¿Cuándo y por qué pueden dejar de cumplirse sentencias y leyes?
Cuando Carmen Lamela, juez de la Audiencia Nacional, acordó el ingreso en prisión sin fianza de Oriol Junqueras y sus compañeros consellers de la Generalitat, se armó un buen escándalo político, a propósito de si la decisión era conveniente, adecuada... oportuna en fin.
No pocos argumentaron que, teniendo en cuenta la delicada situación en Cataluña, con una resistencia social en la calle por parte de los sectores independentistas, tal vez la magistrada debería haberlo tenido en cuenta y no firmar tamaña resolución, porque solamente contribuiría a agravarla.
En resumen, aunque sin decirlo con tanta rotundidad, defendían que habría sido más adecuado no cumplir la legalidad a la que se había atenido la juez Lamela, quien, mirando a la gravedad de los delitos de los que se les acusaba, a su negativa a declarar, pero sobre todo al riesgo de que repitieran las actuaciones violentas que habían provocado su detención y procesamiento, decidió el inmediato ingreso en prisión.
Los arriba citados sugirieron que la magistrada tenía que haber mirado a otro lado, haber puesto cara de póker, y dejado en la calle al grupo de dirigentes. Con el argumento de la oportunidad política.
Ahora, estos días, la decisión de retornar a Sigena los bienes artísticos que se guardaban en el museo de Lérida, ha suscitado polémica parecida. Ha planteado la cuestión de si, teniendo en cuenta el especial momento político en Cataluña, con una campaña electoral en marcha y para unas elecciones tan cruciales, no habría sido mejor aplazar esa medida, a la espera de tiempos más propicios.
Y de nuevo se han esbozado supuestas razones de oportunidad: que el despliegue policial puesto en marcha, junto con el hecho mismo de la devolución por la fuerza, incentiva el voto separatista, con lo que se produce una interferencia en la dinámica electoral, en este caso propiciando la movilización del independentismo.
Lo que ocurre es que el retorno de ese patrimonio artístico ha sido ordenado por un juez. Y que la Generalitat, y el ayuntamiento de Lérida, estaban incumpliendo de forma flagrante dicha resolución. Y que estaban dispuestos a seguir así, salvo uso de la fuerza para obligarles, que es lo que la final ha ocurrido.
Y aquí viene la pregunta. ¿Razones de conveniencia, de oportunidad política, son suficientes como para que las leyes, o las resoluciones de los tribunales, dejen de cumplirse? ¿Es eso democrático? Más aún, ¿es legal?
A mí parece que no.
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