El peligro de los jueces
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia archivando la querella por el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, no sólo constituye un disparate, porque va contra el sentido común más elemental, sino que lleva camino de añadir un nuevo factor de riesgo para la vida normal del país y sus ciudadanos.
Afirmar que lo escenificado ante el domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría es "un mecanismo democrático", y confirmar la legalidad de los escraches sosteniendo que no implican "violencia ni coacciones", revela, o que los magistrados no se han enterado de lo que pasó realmente allí, o bien que no les importa que algo así se produzca, al menos en el caso de la vicepresidenta.
Una concentración masiva a la puerta de la casa, con gritos, improperios y tono amenazador, bloqueando la entrada y la salida, cuando además en el interior de la vivienda se encontraba Sáenz de Santamaría con su marido y su hijo, constituye, desde luego, un evidente acto de coacción. Basta volver a ver las imágenes grabadas.
Pero no es lo peor el hecho concreto de una sentencia incomprensible, cuanto lo que hay detrás, lo que ello oculta: el grave problema que empiezan a representar los jueces, como colectivo, para este país.
Para empezar, sorprende la anomalía de ver colocadas en órganos jurisdiccionales a personas con clara y acreditada militancia política, que en el desempeño de su trabajo parece que mantienen la ideología por delante de la simple y desnuda aplicación de la ley.
Se ha criticado mucho la llamada "puerta giratoria" que existe entre la clase política y las grandes empresas, que permite la entrada y salida de uno a otro ámbito sin problemas; pero falta por debatir sobre esa misma "puerta giratoria" entre la política y los ámbitos judiciales, igualmente con entradas, salidas, reentradas...
A esos magistrados ideologizados se añade, de forma más generalizada, la realidad de que un cierto número de ellos, cada vez mayor, se están mostrando, a la hora dictar resoluciones, más atentos al clima general de opinión, a lo que la calle reclama, a las simpatías y las antipatías, a la buena imagen, que a aplicar la ley.
No pocos de los jueces creen que, con sus sentencias, deben cambiar la realidad. Y con ello se extralimitan irremediablemente, porque su función es cumplir las leyes, no cambiarlas ni modificarlas. Si alguno considera que tal es su obligación, lo que debe hacer, si quiere jugar limpio, es abandonar la toga y entrar en la política activa de modo definitivo. Para no volver, por supuesto.
Lo peor no es que tomen o puedan tomar decisiones inadecuadas de forma aislada, lo malo es que con esas decisiones van configurando un concreto modelo de sociedad, estableciendo unos hábitos sociales, unos valores, promoviendo modos de pensar y de vivir, instalando en nuestro país actitudes y comportamientos generales.
Hablaba al principio de que la decisión del TSJM puede constituir factor de riesgo. ¿Por qué? Porque va a contribuir a normalizar un tipo de manifestación como la protagonizada ante la casa de la vicepresidenta. Y eso es una evidente extralimitación, porque parece reclamable que algunos ámbitos personales, como el domicilio, queden en el campo de vida privada, sin que se permita que nadie lo invada de forma desconsiderada.
El sistema ofrece vías y cauces para ejercer la acción política, y esos son los que deben recorrerse, sin que resulte imprescindible destruir la privacidad de la residencia.
Insisto en lo del riesgo. Imaginemos que justiciables que se han visto afectados por decisiones de los magistrados que han firmado la sentencia del TSJM, se animan ahora a congregarse ante los domicilios particulares de esos jueces, que los rodean y profieren gritos contra ellos. ¿Lo considerarían un "mecanismo democrático" normal?
Y atención a los políticos que, por estar fuera del Gobierno, han callado, cuando no apoyado, la sentencia sobre los escraches. Hoy están fuera, pero mañana se encontrarán ellos ejerciendo el poder; y entonces les tocará sufrir ante su casa los acosos que ahora promueven o toleran. Al tiempo.
Pero es que, con la decisión del TSJM, eso mismo puede ocurrirle a cualquier persona sobre la que alguien tenga algo que protestar. Las casas de todos los ciudadanos se han convertido en objetivo y escenario para cualquiera que necesite reclamar algo, denunciar...
Un despropósito.
