Ya, si eso, nos olvidamos de la sedición y la malversación
Estamos metidos de lleno en el escándalo de esta reforma en diferido de la Ley del sólo sí es sí que nos tiene a la mayoría de los españoles perplejos, abochornados y enfadados con esta clase política que parece tomarnos por tontos. Entre otros motivos porque aquí no dimite nadie, ni nada que se le parezca. Ni después de un bochorno de estas proporciones. Cuanto caradura.
Y menos mal que están las encuestas. Porque si no existieran, Pedro Sánchez no hubiera movido un dedo. Se hubiera quedado quieto esperando capear el temporal. Sin embargo, como es casi unánime el clamor contra lo sucedido, y la gente lo dice sin tapujos cuando se le pregunta, su señoría ha visto peligrar miles de votos. Únicamente por eso ha decidido poner la maquinaria a trabajar (ahora sí) para evitar que en el futuro más agresores sexuales descuenten días de cárcel por culpa del cambio de ley que perseguía precisamente lo contrario: un mayor castigo para los malvados. De traca.
¿Y mientras tanto? Y mientras tanto, la vida pasa y el último escándalo tapa al anterior. Es normal. No tenemos capacidad para centrar toda nuestra atención en varias cuestiones a la vez. Es una época, además, donde todo se vive intensamente, con apasionamiento, sin medias tintas. Hay que dejarse la piel en cada batalla porque nos jugamos mucho. El problema entonces es el exceso de ruido y la afonía.
¿Alguien se acuerda de que el CGPJ sigue bloqueado? ¿Alguien se acuerda de la reforma exprés del Código Penal que derogó el pasado mes de diciembre el delito de sedición y rebajó el de malversación? Recuerdo los hechos, simplemente por ir un poco a contracorriente.
La sedición, que hasta ahora estaba penada con un máximo de 15 años de cárcel, ha desaparecido. Ha sido sustituida por un nuevo delito que, según entiende el Gobierno, podría recoger esos hechos: el de “desórdenes públicos agravados”, que tendrá una pena máxima de cinco años. Además, el castigo por malversación sin ánimo de lucro (es decir, si uno sustrae dinero pero no se lo lleva a su propia cuenta corriente) será, como máximo, de cuatro años de prisión, cuando ahora se podían imponer hasta doce.
La Ley Orgánica 14/2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de diciembre, un día después de quedar definitivamente aprobada por las Cortes Generales, y entró en vigor como estaba estipulado a los 20 días de su publicación, es decir, el pasado 12 de enero.
Todo para beneficiar a los condenados por el procés, para resolver la crisis territorial en Cataluña generada por el independentismo radical, por intentar conquistar el corazón del catalanismo más recalcitrante. Escándalo sobre escándalo, podemos acabar por volvernos insensibles.
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