El rey firmará lo que venga del Parlament de Cataluña
Una de las promesas más lamentables de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo presidente del Gobierno, fue anunciar, respecto al Estatuto de Cataluña, que firmaría lo que le llegara del Parlament.
Y lo que llegó fue un texto inadmisible, incompatible con la Constitución, de modo que el TC tuvo que encargarse de maquillarlo hasta que encajara en las leyes básicas del Estado español.
Aquella promesa escondía una deuda de Zapatero con Miquel Iceta y el PSC, cuyos votos le habían permitido ganar el congreso en el que resultó elegido secretario general del PSOE, derrotando a José Bono. Se lo prometió a los socialistas catalanes.
Ahora se ha planteado la hipótesis de que el rey Felipe VI rehúse firmar el real decreto de nombramiento de nuevo presidente de la Generalitat, en el supuesto de que el elegido sea Jordi Turull o cualquier otro candidato de sus mismas o parecidas características.
La Zarzuela ha salido al paso de tal posibilidad, explicando que el monarca rubricará el nombramiento que le llegue desde Cataluña, si, como resulta preceptivo, es previamente firmado por el presidente del Gobierno.
El artículo 62 de la Constitución establece que "corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes", y en ningún rincón del texto se contempla la posibilidad de que el monarca pueda negarse a hacerlo en ningún caso.
El tan conocido precedente de Balduino de Bélgica, que durante 36 horas renunció al trono para no tener que firmar la despenalización del aborto en su país, constituye una opción imposible en España.
Cierto es que Felipe VI estableció una especie de precedente cuando, en enero de 2016, decidió no recibir a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que pretendía notificarle personalmente la investidura de Carles Puigdemont. En contra de las prácticas anteriores en situaciones parecidas, La Zarzuela comunicó que bastaba una comunicación electrónica.
La ratificación del nuevo presidente autonómico es, sin embargo, cuestión bien distinta. No estamos ante un simple problema de protocolo o de cortesía, sino ante el imperativo constitucional que obliga al rey a firmar las leyes. Y por eso, Felipe VI rubricará el nombramiento de la persona que elija el Parlament. Venga lo que venga.
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