Verdades como puños (¿cómo puñetazos?) sobre la educación
La educación constituye un desafío crucial en cualquier país, porque de ella se derivan consecuencias de enorme calado para el presente y para el futuro, de la nación en su conjunto, y de todos y cada uno de sus habitantes.
En España vamos ya camino de celebrar los cincuenta años de la llegada de la democracia, y sin embargo sigue siendo una asignatura pendiente, por la falta de un pacto educativo en el que se encuentren todos los partidos y sectores afectados, que evite de una vez por todas las batallas, y que resuelva los desafíos con el consenso de la mayoría.
Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una Constitución como la ahora vigente, si en su día se firmaron los Pactos de la Moncloa, si existe y funciona con relativa normalidad el Pacto de Toledo… ¿tan imposible puede ser ese acuerdo nacional sobre la educación?
¿Qué tiene de distinto, que motivo ocultos puede haber para que hasta ahora no haya sido posible? ¿Quién se empeña en boicotearlo y por qué? Nos faltan muchas respuestas.
Y, mientras ese pacto llega, asistimos de nuevo a una batalla, ahora con motivo de la nueva ley de educación que pretende imponer la actual mayoría, nucleada por socialistas y podemitas. Tramitada a toda prisa, casi a escondidas, en pleno estado de alarma, y que quieren tener aprobada para marzo. Hay prisas.
A propósito de la LOMLOE, esa nueva ley de educación, convertida en un trágala por el Gobierno, y que incluso pretende dinamitar no pocos de los presupuestos actualmente existentes, he escuchado con interés una disertación pública del presidente de la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), Alfonso Aguiló.
Fundada en 1977, en los albores de la democracia, como primera patronal de la enseñanza en España, CECE es una organización empresarial del sector educativo que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España, y cuya característica principal -según definición propia- es la pluralidad.
Animo a escuchar esa intervención del presidente de la patronal de centros, a partir de la cual, y resumiendo, voy a reformular algunas de sus afirmaciones, que me parecen llenas de sentido común y enormemente ilustrativas. Y que son verdades como puños. Incluso como puñetazos.
Pido disculpas por el posible desorden de ideas, consecuencia de un resumen demasiado resumido. A partir de aquí, pues, reflexiones y afirmaciones basadas en la intervención de Alfonso Aguiló.
Una educación plural permite que exista una sociedad plural, y por tanto pluralidad política. Donde se impone una educación única, acaba existiendo una ideología única y un partido único.
La libertad de educación es un principio básico. Pero no basta con los principios, porque además se precisa la igualdad.
La igualdad de oportunidades en la educación consiste en que cualquiera pueda acceder a la escuela que quiera, de cualquier tipo, sin que para ello sea obstáculo que tenga dinero o no. A eso debe subvenir el Estado.
En la confrontación entre público y privado cabe una síntesis: ni privatización de lo público ni estatalización de lo privado.
Los conciertos educativos no son una peculiaridad de España. No se trata de una posición de derechas o izquierdas, católica o no. En todos los países (europeos, avanzados, democráticos) existe financiación pública de la enseñanza privada.
La financiación pública no hay que justificarla en que la enseñanza privada resulta más barata. Ni tampoco en que el Estado no es capaz de asumir toda la educación, ya que la pública podría llegar a ser más barata y el Estado alcanzar a cubrir toda la demanda.
La financiación pública se justifica en la pluralidad, en la democracia, en la libertad. En el derecho, plural, de elegir un modelo en función de sus contenidos, planteamientos pedagógicos…
Algunos propugnan implantar una educación laica, mixta y pública. Pero, ¿por qué a un creyente pueden imponerle una formación laica, si no la quiere? Y lo mismo ocurre con los otros dos modelos.
Lo adecuado, lo normal, es que existan centros diferentes, en función de lo que desean los ciudadanos. Ellos tienen la palabra y la decisión. Lo mismo que hay sindicatos, partidos y medios de comunicación diversos, y no uno solo y uniformado.
Los críticos sostiene (por interés ideológico) que la enseñanza concertada es en España un 25%, mientras que en Europa el porcentaje es menor, y por tanto habría que reducirlo aquí.
La cuestión es que quien dice que exista la concertada es la sociedad española, que es la que la elige y apoya.
Cuando afirman que hay demasiada enseñanza concertada, se puede responder: es como si dijera que usted tiene, en proporción, demasiados concejales, demasiados diputados, y que debería cederlos a otros. Es el pueblo soberano el que decide cuántos representantes quiere de cada formación. Lo mismo ocurre con la concertada: lo debe decidir la sociedad, lo deciden las familias cuando eligen colegio.
Si el 30% de los españoles piden enseñanza concertada, y el poder decide que el 100% debe ser pública, es como decirles: me importa un rábano lo que vosotros penséis.
Reduciendo o eliminando centros concertados, los perjudicados no son los centros o las empresas propietarias; los castigados son las familias. El concierto no es una subvención al colegio sino a las familias, mediante el pago a los profesores; el dinero va a la cuenta de los profesores. El 90% es pago delegado, y el otro 10% esta totalmente controlado.
Algunos se escandalizan de que exista financiación pública de la enseñanza privada. Lo consideran una contradicción, un absurdo, un imposible.
Pero en este país existen los partidos, que son entidades privadas pero se ven financiados con dinero público. Lo mismo ocurre con los sindicatos, también entes privados con financiación pública. ¿Acaso quieren que los partidos y los sindicatos sean públicos porque reciben ese dinero?
El dinero publico está para gestionar el espacio público, y eso no quiere decir instituciones públicas. Quienes piensan esto último son dictaduras, que sostienen que lo público debe ser gestionado por el poder.
Sobre la asignatura de religión, en España el 63% de las familias piden educación católica. No hay ninguna realidad en España, ninguna, que sume ese porcentaje. Es una cifra suficientemente importante como para ser respetada.
Pero, aunque fueran minoría los que la solicitaran, también tendrían ese derecho, porque este es un país libre y plural.
No quieren permitir dar catecismo a las distintas confesiones, pero planean dar la religión del Estado. El Estado pone su catecismo, y con ello se convierte en un Estado adoctrinador.
La formación religiosa la necesitan todos los ciudadanos, aunque no sean creyentes. No solo los creyentes. Igual que existe asignatura de música aunque a algunos no se les dé muy bien, de educación física, de arte, de literatura aunque no les guste leer…
Sobre la LOMLOE, el cambio más importante aparece en el artículo 109, que atribuye en exclusiva a las consejerías de educación la programación sin atender a ningún otro criterio. Es decir, las consejerías podrán decidir lo que les dé la gana, sin tener en cuenta lo que piensan y demandan las familias.
Las leyes están para limitar el poder de los políticos, pero esta ley no lo recorta sino que les da más atribuciones.
Sobre la educación diferenciada, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 es muy clara. Dice, en resumen: la educación diferenciada no discrimina, y por tanto no debe ser discriminada en la financiación.
Otro punto de la ley habla de la presencia de un concejal en el consejo escolar de los centros. Siguiendo esa práctica, ¿por qué no hay un concejal del distrito de Arguelles en la sede socialista de Ferraz?
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