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José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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Pedro Sánchez, responsable pero no culpable

Pedro Sánchez visita Hersill
photo_camera Pedro Sánchez visita Hersill

Ciudadanos particulares, médicos, organizaciones diversas, han presentado en Francia decenas de demandas contra el Gobierno, es decir, el primer ministro y resto de integrantes del Ejecutivo, por su actuación, o no actuación, durante la pandemia de coronavirus.

Se han interpuesto ante la Corte de Justicia de la República, única instancia habilitada para juzgar actos cometidos por miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Algunas de las acusaciones son de “homicidio involuntario”, “no asistencia a personas en peligro”, “obstáculos a medidas de asistencia”, además de otras por “violencia innecesaria”, “poner en peligro vidas de otros”, e incluso figuras como “falta de tomar las medidas necesarias para evitar un siniestro”.

Aquí, en un juzgado de Madrid se acaba presentar querella contra el Gobierno por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, al considerar que las compras de material sanitario durante la crisis del coronavirus se han realizado “de forma irregular”.

La firma Vox, que acusa al Ejecutivo de adjudicar contratos a comisionistas sin experiencia previa, a empresas sin empleados, y de haberlo hecho con sobrecostes extraordinarios. Su iniciativa se añade a otras querellas interpuestas por particulares con distintas acusaciones.

Efectivamente, uno de los debates que se están planteando es la exigencia de responsabilidades a quienes han gestionado en primera línea la crisis del coronavirus. Es decir, sobre todo Pedro Sánchez y su Gobierno, aunque no solo, porque existen otras administraciones.

Desde un punto de vista político, que se reclamen responsabilidades tiene todo su sentido. Es más, parece inexcusable que ocurra, y sin duda en su momento se debatirá.

Cuestión distinta es la exigencia de responsabilidades penales. Un camino difícilmente transitable.

Ese debate se ha escenificado en Francia, donde el Senado aprobó el lunes una resolución por la que excluye de responsabilidad a alcaldes y otros gestores públicos por los contagios que se deriven de las medidas de desconfinamiento.

Establece que durante la urgencia sanitaria nadie puede verse acusado de haber expuesto a otro a riesgo de contaminación, a menos de que los hechos se hayan producido “por imprudencia o negligencia”, o sean una “violación manifiestamente deliberada de una obligación de prudencia o de seguridad”.

Según los analistas, tal decisión disminuye el principio de responsabilidad, al generalizar la idea de que durante ese estado de urgencia “se puede ser responsable pero no culpable”.

La resolución ha sido recibida con cierto alivio en el Gobierno francés, a la vista de las demandas presentadas. A más a más, abre la sospecha a la posibilidad de una amnistía, como ya ha apuntado la ultraderechista Marina Le Pen.

Retornando a España, lo de la prevaricación y malversación es un asunto. Y otro muy distinto la exigencia de responsabilidades penales al Gobierno por la gestión del coronavirus.

A ese respecto, no hay que descartar que haga también fortuna aquí el principio de que, en emergencias sanitarias, se puede ser responsable, pero no culpable. Lo tendrán que estudiar los jueces, creo. Veremos.

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