Abengoa y los amiguitos de la clase política
Hay una lectura que es preciso hacer ahora en pleno derrumbe de ese coloso llamado Abengoa. Si la despolitización de las cajas fue un cascabel que hubo que ponerle al gato del mundo financiero, a pesar de los sacrificios que nos ha costado, quizás haya llegado la hora de abordar la despolitización de las propias compañías que conforman el tejido empresarial del país.
Hoy todos se hacen cruces. Que si el apalancamiento era insostenible; que si algunos ya lo veíamos venir con ese pasivo de 20.000 millones de euros; que si yo ya advertí que había demasiada exposición entre préstamos corporativos, circulante y financiación de proyectos; que si esto, que si lo otro…
Lo cierto es que hay un preconcurso de acreedores sobre la mesa y cuatro meses por delante para negociar extrajudicialmente con los inversores. Y hay 50.000 accionistas minoritarios que se han visto atrapados. Entre ellos, media ciudad de Sevilla y alrededores.
Insisto. La sombra de la duda ronda estos días sobre la compañía: ¿qué papel ha jugado en esta quiebra la excesiva presencia de políticos en la compañía? Los datos sobre los integrantes de su consejo con mayor o menor cercanía al poder legislativo (ahora o en el pasado) son abrumadores. Por ejemplo:
-- El ex ministro socialista José Borrell es actual consejero independiente de la sociedad.
-- Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos durante la segunda legislatura de José María Aznar, también está en el consejo.
-- El actual presidente, José Domínguez Abascal, fue secretario general de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2008.
Pero mirando para atrás, encontramos los siguientes rastros políticos al más alto nivel:
-- Luis Solana, ex diputado del PSOE y presidente de Telefónica.
-- El socialista José Terceiro, que ocupó la vicepresidencia de Abengoa hasta principios de 2015.
-- Javier Rupérez, ex diputado del PP y embajador de España en Estados Unidos.
-- Rafael Escudero, ex presidente del Gobierno andaluz.
-- Ramón de Miguel, alto cargo del PP y embajador de España en París.
¿Es esto higiénico? ¿Es lícito sospechar que con tanto apoyo gubernamental la empresa llevaba años con licencia para asumir riesgos insostenibles? ¿Qué han aportado estas personalidades? ¿Es conveniente este tipo de maridaje entre política y empresa?
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