El Congreso de los Diputados se ha hecho el “harakiri”
Los libros de historia reciente de España reflejan un momento decisivo en la transición a la democracia, ocurrido en 1976. Es lo que en su día se conoció como el “harakiri” de las Cortes franquistas: el suicidio voluntario de los diputados que formaban la cámara, llamados entonces procuradores.
La operación la llevó a cabo Adolfo Suárez, el joven presidente del Gobierno procedente del Movimiento, nombrado por sorpresa para ese cargo por el también joven rey Juan Carlos I.
El desmontaje del engranaje legal del Movimiento, basado en las llamadas Leyes Fundamentales, requería, como llave maestra, de una norma que estableciera las bases iniciales para articular la nueva realidad democrática, el sistema de libertades del que ahora gozamos. Y el instrumento fue la Ley para la Reforma Política.
Además de Adolfo Suárez, en aquella gesta tuvieron especial protagonismo Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes; Landelino Lavilla, ministro de Justicia; Miguel Primo de Rivera y Fernando Suárez, que defendió en la Cámara el texto en nombre de la ponencia.
La Ley para la Reforma Política establecía la desaparición de aquellas Cortes y la celebración de nuevas elecciones. Exigía, por tanto, a los procuradores franquistas que votaran a favor de la disolución. Que cesaran en el cargo y se auto disolvieran.
El texto se sometió a votación del Pleno de la cámara a las 21:35 horas del 18 de noviembre de 1976, precisamente a pocas horas del primer aniversario de la muerte de Franco, ocurrida el 20-N de 1975. Salió adelante con una mayoría amplísima: 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones. Posteriormente fue aprobada en referéndum, celebrado el 15 de diciembre.
Aquel momento se conoció entonces como el “harakiri” de las Cortes franquistas, y la consecuencia inmediata fue la convocatoria de las primeras elecciones generales libres desde 1936. Se celebraron el 15 de junio de 1977, y de ellas salieron las Cortes que elaboraron la actual Constitución.
Bueno, pues, paradojas de la historia, las actuales Cortes acaban de decidir también suicidarse. No disolverse, pero sí dejar de cumplir su cometido básico como poder legislativo, es decir, dejar de controlar al Gobierno. Un suicidio, como digo. Que les debería conducir a cerrar sus puertas por incumplimiento del deber e inutilidad.
Lo han hecho al votar a favor de que el presidente, Pedro Sánchez, no tenga obligación de acudir al Congreso de los Diputados para dar cuenta del uso que esté haciendo con los inmensos poderes que acaban de concederle aprobando el decreto-ley del estado de alarma por seis meses.
A pesar de las atribuciones otorgadas, que entran en colisión con derechos fundamentales de los ciudadanos, el Congreso ha renunciado a su obligación de control del Ejecutivo, que así podrá hacer lo que le dé la gana. El presidente comparecerá cada dos meses, pero solo para “informar” sobre la aplicación del estado de alarma.
Así, con la renuncia del Congreso, ¿a quién dará cuenta Pedro Sánchez de la utilización de tales atribuciones, quién vigilará que el real decreto se aplica proporcionadamente? Nadie.
El presidente del Gobierno únicamente “rendirá cuentas” cada dos meses, sin que esté prevista una votación sobre la actuación gubernamental, ni, por supuesto, que se le pueda obligar a dar marcha atrás en algunas de las decisiones que tome porque estén equivocadas o resulten excesivas.
Y eso lo ha consentido, lo ha votado, el actual Congreso de los Diputados, que, traicionándose a sí mismo y a nosotros, ha renunciado a cumplir su sagrado deber. ¿Se han dado cuenta los señores diputados de lo que han hecho?
El Congreso no se ha auto disuelto, como hicieron las Cortes franquistas, pero se ha auto descalificado. Y es una gran lástima.
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