Los cien mil jueces de Rajoy
Desde casi todos los ámbitos de la oposición se maneja, con bastante insistencia, la teoría, la afirmación, de que el Gobierno de Mariano Rajoy controla de forma absoluta los despachos judiciales, a los que impone sus intereses, tácticas y voluntad.
Y tanto repiten el mensaje, que hasta puede que amplios sectores del país se lo hayan creído.
Para desmontar tal creencia no ha bastado comprobar lo mal que lo está pasando el Partido Popular a propósito de los numerosos sumarios por corrupción, incluyendo registros judiciales en la sede de la calle Génova, el embargo de esos locales, la imputación del propio PP por financiación irregular, las detenciones de dirigentes a distintos niveles, e incluso la llamada al propio Mariano Rajoy a declarar ante la Audiencia Nacional, un mal trago que, si de verdad hubiera podido, desde luego se lo habría ahorrado.
Desde donde más se bombardea últimamente con ese mensajes es desde Cataluña y desde el independentismo, empeñados en proclamar que existe una conspiración contra ellos, articulada por el Gobierno con la complicidad de toda la judicatura, cuya docilidad y sometimiento al poder les ha convertido en el principal instrumento de la represión.
Bueno, pues ahora resulta que, en estas últimas horas, a Rajoy le están acusando de lo contrario. De no controlar a los jueces. ¿En qué quedamos?
Ha ocurrido a propósito de la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de meter en la cárcel a Junqueras y otros siete consellers catalanes. Un escenario que nadie había previsto.
Dirigentes políticos y buen número de analistas concluyen que el auto de la magistrada se ha convertido en una grave dificultad a la hora de intentar resolver el contencioso catalán. Porque va a tensar hasta el extremo la situación, exacerbando a los independentistas, provocando movilizaciones callejeras que ya se vienen registrado, pero sobre todo encendiendo la intención de voto a favor de las formaciones separatistas, de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Un mal asunto.
No queda ahí la cosa, porque la juez Lamela tiene intención de meter también en prisión al mismísimo Carles Puigdemont y a los cuatro conseller fugados a Bélgica. Más madera.
A estos, por cierto, con bastante más motivo que los primeros, porque aquellos se presentaron voluntariamente en el juzgado, mientras que los otros escaparon de España para intentar eludir la acción de la Justicia.
Vano ha resultado el esfuerzo desde el Gobierno insistiendo en que la división de poderes es real en España. Y de que la judicatura tiene sus propias reglas, hábitos, ritmos, dependencias y decisiones. Como se ha comprobado con el auto de la juez Carmen Lamela. Y los que vendrán después, porque el número y maraña de querellas a propósito de Cataluña es espectacular.
Es verdad que al Gobierno, y en general a todos, le convenía “pacificar” el escenario catalán hasta el 21 de diciembre. Incluso se ha dicho que ese adelanto de fechas, cuando Rajoy había hablado de seis meses para las elecciones, tenía precisamente como objetivo ahorrarse complicaciones en los tribunales: que no hubiera tiempo para que ninguno de los líderes independentistas fueran castigados por la justicia. No va a ocurrir así.
Veremos, de aquí al 21 de diciembre, cuáles son las consecuencias reales de la brusca irrupción judicial en el problema de Cataluña. Pero parece claro que lo de los cien mil jueces de Rajoy es un mito.
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