El Pazo de Meirás pertenece al Estado y no a la familia Franco, confirma el Tribunal Supremo
El alto tribunal desestima los recursos de los herederos del dictador y ratifica que el inmueble estuvo destinado desde 1938 al servicio de la Jefatura del Estado
- No es propiedad privada de la familia Franco
- Residencia de verano
- Acciones legales para recuperar la propiedad del edificio
- Una decisión histórica
La Sala de lo Civil del alto tribunal ha rechazado los recursos interpuestos por los hermanos Martínez-Bordiú Franco, confirmando las decisiones adoptadas previamente por las instancias judiciales que habían reconocido la titularidad estatal del pazo. Con este fallo, el Supremo pone fin a un largo proceso judicial que durante años ha enfrentado a la Administración General del Estado con los descendientes del dictador.
No es propiedad privada de la familia Franco
El tribunal concluye que el Pazo de Meirás estuvo desde 1938 destinado al uso institucional de la Jefatura del Estado, lo que impide considerarlo una propiedad privada de la familia Franco. La resolución respalda la tesis defendida por el Estado, que sostenía que el inmueble había sido entregado a Franco en su condición de jefe del Estado y no como patrimonio personal, informa Europa Press.
El fallo ratifica así la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, que ya había determinado que la propiedad del pazo correspondía al Estado. En ese procedimiento se consideró inválido el título de propiedad utilizado por Franco para inscribir el inmueble a su nombre y se descartó que los herederos pudieran adquirirlo por prescripción tras décadas de posesión.
Residencia de verano
El caso del Pazo de Meirás ha sido uno de los litigios más relevantes vinculados a la recuperación de patrimonio relacionado con la dictadura franquista. El edificio, que originalmente fue mandado construir a finales del siglo XIX por la escritora Emilia Pardo Bazán, pasó a convertirse durante la dictadura en la residencia de verano de Franco.
Tras la muerte del dictador en 1975, el pazo siguió siendo utilizado por su familia durante décadas. No fue hasta años después cuando distintas administraciones públicas y colectivos sociales comenzaron a reclamar su recuperación para el patrimonio público, argumentando que la adquisición del inmueble durante la Guerra Civil estuvo marcada por irregularidades y presiones a la población.
Acciones legales para recuperar la propiedad del edificio
El conflicto judicial se inició formalmente cuando el Estado, junto con instituciones gallegas como la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de A Coruña y Sada, impulsó acciones legales para recuperar la propiedad del edificio. En 2020, un juzgado de A Coruña dio la razón al Estado y declaró que el pazo no pertenecía a la familia Franco, una decisión que fue posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial.
La sentencia del Tribunal Supremo confirma ahora definitivamente esa interpretación jurídica y cierra el litigio sobre la titularidad del inmueble. No obstante, el fallo también reconoce que los herederos del dictador actuaron como poseedores “de buena fe”, por lo que podrían tener derecho a ser indemnizados por los gastos de conservación y las mejoras realizadas durante el tiempo que mantuvieron la posesión del edificio.
El importe de esa posible indemnización deberá determinarse en procedimientos posteriores y se limitará a los gastos considerados necesarios o útiles para el mantenimiento del inmueble.
Una decisión histórica
La resolución del Supremo ha sido interpretada por asociaciones memorialistas y distintos responsables políticos como una decisión histórica en la recuperación del patrimonio público vinculado al franquismo. Para estos colectivos, el fallo supone un paso más en el reconocimiento de la memoria democrática y en la restitución de bienes que consideran obtenidos de forma irregular durante la dictadura.
El Gobierno, por su parte, ha manifestado en distintas ocasiones su intención de convertir el Pazo de Meirás en un espacio dedicado a la memoria democrática y a la divulgación histórica. El inmueble ya ha sido abierto parcialmente al público en los últimos años, y el objetivo es consolidarlo como un lugar de recuerdo y estudio del pasado reciente de España.
Con esta sentencia firme del Tribunal Supremo, el Pazo de Meirás queda definitivamente reconocido como propiedad del Estado, cerrando un proceso judicial que se ha prolongado durante años y que ha tenido una fuerte carga simbólica en el debate sobre la memoria histórica en España.