Javier Fumero

Qué poco acostumbrada está la izquierda a las huelgas

Varios transportistas participan en la huelga indefinida del transporte de mercancías.
Varios transportistas participan en la huelga indefinida del transporte de mercancías

Justicia poética es lo que está sufriendo este Gobierno con la huelga de transportistas. Este lunes comenzaron tímidamente por toda España los paros de camioneros, una iniciativa convocada por organizaciones minoritarias. Muy pocos pensaban que esta llamada, realizada insisto por asociaciones pequeñas y medianas, se fuera a convertir en un impedimento grave para el abastecimiento alimentario.

Sin embargo, a mitad de semana comenzaron los piquetes situados en puntos estratégicos del país, a la entrada de grandes mercados y puertos de mar, que están provocando –ahora sí- serios problemas de circulación para los transportistas. La industria láctea confirmó este miércoles que se verá abocada a suspender su actividad en las próximas horas y a tirar la leche por el escaso espacio que tiene para almacenar existencias mientras se arregla la situación. Y los pescadores que acaban de atracar en Galicia procedentes del Gran Sol empiezan a tirar el pescado fresco capturado que traen en sus cámaras frigoríficas porque no van a poder distribuirlo.

¿Y cuál ha sido la reacción de la ministra de Transportes? La titular Raquel Sánchez ha sido tajante: “no me voy a sentar con un grupo de radicales que actúa con violencia”. Y ha culpado a la ultraderecha de estar detrás de los piquetes de las últimas horas. “No estamos hablando ni de una huelga ni de un paro de una patronal. Son ultras apoyados por la ultraderecha, organizados por la violencia y que no quieren la vía del diálogo para plantear sus reivindicaciones”. Esto es capacidad para la diplomacia y dotes para la negociación. Todos son cavernícolas y sectarios… madre mía. Claro, los transportistas han puesto el grito en el cielo.

Pero digo que esto parece justicia poética porque fue justamente hace un año cuando el Senado derogó definitivamente el artículo 315.3 del Código Penal que castigaba con penas de prisión de hasta tres años a quien coaccionara a otros trabajadores para que secundaran por la fuerza un paro. La norma que perseguía a los denominados piquetes fue derogada con 139 votos a favor (entre ellos los del PSOE y Unidas Podemos), 106 en contra (entre los que estaban los de PP, Ciudadanos y Vox), y 14 abstenciones. Que viva el pueblo llano y sus legítimas reivindicaciones, se jactaron entonces los vencedores de aquella votación.

Ese apartado del Código Penal había permitido solicitar penas de cárcel para unos 300 sindicalistas y huelguistas violentos durante la última década, según los cálculos de las propias centrales de trabajadores. Ahora, sólo un año después de su eliminación, el Gobierno de Pedro Sánchez sufre en sus carnes el injusto proceder de unos exaltados que no permiten que haya libertad para secundar o no una huelga. Se nota que no estaban acostumbrados a esto porque es la derecha la que suele padecer estas movilizaciones, en algunos casos legítimas y, en otros muchos, tremendamente manipuladas precisamente por la izquierda. Pues ahora van a tener que pagar por aquella decisión. Que no se quejen.

Más en twitter: @javierfumero

 
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