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José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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Alarma: ¿qué va a hacer Sánchez con los 10.000 millones que se ha auto adjudicado?

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el de CEPYME, Gerardo Cuerva, y el de ATA, Lorenzo Amor (Foto: Flickr)
photo_camera El presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el de CEPYME, Gerardo Cuerva, y el de ATA, Lorenzo Amor (Foto: Flickr)

El Gobierno acaba de anunciar un llamado Fondo de Solvencia, en principio para el rescate de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros.

Así, de entrada, parece una magnífica noticia. La dificultad estriba en que va a ser el Gobierno, o sea, Pedro Sánchez, quien gestione y administre discrecionalmente ese dinero, que no parece cualquier cosa: ¡son 10.000 millones!

El procedimiento fijado para “salvar” las empresas citadas es entrar en su capital con dinero público, a través de la SEPI,  y salvarlas apelando al “interés nacional”.

¿Qué cuál es el problema? Son varios.

El primero, que el decreto de creación del Fondo de Solvencia no establece normas claras sobre qué son “empresas estratégicas”, esas que hay que “salvar” con los 10.000 millones. Solo habla de “interés nacional” y otras vaguedades. ¿Quién las va a elegir, cuáles y cómo?

Se abre un peligroso campo a la discrecionalidad en el uso del dinero y en la elección de las empresas.

El segundo problema es que las decisiones las tomará un Consejo Gestor del Fondo de Solvencia formado por cinco cargos del Gobierno: el vicepresidente de la SEPI y cuatro altos cargos de Hacienda, Economía Industria, subsecretarios y secretarios de Estado.

Así que se ponen 10.000 millones de euros en manos de un grupo de políticos, cargos de confianza del Gobierno. No de expertos, de gestores profesionales, de especialistas en rescatar empresas. Y el dinero en manos de políticos siempre es un peligro, si no existe supervisión y control externo claro y reglamentado. Que aquí no lo hay.

Tercer problema. El Fondo solo aportará capital a partir de 25 millones de euros. O lo que es lo mismo, deja fuera del plan a millones de pymes y autónomos, que, evidentemente, no alcanzan ese capital. A pesar de ser los más perjudicados por la crisis y los más necesitados, excluidos.

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¿Acaso el objetivo puede ser ayudar a las empresas del Ibex 35? Suena a broma, porque esas no necesitan el Fondo. Se pueden financiar en los mercados nacionales e internacionales. De hecho todas las cotizadas del Ibex tienen hoy, tras la pandemia y la crisis que viene, escudos de liquidez.

Cuarto problema. El protagonismo en la gestión (repito, 10.000 millones) corresponde a la SEPI, un instrumento de la política económica del Gobierno que nunca ha brillado por su eficacia. Acumula una historia de mala práctica empresarial y de continua generación de pérdidas. Es bien sabido que la gestión sin incentivos, y la no retribución de los accionistas, lleva a la burocracia y el fracaso.

Por tanto, la supervisión que, teóricamente, realice de las empresas rescatadas no produce ninguna confianza.

Por si faltara algo, el Gobierno se reserva el control de los gestores, de la estrategia y de las grandes decisiones, y asume la autoridad sobre el pago de dividendos y bonus de los ejecutivos.

Me cuentan que el mundo empresarial se encuentra bastante revuelto con la creación del Fondo de Solvencia, aunque por el momento no han levantado la voz.

Se malician que el Gobierno de Pedro Sánchez lo va a convertir en una vía para el control público de empresas, al más puro estilo socialista, y con segundas derivadas políticas muy sospechosas, dicen en CEOE.

Sospechan que Sánchez pondrá en marcha rescates políticos de empresas “amigas”, y nacionalizaciones encubiertas que le ofrezcan rédito electoral, además de permitirle dar poder a los sindicatos, y abrir puertas giratorias para colocar a cargos socialistas en la gestión y en los consejos de administración de esas sociedades.

“Lo que hacen en las empresas de la SEPI lo van a multiplicar por 10, con el paraguas y la coartada del rescate”, se escucha en ámbitos empresariales.

Se teme, en fin una gran discrecionalidad por parte del Consejo Gestor del Fondo en la designación de las empresas y el manejo de los 10.000 millones. Hablan de “invento con tufo político”. A beneficio de Pedro Sánchez y sus amigos, por supuesto.

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