La urna decide qué es un ser sintiente
Los perros de caza, los canes pastores, los de salvamento, los auxiliares y los utilizados por las Fuerzas Armadas no son seres sintientes, con derechos, ni sujetos dignos de ser protegidos por el Estado español. Eso es lo que se deriva de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales que acaba de aprobar el Congreso de forma definitiva.
La norma está diseñada para prevenir el abandono de animales, penalizar el maltrato y fomentar la adopción frente a la compra de mascotas pero, además, reconoce por primera vez a los animales como sujetos de derechos y regula “la protección de su dignidad”. El problema es que los animales de caza y de campo han quedado fuera de esta consideración. ¿Por qué? Ha sido una decisión exclusivamente electoralista.
Yo no tengo nada en contra de ir a favor del sentir general que se manifiesta en las encuestas y mucho menos en las urnas, el sondeo realmente definitivo. Pero parece muy hipócrita sacar un texto legal para defender los derechos de los seres sintientes y dejar fuera a un puñado de ellos porque las baronías del PSOE que gobiernan en zonas rurales se hayan quejado a Pedro Sánchez. Legislar contra los campesinos, sus hábitos y tradiciones, dijeron, es una derrota segura en las urnas. Pues no pasa nada: “si no le gustan mis principios, tengo otros”, que diría Groucho Marx. Sacamos del texto legal a los podencos destinados a la caza y a otra cosa.
Da igual que se contradiga el espíritu y la letra de la ley. Los animales de caza han dejado de ser tan sintientes como cualquier otro animal doméstico o salvaje. Parece indiferente que ellos también sientan dolor, miedo, estrés y sufrimiento cuando son perseguidos, maltratados, heridos o matados por desalmados. Tampoco ha importado que no haya ninguna razón científica ni ética que justifique su exclusión del ámbito de aplicación de la ley.
La excepción con estos animales supone una discriminación arbitraria e injustificada que vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley. No se puede tratar a unos animales mejor que a otros en función del interés electoral, de la zona donde se críen, del destino que tengan, del partido que gobierne. Es razonable pensar que todos los animales merecen el mismo respeto y consideración moral.
Imagino la polémica que surgirá ahora también con los que aseguran que el Gobierno ignora las graves consecuencias ecológicas y sociales que tiene la actividad cinegética en nuestro país. La caza –dicen- provoca desequilibrios en los ecosistemas al eliminar depredadores naturales y favorecer especies invasoras o sobreabundantes. La caza también genera conflictos con otros sectores económicos como el turismo rural o la agricultura ecológica. La caza también supone un riesgo para la seguridad pública al causar accidentes mortales o heridas a personas y animales no cazadores. ¿Cómo van a explicar esto los partidos de izquierda que han apoyado esta ley?
En fin. Es lo que tiene la incoherencia. Aquellos que han sentido el deber de hacer justicia, de fomentar el progreso ofreciendo una mayor protección a estos seres vivos, los terminan tratando como simples objetos, medios para llegar al poder o mantener la poltrona, como recursos naturales usados a conveniencia. Es el mundo al revés.
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