La España Profunda
Javier Fumero Director ECD

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Y mientras tanto, ni rastro de los ERE de Andalucía

Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
photo_camera Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Me reconforta que se haga justicia, que los corruptos paguen por sus fechorías, que los malvados tengan su merecido. Es muy importante que esto suceda para que no se resienta la buena salud de este sistema de convivencia que nos hemos dado.

Por eso me parece muy bien que un juez investigue al PP por lo que considere oportuno, sea Púnica, Lezo o los papeles de Bárcenas. Si ve indicios de putrefacción, que se arremangue, descubra toda la verdad y que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables.

Pero precisamente por todo lo que he dicho, me provoca desasosiego cuando me acuerdo de los ERE de Andalucía. ¿Qué está pasando con el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, que afecta al PSOE y a los dos principales sindicatos españoles?

Estamos hablando de una presunta trama de corrupción que actuó durante diez años, de 2001 a 2010. El “fondo de reptiles” desde el que se nutrieron los corruptos manejó 854 millones de euros, a años luz de cualquier otro caso de saqueo de dinero público acaecido en nuestro país.

El 80% del dinero se destinó a financiar las prejubilaciones presuntamente fraudulentas de 5.982 trabajadores andaluces. Hay cerca de 300 personas imputadas, que deben responder acusadas de diversos delitos.

Pues bien. El pasado mes de julio se produjo un hecho bastante inusual: la Fiscalía Anticorrupción denunció, con palabras gruesas, a la juez instructora del caso ante el Poder Judicial.

Alejandro Luzón dedicó un escrito de 110 páginas a valorar los cuatro años de investigación de María Núñez Bolaños, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y detalló, una por una, lo que considera “abrumadoras muestras de conductas irregulares”.

En el escrito deslizó perlas como esta:

-- “La situación es de parálisis (…) hay una inequívoca actuación dilatoria, incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes (…) una inactividad real y efectiva de impulso procesal”.

 

Pero el rapapolvo es de campeonato. Le reprocha haber dictado “solo cinco autos de procesamiento de las 187 piezas de la macrocausa de los ERE y 36 archivos”, con “una nula voluntad de propiciar que las investigaciones avancen”.

Anticorrupción le acusa en su denuncia de “ignorar las órdenes de la Audiencia de Sevilla, de propiciar el riesgo real de prescripciones y de archivar por sistema ciertas investigaciones”.

Qué quieren que les diga. Esto clama al cielo.

Más en twitter: @javierfumero

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