Sobre el fiscal Pedro Horrach

Uno de los lugares comunes, a la hora de enfocar el tránsito judicial de la infanta Cristina, implicada en el 'caso Urdangarín', es afirmar que en el proceso han existido interferencias ajenas, dirigidas a impedir que la hija del rey acabara como imputada.

Se ha hablado de presiones de todo tipo, apuntando a los altos órganos de la justicia, a la Fiscalía, al ministerio, al Gobierno y hasta a la Casa del Rey.

Y como determinante punto de sospecha se argumenta con la actuación del fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, que ha interpuesto escrito de oposición contra las dos imputaciones ordenadas por el juez Castro, tanto la primera como la segunda vez.

Se remarca, en concreto, la condición orgánica del ministerio fiscal, la dependencia de la Fiscalía del Estado, y, finalmente, la circunstancia de que su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, es nombrado por el Gobierno.

Sin entrar ahora en la condición y actuaciones del Fiscal General del Estado, o al menos al actual titular del cargo, y ciñéndonos sólo al fiscal del caso, sostener que en sus decisiones ha mediado la interferencia del Gobierno constituye, además de una afirmación imprudente, y hasta una afrenta profesional para el propio Horrach, un grave desconocimiento de la realidad de las cosas.

La realidad de las cosas es que Pedro Horrach, una persona de trayectoria progresista, el auténtico promotor y cerebro del sumario del 'caso Palma Arena' y de las demás piezas separadas, ha puesto contra las cuerdas de forma intensa y continuada al Partido Popular, y por ende al Gobierno de Mariano Rajoy.

La actuación del ministerio público en Baleares, en la Comunidad Valenciana, y hasta en Madrid, ha sido de tal contundencia que el PP de esas dos comunidades ha salido malparado de forma evidente.

Por ello, pensar que ese fiscal, Pedro Horrach, dada su personalidad y trayectoria, se ha dejado influir por el Gobierno para beneficiar a la infanta Cristina es desconocer absolutamente la realidad de las cosas.

Durante tres años de instrucción del caso, juez y fiscal, marcharon de la mano, con el impulso principal, insisto, de Pedro Horrach. Al cabo de esos tres años, los dos coincidían en que no había fundamento para una imputación de la infanta Cristina.

Así se mantuvo hasta abril del año pasado. Entonces, a pesar de que las circunstancias no habían cambiado, y de que las últimas diligencias no habían aportado ningún dato nuevo, el juez Castro, actuando por su cuenta y sin contar con el fiscal, dictó por sorpresa el primer auto de imputación. En ese momento se rompió el equipo, y se produjo una quiebra personal en su relación.

Quien cambió súbitamente fue el juez, mientras el fiscal se mantuvo y se ha mantenido en la misma posición. En la que sigue firme. Apuntar el Gobierno como trastienda no tiene fundamento. No en el caso de Horrach.