La puta política
Manuel Griñán, hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía, ha saltado a la palestra en defensa de su padre, con una estremecedora carta en Facebook en la que proclama su honestidad.
"Nadie podrá probar jamás que mi padre se ha apropiado de un solo céntimo de los ERE's. Ni él, ni un solo conocido suyo", afirma. Y destaca que, en el escrito del fiscal, que pide seis años de prisión, en ninguna de las 44 páginas acusa al ex presidente de haber metido la mano en la caja de la Junta andaluza.
Critica también la actuación judicial, diciendo que ha acusado a su progenitor "en base a suposiciones", mientras "el jefe de Bárcenas" no sabía nada de los "tejemanejes" de su tesorero.
Su resumen final es que todo esto es "la puta política".
Se comprende, por supuesto, la indignación, el desconcierto, el malestar y la protesta, de Manuel Griñán: se trata de su padre. Pero habría que precisar que no se le acusa de llevarse dinero al bolsillo, sino de prevaricación y malversación de caudales públicos. Algo que tendrán que dirimir los tribunales.
Por tanto, aunque los afectados sean políticos, no estamos hablando de política (de la puta política) sino de presuntos delitos comunes, y de las correspondientes actuaciones judiciales para aclararlos y en su caso castigarlos.
Como tampoco es un asunto propiamente político, aunque exista política y afecte a políticos, la citación ayer de Francesc Homs ante el Tribunal Supremo por su participación en la consulta del 9-N en Cataluña. La acusación, la misma que en el caso de Griñán: prevaricación y malversación de caudales públicos.
Artur Mas aprovechó para lanzar afirmaciones como esta: "No solo está en juego la independencia de Cataluña. Está en juego la democracia". "Estamos encausados por haber escuchado a la gente". "El 9-N fue un acto plenamente democrático, pacífico, en el que 2.350.000 personas fueron voluntariamente a depositar su voto en una urna".
No es verdad. Aquí no está en juego la democracia. Lo que se dirime es el cumplimiento de las leyes... por todos. Solo eso, pero nada menos que eso.
No se trata, pues, de un asunto político, sino un caso judicial. Quizá el 9-N fue un acto democrático, en la medida en que mucha gente fue a votar; pero lo que en realidad fue es un acto ilegal. Y eso tiene consecuencias penales, que deben ser exigidas.
Aquí tampoco es la puta política. Es el cumplimiento de las leyes. Y nada más.
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