Confieso que este Gobierno empieza a darme miedo

Tengo que expresar, de entrada, que la exhumación de Franco me trae bastante sin cuidado. Nunca ha sido un asunto que me haya preocupado, ni siquiera interesado.

Dicho lo cual, y a propósito de los hechos ocurridos en torno a la exhumación del dictador, he de confesar que este Gobierno empieza a darme un poco de miedo. Porque parece dispuesto a todo con tal de conseguir sus objetivos (en este caso, ganar las próximas elecciones), incluido, si hiciera falta, recurrir a la ilegalidad.

En mi opinión, en el curso de los acontecimientos se ha producido el asalto a un templo, incumpliendo principios constitucionales y por encima de pactos internacionales. Y el hecho de que no se hayan escuchado críticas desde ámbitos competentes, y de que sigan calladas algunas autoridades, no legitima lo ocurrido.

¿A qué me refiero? A decisiones, comportamientos, actuaciones e imposiciones que han tenido como escenario el Valle de los Caídos que rozan la ilegalidad, cuando no incurren en ella.

La comunidad benedictina ha denunciado actuaciones abusivas y hasta ilegales ordenadas por el Gobierno, lo que le ha llevado a presentar denuncia en el juzgado

Según los benedictinos, a partir del 11 de octubre, tras el acuerdo del Consejo de Ministros que decretó el cierre del recinto, la Guardia Civil, "sin autorización judicial que lo permitiera, accedió y deambuló por dependencias de la Abadía y, lo que es más grave, accedió y deambuló por la Basílica sin autorización eclesiástica alguna y ocupándola durante las 24 horas del día, vulnerando, de esta manera, tanto el derecho a la inviolabilidad domiciliaria como el derecho a la libertad religiosa".

Desde el domingo, día 20, a las 14 horas, se ordenó el cierre de la Basílica con la excusa de hacer preparativos para la exhumación de los restos de Franco, "impidiéndose incluso el acceso a los miembros de esta comunidad, únicos titulares y custodios del templo (colocándose cadenas y candados en la puerta de acceso entre la Abadía y la Basílica), produciéndose la paradoja de que accedían a la Basílica terceras personas, sin garantía alguna de que sus conductas no contravinieran el carácter sagrado del templo, desconociendo si se han producido actuaciones incompatibles con el culto, la piedad o la religión, ya que no se ha permitido la más mínima vigilancia por parte de esta comunidad".

De prescindir de la autorización eclesiástica para acceder a la Basílica, se pasó a prohibir a los benedictinos el acceso a su templo. Incluso se les impidió que asistieran al responso religioso en el acto de exhumación: solo se autorizó al Prior.

"Queremos dejar constancia de que la actuación de las Fuerzas de Seguridad y de los operarios ha sido y es totalmente incompatible con el principio de inviolabilidad de los lugares de culto y los derechos de esta comunidad benedictina, lo que hemos puesto, igualmente, en conocimiento de la jerarquía eclesiástica". Hasta aquí la queja-denuncia de los benedictinos.

¿Y todo para qué? Para sacar a Franco del Valle... ahora. O sea, a dos semanas de las elecciones generales.

Si el objetivo último era conseguir la exhumación, daba igual sacarlo dentro de tres o seis meses. Se ha tardado cuarenta años y este Gobierno lleva esperando un año. ¿A qué vienen las prisas, si eso conlleva saltarse normas elementales?

¿Qué costaba hacer las cosas bien, por sus pasos, con los requisitos necesarios y sin necesidad de atropellar la legalidad?

Ese principio de temor a que me he referido puede tener algún fundamento, porque, visto lo visto, me viene una duda: de qué es capaz este Gobierno, si tiene una urgencia, una necesidad, política o de partido, como la que al parecer les acuciaba de cara a las elecciones próximas. ¿Qué más hará cuando tenga otro apuro?

Además, lo ocurrido en el Valle puede convertirse en un precedente, que abra la vía a que el Gobierno pueda arrasar con lugares e instituciones semejantes.

¿Quieren expulsar a Franco del Valle de los Caídos, en cumplimiento de un acuerdo del Congreso? Adelante. Por mí, ningún problema. Y hasta me parece bien. Pero háganlo guardando las normas.

Siempre se ha dicho que democracia es respetar las formas, pero esto es algo más que cuidarlas: estamos hablando de imposiciones, prepotencia, de legalidad e ilegalidad.

Suele decirse que un Gobierno no puede perder ningún pulso. Pero, si hablamos de pulsos, a lo mejor tendría que mirar más a Cataluña, donde sí que lo está perdiendo. Lo perdemos todos. Este, el de la exhumación del dictador, no era tan decisivo. Y sobre todo, no tan urgente.

Es que, si un Gobierno no cumple las leyes, la situación se vuelve muy peligrosa.

Repito que la exhumación de Franco me trae sin cuidado. Pero no me trae sin cuidado que el Gobierno de mi país actúe autoritariamente, con menosprecio de las normas y de la ley. Considero que eso constituye una amenaza para todos.

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