistencial. Lo cierto es que las palabras llegan con retardo a los centros de salud, las normas sobrevuelan el panorama real de los profesionales, y muchas ideas se quedan en el aire. En esas, la mayor crisis de salud pública nos ha sorprendido des-prevenidos.  

José Ramón Repullo trabaja estos días en un plan que coordina la OMC con numerosos expertos pensando en la sanidad post-COVID y uno de los pilares de sus propuestas será concienciar con hechos de la necesidad de “prepararnos para las amenazas de futuras crisis de salud pública”. Para Martínez Olmos, experimentado en casi todos los frentes de la política sanitaria, la clave para reforzar la salud pública es “desplegar las previsiones contenidas en la ley aprobada por unanimidad” y destaca, quizás, “la más relevante: la creación del Centro Estatal de Salud Pública que tanto hemos echado de menos en esta pandemia”.

Según Martínez Olmos, la clave para reforzar la salud pública es “desplegar las previsiones contenidas en la ley aprobada por unanimidad. La más relevante: la creación del Centro Estatal de Salud Pública que tanto hemos echado de menos en esta pandemia”

Una cosa que hemos visto en las ruedas de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, es que “la coordinación no ha sido buena, los datos eran insuficientes, y hay múltiples formas distintas de contar lo mismo, según las comunidades autónomas”, señala Sánchez Perales. Porque cuando se habla de máxima coordinación, casi nadie habla de centralización absoluta, sino de sinergias reales con las que ganemos todos. Con profesionales cualificados procrastinar es que no estemos sacando todos los beneficios posibles en esta batalla epidemiológica en la que actuar en red, con criterios técnicos, y pensando en modo-país es esencial.

Cuando la política se centra excesivamente en una gestión de la sanidad a cuatro años, como mucho, la prevención pasa a un segundo plano que estalla ante urgencias como esta. Lo mismo sucede con el verdadero empoderamiento de la ciencia en general, y de la biosanitaria, en particular, y eso que, ante una sociedad altamente polarizada y un escenario político tenso, para muchos la ciencia es la única salida a esta crisis del coronavirus.

Dice Matesanz que la ciencia en España tiene, “sobre todo, un problema de inversión y de cortoplacismo que se debería combatir garantizando estabilidad laboral y salarios dignos para los investigadores, junto con presupuestos plurianuales que garanticen líneas de investigación estables. Igualmente, las cortapisas administrativas actuales son enormes y deberían eliminarse por parte de un Ministerio de Ciencia que mereciese tal nombre. Una verdadera política de Ciencia requeriría una reconsideración global y que el Gobierno de turno se la empezase a tomar en serio como única vía para un cambio gradual del modelo productivo”.

Lo cierto es que, incluso en estos días de coronavirus en los que muchos investigadores teletrabajan desde su casa buscando la luz al final del túnel, Montoliu se conforma con “el regreso a los centros de investigación, con las precauciones y limitaciones que la bioseguridad requiera, pero cuanto antes. La ciencia sigue siendo necesaria” y, sin embargo, lleva dos meses confinada.

Julio Mayol, que ha liderado la acción, la gestión y la divulgación en la lucha contra el coronavirus desde el Clínico de Madrid, cree que la ciencia española necesita un impulso claro que pivote sobre la “definición de líneas estratégicas, una financiación adecuada, la evaluación rigurosa de los resultados, equipos multidisciplinares y la implicación de los clínicos en equipos de investigación con tiempo protegido para investigar” para que la tarea científica de los profesionales sanitarios no sea el más difícil todavía en un contexto absorbido por la asistencia, sino una pata lógica de su tarea sanitaria y social, e incluso un estímulo incluido en la vocación profesional con la que muchos tiran de un SNS que va a carbón mientras ellos hacen que parezca del siglo XXI.

