Hacen falta jueces que sepan resistir

Los cambios sociales que se producen en España son cada vez más rápidos y, sobre todo, más contundentes. Algunos de ellos se imponen a enorme velocidad y alcanzan a la práctica totalidad de la población.

Resulta especialmente decisivo, a la hora de implantar comportamientos, opiniones, modos de vida y puntos de vista, lo que cuentan los medios de comunicación, que, gracias también a Internet y las redes sociales, llegan de forma instantánea y masiva a todos los rincones.

La creación de estados de opinión resulta ahora, en muchos caso, explosiva, contundente y difícilmente rebatible.

Ese proceso acaba contaminando, por ejemplo, los asuntos judiciales más importantes, en los que lo habitual es que, por la avalancha de informaciones, y sobre todo de opiniones, se acaba creando un estado de opinión, que al final se convierte incluso en un veredicto popular, de culpabilidad o de inocencia. Y, por cierto, la conclusión más habitual es la condena, al margen del desarrollo del proceso jurídico como tal.

Aparecen en las portadas asuntos tan relevantes como, ahora, la sentencia sobre la privatización de la sanidad madrileña, el caso de la niña Asunta asesinada en Santiago, el procesamiento de Miguel Blesa, el sumario por las preferentes, o el escándalo de los ERE’s de Andalucia. Y, por supuesto, el caso Urdangarín y la imputación de la infanta Cristina.

Sobre esto último, puede afirmarse, sin mucho margen de error, que la infanta Cristina ha sido ya condenada por la opinión pública. Pase lo que pase al final del proceso judicial, y cualquiera que sea la conclusión definitiva, la hija del rey ha sido declarada culpable.

Por cierto que, hablando de convencimientos generalizados de culpabilidad, incluso de unanimidades, no se me olvida el caso de Dolores Vázquez: fue condenada por los españoles como culpable de la muerte de Rocío Waninkof mucho antes de que ni siquiera se celebrara el juicio. Pues, a pesar del veredicto, salió inocente. La sentencia popular se equivocó.

Hay que reconocer que esos estados de opinión tan intensos, sobre cuestiones de máxima proyección y de impacto social, constituyen un grave problema en quienes tienen la grave responsabilidad de administrar justicia, los jueces, para los que la presión popular puede constituir un elemento decisivo a la hora de redactar la sentencia.

Así que, como los procesos de creación de estados y sentimientos resulta tan intensa, tan masiva, tan impactante, la conclusión obvia es que ahora se precisan jueces que aguanten. Incluido el temor a no ser muy populares. Y que las presiones no les tuerza el criterio. En el caso de la infanta Cristina, es evidente, pero por supuesto también en todos los sumarios. Afecten a quien afecten.

Tiene que hablar la justicia, no el sentimiento popular.

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