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José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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La Justicia: entre todos (los políticos) la mataron

Reunión del Consejo del Poder Judicial
photo_camera Reunión del Consejo del Poder Judicial

La apertura del año judicial, que presidió el rey el lunes, pareció un espectáculo de abracadabra.

Se asistió a un acto marcado por el bloqueo en la renovación del Consejo del Poder Judicial, cuyo mandato ha caducado hace casi tres años, con el Tribunal de Cuentas también caducado, y con vacantes sin cubrir en el Supremo y el Constitucional.

Por si faltara algo, tuvo protagonismo (obligado) una Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ella misma en entredicho porque se cuestiona la legalidad de su nombramiento, asunto que deberán dirimir precisamente los jueces que le estaban escuchando.

A la vez, la justicia tiene pendientes asuntos de calado como los recursos a los indultos del procés y contra el Estado de Alarma, y en marcha cuestiones como las pesquisas de la Fiscalía sobre el rey Juan Carlos, a quien hace unos días señaló en una investigación como comisionista internacional.

Creo que no descubro nada si digo que, por unos y otros motivos, muchos, la Justicia está en España por los suelos.

El argumento más profundo tiene que ver con el bloqueo en la renovación del CGPJ, y, como trasfondo, con la independencia (no independencia) del poder judicial.

El CGPJ está formado por veinte vocales, elegidos cada cinco años, de los que, según la Constitución, el Parlamento (o sea, los políticos) votan ocho, escogidos de entre juristas de reconocido prestigio.

Sobre los restantes doce miembros, todos ellos magistrados, la Carta Magna no establece cómo deben ser designados. Y, de hecho, en su primer mandato fueron los jueces quienes los eligieron. Pero en 1985, con Felipe González en La Moncloa, el Gobierno reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que esos doce vocales fueran nominados también por el Parlamento (o sea, por los políticos).

¿Por qué los socialistas procedieron a ese cambio? Por motivos ideológicos. Consideraban que la judicatura era un estamento “de derechas”, y no estaban dispuestos a que los jueces colocaran en el CGPJ a magistrados de esa procedencia. Y ya está.

 

La exigencia de tres quintos obliga a un pacto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, y así se ha hecho durante años: han acordado sucesivas renovaciones, con mayores o menores retrasos, pero lo han hecho. Hasta hoy.

En 2011, el PP apostó por dar marcha atrás a la reforma de 1985, con el fin de que los jueces eligieran a sus doce vocales del CGPJ, pero, cuando pudo intentarlo, porque gobernaba, olvidó esa promesa.

El actual CGPJ fue elegido a finales de 2013, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy y con mayoría absoluta del PP en ambas cámaras. De los veinte vocales, diez fueron propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y otro por el PNV. Designaron como presidente a Carlos Lesmes, de perfil conservador.

En el pacto que el PSOE y PP fraguaron en 2018 y que saltó por los aires, los socialistas elegían once (negoció con Podemos los nombres de varios candidatos próximos a la formación morada) y los populares, nueve, pero a cambio proponían al presidente, Manuel Marchena, que acabó renunciando en defensa de su independencia. Y ahí se quebró todo.

El PP propone ahora la vuelta a la elección por los jueces. Lo reivindican las asociaciones, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa, que pide que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos entre sus pares.

Dice Casado que acepta renovar ahora el Consejo, con las actuales normas, si Pedro Sánchez se compromete a reformar el procedimiento, para que en el futuro la elección recaiga en los jueces.

PSOE y Podemos, por su parte, propugnan mantener el actual sistema, con el argumento de que la soberanía nacional reside en el Parlamento, del que también nace el Ejecutivo. Esas formaciones parten del principio absoluto de que solo es admisible (democrático) aquello en lo que intervienen los partidos (los políticos). Y eso no es verdad.

En mis clases de Información Política, suelo explicar que en España no existe la famosa división de poderes, porque los tres se hallan en una sola mano: los partidos.

Los partidos mandan en el poder legislativo (las Cortes) porque nominan a los candidatos. Mandan en el poder ejecutivo (el Gobierno) porque son las Cortes (los partidos) las que lo designan. Y mandan en el poder judicial, porque son las Cortes (los partidos) los que eligen el gobierno de los jueces.

La Justicia está por los suelos porque así lo quieren los políticos. Ni más, ni menos. Primero, como hemos visto, tratando de controlar el órgano de gobierno de los jueces y con ello, de rebote, todos los nombramientos. Pero también son responsables de la evidente ineficacia que muestran los tribunales a todos los niveles. Los retrasos, las dilaciones, los atascos son la norma habitual.

Existe una escasez de medios, materiales, técnicos y de personal, que ningún gobierno ha querido resolver, casi siempre con la excusa de las dificultades económicas. Ninguno.

Así que los problemas de la Justicia nunca tendrán solución en España mientras los políticos no quieran. Y hasta ahora (a los hechos me remito) no han querido. Decir otra cosa es excusa de mal pagador.

Dice el dicho popular que “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Pues eso, entre todos.

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