Felipe VI no quiere otro disgusto
Felipe VI se ha puesto manos a la obra, en uno de los pocos cometidos concretos que le adjudica la Constitución: escuchar a los portavoces parlamentarios para, a continuación, designar un candidato a ser investido presidente del Gobierno.
No es pequeño desafío, ante la evidencia de un parlamento muy dividido y en el que formar mayorías exigirá equilibrios increíbles.
Se trata del sexto turno de consultas que protagoniza el monarca en solamente cinco años desde que llegó al trono, y a este paso va camino de batir todos los récords.
Lo pasó muy mal el rey en los anteriores procesos, porque en el primero no hubo investidura y fue necesario repetir las elecciones generales, y en el segundo estuvo a punto de quedar vacía la candidatura, después de que el líder del partido más votado, y presidente del Gobierno en funciones, se negara en primera instancia a la nominación. Al final, resultó elegido solo gracias a una dificultosa abstención de los socialistas.
En aquellos días de 2016, la preocupación en La Zarzuela era máxima, porque tenían conciencia de que, si el procedimiento volvía a fallar, el país entraría en un imprevisible periodo de inestabilidad política. Y cabía el riesgo de que la figura del monarca quedara dañada ante la realidad de que, por así decirlo, su participación, su intervención y mediación, no habían servido para nada.
En la Casa del Rey estuvieron muy interesados en que al final hubiera investidura.
Ahora, Felipe VI no quiere más sustos. Durante los despachos con los líderes de los partidos se ha esforzado en lanzarles el mensaje de que es preciso llegar a la investidura de un presidente del Gobierno. Junto con otro recado: Quiero un Gobierno estable.
Mucho más no puede transmitirles, porque excedería las atribuciones constitucionales. Pero algo tiene que emitir, algo que ayude a encontrar una solución lo más adecuada posible.
Porque, al fin, el rey es, o debe ser, algo más que un buzón mudo donde dejar unas cartas y ya está.
A ese respecto, hasta se podría acoger a la potestad de arbitrar y moderar "el funcionamiento regular de las instituciones" que le otorga el artículo 56 de la Constitución. Eso sí, con exquisito cuidado.
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