Julio Mayol: la ciencia española “definición de líneas estratégicas, una financiación adecuada, la evaluación rigurosa de los resultados, equipos multidisciplinares y la implicación de los clínicos en equipos de investigación con tiempo protegido para investigar”

El mejor sistema sanitario: el español, pero sin necrosis

¿Hay algún modelo de sanidad de otros países de nuestro entorno al que deba mirar la España post-COVID? ¿Cuál? Ante esta pregunta, algunos responden que Canadá, o “los aciertos de otros países europeos”. Padilla explica con realismo: “Hay cosas interesantes de muchos sitios: la capacidad industrial sanitaria de algunos países del este de Asia, la acción comunitaria de muchos países de América Latina, los aspectos de independencia profesional de Canadá o Dinamarca… Pero creo que es mala idea pensar que podemos hacer un collage de sistemas sanitarios. Probablemente deberíamos mirar a subsistemas de nuestro sistema. La crisis de la COVID-19 ha mostrado el liderazgo global de la Salud Pública en Asturias, la transparencia en Castilla y León, el refuerzo de la AP en Murcia... Las competencias transferidas sirven, justamente, como innovación contextualizada que puede ser replicada en el resto del sistema, y eso hay que aprovecharlo”.

En lo que coinciden en masa es que el mejor SNS es el nuestro, pero cuando deje de ser un holograma de leyes con buena parte de sus propuestas en el limbo, o cuando realmente sea un sistema nacional con la coordinación necesaria para su eficiencia. Casi todos creen que, con el talento y la valía profesional de sus trabajadores, el SNS podría funcionar como un tiro si prevalecen los criterios técnicos y se aparca para siempre el virus de la politización. La mayoría, en el fondo, comparte al unísono que el mejor sistema sanitario es el español, siempre y cuando procrastinar -diferir, aplazar, gestionar sin ninguna prisa, dejar todo para la siguiente legislatura…- sea un verbo imposible de volver a conjugar después de este tsunami.

El mejor SNS es el nuestro, pero cuando deje de ser un holograma de leyes con buena parte de sus propuestas en el limbo, o cuando realmente sea un sistema nacional con la coordinación necesaria para su eficiencia

Está claro que todos los ministros de Sanidad que han desfilado desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en 1986 -Ernest Lluch, Julián García Vargas, Julián García Valverde, José Antonio Griñán, Ángeles Amador, José María Romay, Celia Villalobos, Ana Pastor, Elena Salgado, Bernat Soria, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso, Dolors Montserrat, Carmen Montón, María Luisa Carcedo y Salvador Illa- han dedicado muchas horas y, quizás, sus desvelos, a la sanidad española. Y también los consejeros y consejeras del ramo en cada una de las comunidades autónomas durante estos 34 años de historia. Es evidente que todas las personas con mando en la plaza sanitaria han construido, lógicamente, unos más que otros. Pero lo cierto es que llegamos a 2020 y la “mejor sanidad del mundo” se ha enfrentado al coronavirus con alergia a los retoques estéticos y con hambre de profunda reconstrucción. No solo la política tiene las llaves del futuro de nuestra sanidad, también la sociedad tiene mucho que decir, porque el aplauso de las 20.00 es solo un gesto que se agradece, pero no transforma. El G-20 consultado por Confidencial Digital considera que el mejor sistema sanitario es este, pero con hechos.

Dice Vicente Ortún que “la crisis de la COVID-19 debería aprovecharse como una dramática, pero conveniente oportunidad para apuntar un futuro guiado por el aprendizaje general a partir de las experiencias de organización y gobernanza que se han demostrado más exitosas. Lo realmente dramático sería que una vez capeada la crisis se pretendiese volver sin más a la situación de partida creyendo que lo peor ya ha pasado. ¿Cuándo abordaremos, como han hecho otros países de nuestro entorno, un esfuerzo real de simplificación normativa y de gestión? ¿Cuándo se oirá a quienes gestionan, clínicos obviamente incluidos, en pie de igualdad con quienes controlan?

Tiritas fuera. Con mascarilla, pero con bisturí y en quirófano. Del debate a la acción, de la anamnesis al tratamiento. El efecto secundario del coronavirus es que despierta del letargo.

• Mañana: Nuevo SNS (II). Tratamiento: salud, dinero, y cirugía política de Estado