Amiguetes a dedo en el Gobierno
En los primeros años de la Transición, cuando el PSOE llegó al poder, tras su aplastante victoria en 1982, uno de sus primeros objetivos fue controlar la judicatura.
Los socialistas consideraban que el estamento judicial se hallaba repleto de magistrados franquistas y derechistas, y seguramente tenían razón. Y se propusieron modificar la situación, como fuera y cuanto antes.
Puesto que les corría prisa, el Gobierno de Felipe González se sacó de la manga un método rápido de acceso a la magistratura: los llamados jueces del tercer turno. Y lo incluyó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.
Por ese sistema, en cada convocatoria de plazas a juez, se reservaba una cuarta parte de ellas para licenciados en Derecho con al menos seis años de ejercicio profesional, que no tenían que hacer la oposición a magistrado: bastaba un concurso-oposición convenientemente manejado y hacer un curso en la Escuela Judicial.
Y por esa rendija se colaron no pocos magistrados, que, en efecto, respondieron a las expectativas del Gobierno.
Cosa distinta es el actual cuarto turno, reservado también a juristas de reconocida competencia, pero ahora, no con seis, sino con más de diez años de experiencia profesional. Y con otros baremos de selección.
Ocurre que la tendencia a apropiarse de los estamentos de la administración, la tentación de hacerse con los puestos de mando y de acumular altos cargos, colocando en ellos personas amigas aunque no reúnan las condiciones, es una actitud vieja como la tiña. Vieja, pero también de mucha actualidad.
Por lo visto, se está dando con alguna intensidad en España durante los últimos tiempos, con el ascenso de algunos advenedizos.
Por citar un caso, ahí están los nombramientos que hizo Irene Montero para su ministerio de Igualdad, repleto de amigas y colegas procedentes del feminismo militante, pero en no pocos casos con currículos perfectamente mejorables. No se midió tanto la capacidad como la coincidencia en el activismo
Como es sabido, en España, los directores generales de los ministerios deben ser nombrados entre funcionarios de carrera: personal del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales. Es lo que dice la ley.
No obstante, deja en manos del Consejo de Ministros que, como excepción, coloque en una dirección a alguna persona singular que no sea funcionario, en atención a las características específicas de una determinada dirección general, si bien debe tratarse de una decisión motivada.
Así que lo habitual es atenerse al requisito de ser funcionario. Bueno, ahora ya no tan común, porque este Gobierno empieza a convertir la excepción en norma.
Resulta que, desde enero en que tomó posesión, en solo cuatro meses, el Gobierno ha nominado hasta veinticinco altos cargos (directores generales) sin exigir la condición de funcionario. No son ni dos ni tres, son veinticinco. El último, el director general de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, el de Alberto Garzón.
A lo que parece, el podemismocsufre algunos problemas para encontrar candidatos a su medida, de su gusto, y se acoge a la excepción. Aunque no solo ellos.
Así que no habría que extrañarse demasiado de que en algunos ministerios cunda la ineficacia y el descontrol. Si los han llenado de amiguetes…
Como, por cierto, ha ocurrido con la llamada comisión de “sabios” que está asesorando a Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, todos ellos, todos, colaboradores en administraciones socialistas.
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