Un Estado que no funciona ¿va a poder reconstruir España?
El Gobierno descartó la opción de constituir una comisión de expertos, de la máxima cualificación, que se encargara de pilotar la reconstrucción de España tras la hecatombe que está causando la pandemia de Covid-19.
Esa ha sido la solución que han adoptado otros países europeos, como por ejemplo Italia, que han recurrido a los mejores cerebros disponibles para que estudien la situación, elaboren un diagnóstico, diseñen un plan de recuperación, lo coordinen y ejecuten. En Italia ya han presentado un plan de 102 medidas.
Aquí, no se va a hacer algo así. ¿Porque no existen profesionales suficientemente cualificados?
Existen. Y son abundantes. Baste recordar que hay empresas españolas que son líderes mundiales en campos como las infraestructuras, la alta velocidad, las telecomunicaciones, la energía, las renovables, la banca, la moda… Que gestionan el suministro de agua en grandes capitales, los principales aeropuertos de países como Inglaterra, que coordinan los procesos electorales en numerosas naciones…
¿Entonces, por qué se ha descartado la idea de convocar a los mejores talentos para encargarles que saquen adelante el país? Por una razón ideológica bastante pedestre: la izquierda no se fía de la iniciativa privada. No quiere que haya lo que llaman “empresarios” dedicándose a organizar la reconstrucción.
Su apuesta –y así lo han manifestado en ámbitos restringidos- es que la recuperación del país debe ser liderada “por el Estado”.
Vale. Son palabras solemnes. Pero, ¿el Estado se halla capacitado para una tarea gigantesca como la que nos aguarda? El sector público, la Administración, las empresas estatales, ¿alcanzan los niveles de competencia que ha acreditado sobradamente el sector privado?
Porque no estamos hablando de una cuestión ideológica, sino pragmática. Hablamos de capacidad y de eficacia para reconstruir lo que ha destruido el Covid-19, que es muchísimo.
Desde marzo a acá, todas las grandes compañías del país, e incluso también medianas y pequeñas, han sido capaces de organizar con bastante normalidad el teletrabajo para sus plantillas, a las que han dotado de terminales y de sistemas de trabajo. No ha ocurrido así con el Estado.
Por citar un sector: la Justicia. No ha tenido medios, ni entrenamiento, para dotar a fiscales, jueces, funcionarios, personal administrativo, de los equipos necesarios y suficientes para desarrollar su labor con los menores retrasos. Además del caos, el atasco que se ha producido es monumental.
Durante los momentos más duros de la pandemia, la Administración se ha mostrado incapaz de dotar de elementos de protección suficiente, no ya a todos los ciudadanos, sino ni siquiera al personal sanitario, que han tenido que afrontar ese desafío casi inermes.
Hasta ha recurrido a pedir favores a Inditex para la logística y el transporte de materiales.
Por no ser capaces, no lo hemos sido de organizar a nivel estatal la realización de pruebas del coronavirus. Es que aún seguimos sin disponer de test suficientes para ponerlo en marcha.
¿Y la epopeya de las mascarillas, que han faltado durante semanas y semanas, cuando hubo empresas que se habían ofrecido a suministrarlas y les dijeron que no? Por no citar la compra de unos test chinos que no funcionaban.
Hablando de la educación, la ignorancia y la impericia demostradas por sus responsables son cósmicas, tanto en los niveles primario y secundario como en la universidad. Han dicho una cosa y su contraria. Aun no se sabe exactamente cómo va a ser el próximo curso en los distintos niveles.
Pero, en muchos de esos casos, ¿han tenido la humildad, o el sentido común, de preguntar a los que saben? ¿Y de pedir ayuda? De ninguna manera.
Y hay que hablar de la ineficacia demostrada por el ministerio de Trabajo y la Seguridad Social para tramitar los ERTE, con retrasos increíbles a pesar de lo delicado del asunto, puesto que afectaban a cientos de miles de personas.
Una gran parte de los interesados no han cobrado, incluyendo errores que han provocado que otros hayan recibido cantidades equivocadas, que han tenido que devolver. Una catástrofe de la Administración con todas las letras.
Y ahora el personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Seguridad Social admiten que no saben si podrán cumplir la promesa de poner en marcha y tramitar las solicitudes del ingreso mínimo vital en la fecha anunciada (imprudentemente) por Pedro Sánchez: el 26 de junio.
No hay medios, ni personal suficiente para resolver estos expedientes, y se teme un colapso como el del SEPE con los ERTEs. Los sindicatos de la Administración han denunciado que los empleados públicos no disponen de una formación específica ni de instrucciones claras sobre la tramitación de la nueva prestación del ingreso mínimo vital.
Se están registrando incidentes y altercados en las oficinas del SEPE por toda España. Unos locales en los que aún no se han habilitado las medidas de protección indicadas para hacer frente a la posibilidad de contagios. Ineficacia tras ineficacia.
Finalmente, y por si faltara algo, resulta que el Gobierno ha decidido que la reconstrucción del país dependa de… una comisión de diputados. Y presidida por Patxi López. ¿Esa es la instancia que va a sacar a España del desastre? Si no fuera una tragedia, parecería una broma. Que vamos a pagar muy cara.
En lugar de convocar a todos a la reconstrucción, y de sumar capacidades y talentos, que los hay, Pedro Sánchez ha apostado por la ideología y los clichés del pasado. A costa nuestra, por supuesto.
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