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Imputados que acaban desimputados

La polémica sobre la imputación de los políticos y sus inmediatas consecuencias no se calma. Es lógico, porque siguen conociéndose nuevos escándalos.

Se ha explicado más de una vez, pero quizá conviene repetirlo. Técnicamente, una imputación no tiene por qué provocar consecuencia alguna, en la medida en que se trata de una práctica garantista dirigida a que una persona que esté sujeta a una investigación pueda comparecer ante el juez en condiciones favorables. Es decir, asistido por abogado y con la posibilidad de negarse a responder, e incluso de mentir, lo que no sería viable si acudiera como testigo.

Las cosas son así: una imputación no es una acusación. El problema surgió cuando los partidos, atacados de un comprensible celo por desmarcarse absolutamente de los escándalos de corrupción, empezaron a proponer, incluso a acordar, que la imputación tenía que llevar consigo el cese o dimisión del afectado sin esperar otro pronunciamiento de los tribunales.

Pues bien, y por poner un caso reciente, la alcaldesa de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, acaba de ser desimputada de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con unas comisiones urbanísticas. Según el Tribunal de Cuentas, no tenía responsabilidad contable "de modo manifiesto e inequívoco". No cesó entonces en el cargo y ahora volverá a ser candidata del PP.

Hace una semana, el coronel de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, quedó libre de las acusaciones de prevaricación por las órdenes dadas para interceptar los saltos de la valla por parte de emigrantes. La audiencia de Málaga falló que la reforma de la ley de extranjería da cobertura legal a esas prácticas. El coronel no fue destituido ni trasladado cuando se anunció la imputación.

En ambos casos, si se hubiera producido la salida y cese, ¿cómo reconducir las cosas, cómo dar marcha atrás después de verse desimputados?

Más aún. Es que, según datos del ámbito jurídico, en España la mitad de los imputados judicialmente quedan libres sin cargo alguno. La mitad.

Por eso, pienso que convendría reconducir las cosas, a la hora del castigo social a quienes se enfrentan a una imputación. Un castigo que hoy es automático e inmediato pero que debería aplazarse hasta que todo se confirme en una acusación.

Entiendo que afirmar esto puede resultar poco oportuno por mi parte. Y que incluso me puede acarrear la acusación de pretender exonerar a determinados políticos. Evidentemente, no es esa mi intención. Pero sí creo que todos tendríamos que ser algo más cuidadosos con esas condenas previas y públicas antes de que hablen los tribunales.

Con que solo en unos pocos casos la imputación quedara en nada, ya se justificaría ese proceder verdaderamente garantista. Pero es que la desimputación ocurre en el cincuenta por ciento de los supuestos.

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Twitter: @JoseApezarena

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