Basta de arrojarnos la Educación y crear analfabetos
El PSOE ha respondido a la mano tendida por el nuevo ministro de Educación con una advertencia. Si el Gobierno quiere sentarse a dialogar, hay una condición sobre la mesa: que paralice la Lomce, la ley que aprobó el Ejecutivo del PP esta legislatura.
Dicho y hecho. Iñigo Méndez de Vigo ha aceptado negociar la aplicación de las reválidas de Secundaria y Bachillerato, que deben implantarse en el curso 2017-2018, y ha comunicado que aplazará la aprobación del decreto que las regula para consultar a “toda la comunidad educativa”.
Y así, volvemos una vez más a la casilla de salida.
Ninguna ley de Educación de la democracia española se ha aprobado con el consenso de la oposición. Ninguna. Cero de siete. Porque siete leyes distintas sobre la materia han recibido el visto bueno de un ejecutivo desde que hay Congreso de los Diputados en nuestro país: todas han salido adelante sin consenso.
Es algo inaudito. No sucede con ninguna norma de otro ámbito. En Economía, Justicia, Cultura… se han aprobado leyes negociadas o que han recibido al menos parcialmente el visto bueno de algún partido de signo contrario. En esta materia no.
La Educación tiene algo, un no sé qué, que impide la unión de intereses. Se ha convertido en campo de batalla especialmente idóneo para el combate ideológico, siempre a cara de perro. A cuenta de los currículos, la docencia y la enseñanza se dirimen feroces debates de carácter históricos, sociológicos, religiosos, lingüísticos, morales… y sobre la propia concepción del Estado, de su papel y misión.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaremos los españoles que algo tan trascendental como la formación de los jóvenes siga siendo utilizada como arma política? ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el fracaso escolar mande a centenares de miles de chicos a la marginación?
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