Una enmienda de totalidad al destrozador Pedro Sánchez
El manifiesto firmado por 255 destacados personajes de la política, la economía, la cultura y el derecho es una enmienda de totalidad a Pedro Sánchez. Una crítica especialmente contundente por el perfil de quienes lo firman.
La principal acusación, de fondo, es que Pedro Sánchez está aplicando, con sus decisiones, una “lógica destructiva” contra la Constitución. Se están produciendo hechos “propios de democracias que se convierten en regímenes iliberales”. Parece claro que no han querido utilizar la palabra “regímenes dictatoriales”, pero se entiende.
A lo que añaden otra crítica de fondo: está provocando una quiebra del “proyecto histórico” del PSOE.
Doble traición, pues. Al régimen constitucional y a su propio partido.
Varios de los que afirman lo primero son expertos en la Carta Magna, como Manuel Aragón, catedrático de derecho constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional, y la también ex magistrada Encarnación Roca, además de catedráticos como Francesc de Carreras y Adela Cortina.
Entre los segundos, viejos militantes del Partido Socialista, como Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, José Luis Corcuera, Rosa Díez, Pedro Bofill y Elena Flores
Qué denuncian. Los pactos con independentistas y las últimas reformas penales: supresión del delito de sedición y rebaja en el de malversación. Decisiones -dicen- que han “quebrado el proyecto histórico del PSOE" y ponen en peligro tanto la Constitución como "la nación política española". Está en juego "el espíritu" de la Carta Magna, "expresión genuina del pacto de concordia alcanzado en la transición".
Acusan a Podemos de querer instaurar "un modelo plurinacional de corte confederal". "Si este propósito -el de la ruptura flagrante de la Constitución- prosperara, estaríamos a las puertas de un proceso que acabaría destruyendo la nación política española".
Esta "lógica destructiva", de la que habla el comunicado, se ha traducido en "iniciativas legislativas que propician una mutación que “transgrede la separación de poderes, priva a las Cortes de su primacía democrática y desactiva atribuciones esenciales del Constitucional". Como ejemplo, señalan la "impunidad otorgada a los responsables del procés mediante leyes ad hoc"
Ponen el acento en los "intentos de reforma" de las leyes orgánicas del Constitucional y del Poder Judicial, que se llevó a cabo "eludiendo los informes técnicos consultivos" y que fue finalmente tumbada por el TC antes de que la votara el Senado, algo que no había ocurrido anteriormente. El objetivo pretendido por el Gobierno es un "vaciamiento de los principios y reglas constitucionales", algo "propio de democracias que se pervierten para convertirse en regímenes iliberales".
"Si persistiera esta dinámica gubernamental y legislativa, el espíritu que animó a los constituyentes para crear en 1978 un Estado social y democrático de derecho, tres poderes del Estado, separados y cooperativos, y una monarquía parlamentaria, se vería seriamente erosionado y el país volvería a las peores épocas de su historia al declararse fallido, otra vez, el intento de consolidar un régimen de libertades, conforme a los esquemas indeclinables de las democracias".
Llaman al Partido Popular y "al resto de fuerzas constitucionalistas" a que "cumplan serena y eficazmente sus deberes irrenunciables". También apelan a los medios de comunicación, a los intelectuales y académicos, y a la sociedad española en su conjunto, para que reaccionen ante estas políticas gubernamentales y legislativas.
"Recluirnos en la pasividad o la indiferencia sería incompatible con el ejercicio responsable de la ciudadanía. Quien se margine, sintiéndose ajeno a los actuales acontecimientos, cuando crece en todos los países occidentales -y también en España-un fuerte movimiento que entrega los poderes democráticos a pretendidos líderes y sistemas populistas, acabará descubriendo demasiado tarde que se ha encaminado por el sendero de la servidumbre voluntaria, rechazado por la inmensa mayoría de los españoles tras la dictadura".
Firman el manifiesto ex ministros como Rafael Arias Salgado, José Luis Leal, José María Michavila y César Antonio Molina; embajadores como Carlos Miranda Elio, Ramón de Miguel, Carlos Bastarreche y Leopoldo Stampa; juristas como Clemente Auger; ex altos cargos como Soledad Becerril (Defensora del Pueblo), Jorge Dezcallar (director del CNI), Inocencio Arias (secretario de Estado de Exteriores), Sebastián Abella (Presidente de la CNMV), Emilio Lamo de Espinosa (Presidente del Real Instituto Elcano).
Y en la relación figuran buen número de periodistas, entre ellos algunos tan significados como Juan Luis Cebrián, Augusto Delkáder, Daniel Gavela, Antonio Caño, Miguel Ángel Aguilar y Javier Ayuso. Lo mismo que políticos que han militado en la izquierda, como José María Mohedano y Maite Pagazaurtundua. Y escritores como Fernando Savater, Andrés Trapiello y Félix de Azúa.
Los firmantes de esa enmienda de totalidad son, en su mayoría, especialmente cualificados y solventes. Han lanzado una advertencia muy seria. Casi un grito de alarma.
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