José Apezarena

Pedro Sánchez nos está sacando los hígados, nuestros hígados

Gabriel Rufián, con diputados de EH Bildu en una manifestación de trabajadores de Nissan.
Gabriel Rufián, con diputados de EH Bildu en una manifestación de trabajadores de Nissan.

El seguro de vida (política) que se está agenciando Pedro Sánchez, es decir, los Presupuestos de 2021, con los que conseguirá el salvoconducto para llegar hasta el final de la legislatura, o sea, hasta 2024, no está costando un ojo de la cara y parte del otro.

El presidente del Gobierno se dedica, alegremente, a pagar los apoyos que anda necesitando, pero, eso sí, a costa de bienes nacionales y de recursos, de todo tipo, de los españoles. El pago no sale de su bolsillo, sino del nuestro, del de todos. Pedro Sánchez no está sacando los hígados.

Por ejemplo, las cuentas del 2021 contemplan gastos desaforados y un bajonazo fiscal, en la línea de rascarnos los bolsillos.

Y, desde el punto de vista político, ha entregado tantas cosas… La tramitación de indultos a los presos del ‘procés’, el compromiso de reformar los tipos penales que les afectan, un espectacular ritmo de acercamientos de presos etarras

El Gobierno ha procedido al blanqueamiento de los herederos de ETA, ascendiéndolos a la categoría de grandes gestores de los asuntos nacionales. Los de España. De esa España que ellos quieren destrozar por la vía de la independencia.

Pedro Sánchez está incurriendo en un entreguismo sin fin. Ha regalado al Gobierno Vasco, sin contrapartida ninguna, el emblemático Cuartel de Loyola, que por cierto servía al CNI como base de comunicaciones en la zona, y ahora tiene que desmontarlo.

Y ha concedido al todopoderoso Gabriel Rufián su mísera venganza sobre Madrid, con una supuesta armonización fiscal que solo busca borrar el sonrojo que les produce ver a la comunidad madrileña muy por delante de Cataluña económicamente.

Y, en fin, ha regalado el español, nuestra lengua, el legado de tantos siglos, tesoro de cultura y de presencia, porque lo hablan quinientos de millones de personas en el mundo entero.

Ya no será lengua vehicular en la educación en Cataluña, y se le deja de llamar “lengua oficial del Estado”. La nueva LOMLOE, aprobada por un solo voto de diferencia, camina de urgencia a la aprobación, valiéndose para ello, torticeramente, de las circunstancias excepcionales de un estado de alarma en vigor por otros motivos.

 

Se deja de respetar el "deber de conocer" y el "derecho a usar" el castellano consagrados en el artículo 3 de la Constitución.

IDESCAT, la agencia oficial de estadística de Cataluña, con datos de 2018, constata que el catalán es utilizado allí como lengua habitual por el 36,1% de los ciudadanos, el castellano lo usa como lengua habitual el 48,6%, y un 7,4% lo hace en ambas lenguas indistintamente.

Habrá, por supuesto, recurso ante el Tribunal Constitucional, que muy probablemente echará abajo ese atropello acogiéndose a la sentencia 337/1994. Pero será, una vez más, tan tarde que, para entonces, el castellano habrá quedado arrasado definitivamente en Cataluña.

Se habrá alcanzado la obsesión nacionalista de tratar a quienes no lo son, a los que no se pliegan, como “alemanes en Mallorca”. Es decir como extranjeros en su propia tierra.

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