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José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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“Manos arriba, esto es un asalto… a la Justicia”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una réplica parlamentaria desde su escaño del Congreso
photo_camera El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una réplica parlamentaria desde su escaño del Congreso

"Manos arriba, esto es un asalto. Ya han asaltado el CIS, TVE, Fiscalía General del Estado, pero para cambiar un régimen político se necesita que no estorbe nadie. ¿Y quién puede molestar? Los jueces".

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La pandemia de coronavirus supera los 43 millones de casos con 1,15 millones de muertos.

Así comenzó ayer Carlos Herrera su editorial matutino en la cadena COPE, a propósito de la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que ha puesto en marcha el Gobierno por la vía rápida.

El objetivo es que la renovación de 12 de los integrantes del CGPJ se apruebe en el Parlamento por mayoría absoluta, en lugar de los 3/5 de los votos que se exige ahora, y que por tanto requieren un pacto previo con la oposición.

Para conseguir el cambio legislativo, el truco parece sencillo. En lugar de, previamente aprobado en Consejo de Ministros, enviar a las Cortes un proyecto de ley que modifique el sistema de elección actual, ha optado por presentar una proposición de ley. El primero requiere varios informes (no vinculantes) del Consejo de Estado, del propio CGPJ y del Consejo Fiscal, lo cual llevaría tiempo y seguramente algún disgusto. El segundo, no.

El artículo 122 de la Constitución exige mayoría de 3/5 para la designación de los 8 vocales que corresponden a las Cortes, pero no para los otros 12 miembros del CGPJ. La ley actual mantiene el respaldo de los 3/5 para esos 12 vocales del cupo de los jueces, y esa es la norma que se proponen cambiar, de forma que solo haga falta mayoría absoluta. Algo que pueden conseguir PSOE y Podemos con el resto de socios.

Así pues, 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces podrán ser nominados por la actual mayoría social-podemita-nacionalista-republicana-batasuna.

El objetivo de fondo es -puntualizaba Herrera- cambiar todo el sistema. Pero, eso sí, utilizando la pandemia para que esas decisiones queden en segundo plano: "Mientras paralizan la ciudadanía con el miedo de la pandemia, están destrozando la estructura del Estado

Sacan a pasear a Salvador Illa y Fernando Simón para proclamar lo malo que es el virus, y lo mismo la guerra contra Madrid, pero por detrás están cambiándolo todo. Y el proceso no lo lidera Podemos, sino Pedro Sánchez, que “ha conseguido que el PSOE se vuelva más de Podemos".

Apuntaba también a una sorprendente diana política: “Esto se produce porque la mayoría de los socios de Sánchez tienen problemas con la Justicia". Desde luego, los tienen Pablo Iglesias y Podemos, ocurre con Esquerra, con los bildutarras…

Por mi parte, he de decir que tengo dudas de que el propósito de Pedro Sánchez (y Pablo Iglesias) llegue a consumarse. La polvareda (la escandalera) que se ha levantado es tal, que no me extrañaría que al final tenga que aparcarlo en un cajón sin que llegue a término.

Las asociaciones de jueces han mostrado su oposición a la reforma, incluyendo a los llamados progresistas. Lo mismo ocurre con los especialistas en Derecho. Se han multiplicado los comentarios, las columnas, las declaraciones, hablando de invasión del Gobierno, de colonización de la Justicia, de ruptura de la separación de poderes

Chocante resulta, por cierto, que en el Consejo de Ministros se sienten tres jueces, Grande-Marlaska, Margarita Robles y Juan Carlos Campo, éste a su vez titular de Justicia, que han dado la callada por respuesta (quien calla otorga, dice el refranero). ¿Cómo permiten ese atropello a la Justicia unos jueces?

Y en Europa se han echado las manos a la cabeza. Y a algún sitio más: a los bolsillos. Se están preguntando si un Estado donde se conculca el principio de la separación de poderes puede recibir las ayudas económicas comprometidas para salir de la crisis económica.

Es lo que nos faltaba: internacionalizar nuestros problemas, poniendo en jaque la imagen de España como país. Polonia, penalizado por algunas decisiones que afectaban a la independencia judicial, ha preguntado a Bruselas si van a exigir lo mismo a España.

En ese nivel nos han colocado.

Pero la ocupación de la Justicia no es el final. Es un paso más en el asalto al Estado. Lo quieren ocupar todo. ¡Manos arriba!

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