¿Abogacía del Estado? Abogacía… del Gobierno más que nunca
Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha acordado abrir juicio oral contra Jordi Pujol y sus siete hijos, por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos fiscales, falsedad documental…
Para el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, la Fiscalía pide 29 años de prisión y 7,7 millones por fraude a Hacienda. La Abogacía del Estado le reclama 25 años por los delitos fiscales. El resto del clan afrontan peticiones que van desde los 8 hasta los 17 años.
Por lo que se refiere al cabeza del grupo, al padre, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, la Fiscalía solicita 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. ¿Y la Abogacía del Estado? Sorpresa: la Abogacía del Estado no pide nada, porque no acusa en este procedimiento.
La Abogacía del Estado atraviesa ahora una grave crisis institucional, debido a los manejos e imposiciones desde este Gobierno, que ya se visualizaron especialmente con el ‘caso Edmundo Bal’.
Edmundo Bal, durante años elegido presidente de la Asociación de Abogados del Estado, era responsable penal de la Abogacía del Estado cuando empezaron a sustanciarse las consecuencias judiciales del procés.
A pesar de las instrucciones recibidas, se negó a omitir en los escritos de acusación los hechos que reflejaban violencia, lo cual implicaba que las penas pedidas para Oriol Junqueras pasaban de 25 años a 12 años.
En diciembre de 2018, la directora de servicio jurídico del estado, Consuelo Castro, le sustituyó por Rosa María Seoane como representante en el juicio al proceso independentista catalán.
Si alguna sospecha había, se confirmó con más intensidad la acusación de que la Abogacía del Estado se había convertido, definitivamente, en la “Abogacía del Gobierno”. De este Gobierno. Es decir, en ariete y defensor de sus intereses.
Alguno podría pensar: este señor se ha caído del guindo. Porque siempre el cuerpo de abogados del Estado defiende al Gobierno, cualquiera que sea. Ese es su cometido.
Por supuesto. Pero su actividad dice relación con asuntos económicos, institucionales, defensa de derechos… Lo que es nuevo es que la han convertido en instrumento para proteger los intereses… políticos del Gobierno Sánchez. Para objetivos políticos.
Ahora lo han vuelto a hacer, con motivo de la imputación de la familia Pujol. El contraste entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado no puede ser mayor.
Así que se confirma la urgencia del cambio de denominación, para designarla “Abogacía del Gobierno”. De este Gobierno, insisto.
Y, ¡oh casualidad!, también en este caso el atropello tiene que ver con Cataluña y con el independentismo, con los socios parlamentarios de don Pedro Sánchez y sostén de la actual mayoría en el Congreso.
El desistimiento de la Abogacía del Estado (del Gobierno) a la hora de acusar a Jordi Pujol Soley, ¿tiene alguna relación con las negociaciones del Gobierno con los independentistas que encabezan ahora la Generalitat de Cataluña? ¿Con la futura Mesa de diálogo Gobierno-Cataluña?
Sí, lo reconozco. Admito que se trata de una pregunta retórica.
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