Javier Fumero

Te están recortando libertades

"¿Para qué ir a la oficina, si cuando desempeñamos nuestra función en el hogar ahorramos costes y disponemos de más tiempo?"
Los tics autoritarios que se perciben desde el Estado son especialmente preocupantes. La tentación es grande porque hay situaciones insólitas y mucho miedo: a la pandemia, al terrorismo…

Se acaba de conocer el previsible fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el segundo estado de alarma de la pandemia, que se debate en octubre. El ponente se ha posicionado a favor de otra condena –sería la segunda- lo que ha provocado el enfado de algunos magistrados, como Cándido Conde-Pumpido, empeñados en evitar otro duro varapalo que dejaría en muy mal lugar al Gobierno.

La tesis central del proyecto de sentencia, según se ha contado, cuestiona duramente el grado de control parlamentario que existió mientras estuvo en vigor el citado decreto. Ya quedó claro –en el duro fallo anterior- que el confinamiento de la población en sus casas, de marzo a mayo de 2020, no respetó los derechos fundamentales de los ciudadanos. No tuvo la cobertura legal adecuada. Ahora se va a analizar, además, la legalidad de la prórroga del estado de alarma por un plazo de seis meses, en lugar de los quince días que marca la Constitución para esa figura tan excepcional.

El Gobierno argumenta en primer lugar precisamente la singularidad del momento. La gravedad de lo sucedido nadie la pone en duda. Pero a continuación se explica que el Ejecutivo compareció en las Cortes de manera suficiente: el propio presidente acudió en tres ocasiones; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dos veces; y su sucesora, Carolina Darias, cinco veces. Además, se añade, el Gobierno contestó a más de 2.500 preguntas orales y escritas sobre la pandemia.

Me parece un buen momento para reflexionar sobre el momento político que estamos viviendo. Hay claros problemas de convivencia, una desafección creciente hacia la clase política, hay una patente crisis de liderazgo, la mentira ha erosionado gravemente la credibilidad de nuestros representantes públicos, se percibe una inclinación cada vez mayor del legislativo a dirigir a su antojo el poder judicial…

Los tics autoritarios que se perciben desde el Estado son especialmente preocupantes. La tentación es grande porque hay situaciones insólitas y mucho miedo: a la pandemia, al terrorismo… Y porque aquí no chista ni el tato. Hay una actitud más bien pasiva mientras los poderes públicos recortan libertades y abusan de su autoridad.

Les voy a poner otro ejemplo claro: el uso del decreto ley para legislar. Este Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos había aprobado hasta mayo 53 decretos ley sólo en lo que llevamos de legislatura y 35 en la pasada. El Gobierno Rajoy acudió a esta herramienta que permite saltarse el trámite parlamentario hasta en 30 ocasiones. Es un escándalo. Llevamos años normalizando por el uso una fórmula que es (otra vez) excepcional porque, por su propio carácter, no goza de ningún atributo de publicidad ni de deliberación. Es lo más opuesto a la transparencia, se puede decir, pues lo diseña y aprueba el Ejecutivo desde Moncloa o desde los ministerios. Ni se somete a consulta pública ni se difunde en el Portal de Transparencia: aparece abruptamente publicado en el BOE y punto.

¿Ha visto alguien movilizaciones de protesta en las calles ante este trágala? Hasta las críticas del PP han sido discretas porque, como ya he dicho, ellos mismos se sirvieron en el pasado de ese instrumento a diestro y siniestro.

Pero no hay excusas: ni la gravedad del riesgo sanitario por el Covid-19 (o lo que venga pasado mañana), ni la debilidad creciente para sumar ahora mayorías parlamentarias, ni el afán por ofrecer seguridad a las personas. Nada justifica el atropello al ciudadano. Lo que falta es competencia por parte de nuestros gobernantes para afrontar unas alertas de estas características o dialogar y ceder lo suficiente. Nos están recortando libertades y no debemos tragar.

Más en twitter: @javierfumero

 
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