La reina de Inglaterra y el caso Urdangarín
"No comprendo por qué no se ha incluido a la reina de Inglaterra en la lista de personas que deben testificar por el caso Urdangarín".
El comentario, irónico por supuesto, lo realizó ayer José María Calleja, en Las Mañanas de Cuatro, a la vista de los 689 testigos que Diego Torres ha solicitado que declaren en el juicio del caso Urdangarín.
Además de García Revenga, de Fontao y de Alberto Aza, tres personas directamente vinculadas a la Casa del Rey, en la relación de comparecientes reclamados aparecen don Juan Carlos, doña Sofía, el rey Felipe VI, las infantas Elena y Cristina, Jaime de Marichalar... Se comprende la ironía sobre la ausencia de la reina Isabel.
La tesis de fondo de Diego Torres, en su escrito de defensa, es que La Zarzuela, no solamente conocía los negocios irregulares que montó con Urdangarín, sino que los "supervisaba, validaba y aprobaba", y que nada se aplicaba sin su plácet. En fin, que la Casa del Rey era, por así decirlo, jefe máximo y responsable.
Pero, si tal afirmación fuera verdad, si La Zarzuela tenía el mando, entonces, ¿por qué cuando, en 2006, el conde de Fontao pidió a Urdangarín que cesara la actividad de Nóos, la orden no se cumplió? ¿Si todo estaba a sus órdenes y nada ocurría sin su beneplácito, por qué no se cerró el chiringuito en ese momento?
El intento de Diego Torres de implicar a la Familia Real en el caso pasa a través de Carlos García Revenga, el que fue secretario de las infantas. Una persona que, sin embargo, no comparecerá en el juicio. No será juzgado... porque no está acusado. El juez Castro le imputó de entrada, le tomó declaración, y finalmente le desimputó.
Si el magistrado, que ha instruido el sumario con tanto interés, y que ha conseguido sentar en el banquillo a la infanta Cristina, no ha imputado a García Revenga, entonces el posible rastro penal, que supuestamente llevaría hasta el Palacio de La Zarzuela, no existe. Es, nada menos, el veredicto del juez justiciero, del siempre bien ponderado José Castro.
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