Lo siento, me equivoqué otra vez, quizás vuelva a ocurrir
Se puede decir ya: triste final el que ha tenido el rey emérito. Desde el momento en el que ha hecho efectivo el abono de 678.000 euros por impuestos no declarados tras el uso de tarjetas con fondos opacos, Juan Carlos I ha admitido irregularidades en su actuación. Evita de esta manera una causa judicial. Está en su perfecto derecho. Pero también los ciudadanos podemos entrar ya a valorar, sobre hechos firmes, su actuación.
Es lamentable que una persona que ha dispuesto del favor de los ciudadanos, que ha gozado de la confianza de los españoles hasta el punto de haber gozado de inviolabilidad constitucional y haber sido protegido por los medios de comunicación, haya utilizado ese privilegio en beneficio propio. Penoso y triste.
También por ser reincidente. Aquel “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir” fue pronunciado en abril de 2012 tras el esperpéntico suceso de Botswana, con aquella rotura de cadera en un bungalow que era una tapadera de miserias y debilidades. Sin embargo, el uso de fondos de un empresario mexicano sin declarar tuvo lugar al menos entre 2016 y 2018. Es decir, que a pesar de las disculpas y el propósito de la enmienda, ha vuelto a ocurrir.
El uso de dinero no declarado no se puede minimizar argumentando, por ejemplo, que esas cosas las lleva otro, un asesor fiscal demasiado listo. Algunos han utilizado este ardid. Pero si has sido jefe del Estado tienes a tu lado consejeros que saben dónde se meten. Y te advierten por la cuenta que les trae.
El rey emérito ha pagado, además, al saber que la Fiscalía del Tribunal Supremo le investigaba por este supuesto fraude en el uso de fondos ajenos durante tres años. Este abono incluye tanto la deuda tributaria como los recargos e intereses. De ahí que si todo está conforme con sus cuentas y patrimonio, podría eludir el delito fiscal. El artículo 305.4 del Código Penal establece que la regularización de la situación tributaria “impedirá” perseguir las irregularidades contables cometidas previamente.
Hay quien asegura que la Monarquía española ha vuelto a ser colocada en el ojo del huracán y esto puede suponer su ruina. No lo creo. Como no creo que las fechorías de un presidente de Gobierno, un jefe médico nacional, un juez todopoderoso o un director de periódico supongan necesariamente la debacle de la institución a la que representan.
Evidentemente, se produce un daño de imagen. Eso resulta inevitable. Pero todo el mundo sensato entiende que las organizaciones están por encima de los individuos. Basta con que los que vengan detrás marquen distancia y no sigan esos mismos pasos para que los ciudadanos capten que se ha tratado de un caso aislado, que la vida continúa. Eso sí: pobre Reina.
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